El Ministerio de Sanidad no ha recuperado los 3,3 millones que adelantó por la compra fallida de un lote de 144 respiradores 37 días después de que rescindiera el contrato al no ofrecer el fabricante el modelo inicialmente acordado y plantear una alternativa que no respondía a sus exigencias. El intermediario en la operación da por seguro que el dinero se ingresará en la cuenta del Tesoro la próxima semana, antes de que expire el periodo voluntario de pago y se le empiece a aplicar intereses de demora.

La directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz, firmó el pasado 24 de marzo la memoria por la que justificaba la compra a Hyperin Grupo Empresarial SL de un lote de dispositivos de ventilación mecánica invasiva. El pedido se pactó en 3.310.560 euros (IVA incluido), cantidad que el Ministerio adelantó justo al día siguiente en cumplimiento de la condición que había exigido el fabricante.

Hyperin era un mero intermediario en la operación entre el productor -con sede en Estados Unidos- y Sanidad, que en esas semanas hizo compras masivas de material médico para luchar contra el coronavirus. La citada empresa asegura que no ha buscado beneficio económico en ningún momento y que ha intervenido exclusivamente con el ánimo de "echar una mano" ante el grave problema de desabastecimiento que existe a nivel mundial.

Fuentes de Hyperin han explicado a El Independiente que el retraso en la restitución del dinero obedece a la negociación que ha tenido que abrir con el fabricante a fin de que éste corriera con los gastos financieros ocasionados por el cambio de divisa y le eximiera a ellos de sufragarlo, habida cuenta de que el contrato se rescindió exclusivamente por incumplimiento del productor.

El encargo consistía en el suministro de 144 respiradores del modelo Vivo-65, versión que el fabricante Breas lanzó en 2017. El 2 de abril, el administrador de Hyperin se dirigió a Sanidad para comunicar que era imposible suministrar el modelo propuesto, al tiempo que planteaba como alternativa otro tipo de respirador: el Avante MVP, del fabricante estadounidense Avante Health Solutions.

Alternativa rechazada

El Ministerio rechazó esa alternativa por no reunir los dispositivos propuestos "las condiciones y requerimientos exigidos", lo que llevó a Hyperin el 7 de abril a renunciar al contrato y a pedir un número de cuenta para proceder a la devolución del dinero que ya había cobrado de antemano y enviado a EEUU. Lacruz formalizó la resolución del contrato y reclamó la devolución del dinero el pasado 14 de abril, hace ya más de cinco semanas.

El fabricante envió al intermediario español hace varias semanas los 3,3 millones de euros, pero no así el importe a que han ascendido los gastos financieros. Hyperin está a la espera de recibir esa transferencia, si bien asegura que ya se ha dirigido a la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia para pedirle el número de cuenta por si quieren que haga este primer ingreso.

El intermediario da por seguro que Sanidad recibirá el dinero la próxima semana, antes de que tenga que abonar intereses de demora

A preguntas de este diario, fuentes del Ministerio de Sanidad han indicado que el plazo de pago en voluntaria que le han dado al proveedor expira a final de este mes, por lo que no tendrían que pagar intereses de demora si el ingreso se formaliza ya.

Con la fabricación de elementos de yeso para la construcción como objeto social, Hyperin centra su actividad en la fabricación y comercialización de un producto biodegradable -con propiedades ignífugas- que puede utilizarse en múltiples aplicaciones como aislante térmico y acústico. La compañía lo comercializa como alternativa a materiales tradicionales, caso del pladur y la lana de roca.

De acuerdo con la información que el Ministerio de Sanidad ha publicado en la Plataforma de Contratación, Hyperin Grupo Empresarial es uno de los dos proveedores a los que se han rescindido contratos hasta ahora. La otra compañía es Inter Pharma, la empresa española que medió en la compra de 659.000 test de diagnóstico fabricados por la china Shenzhen Bioeasy Technology y que el Gobierno devolvió al no ofrecer el grado de sensibilidad mínimo.