Un artículo de la conocida popularmente como Ley mordaza, la norma que logró sacar adelante el Ejecutivo de Rajoy hace cinco años y cuya derogación ha marcado como prioridad el bipartito que forman PSOE y Unidas Podemos, ha permitido cerrar la calle en la que se encuentra el chalé de Pablo Iglesias en Galapagar (Madrid) para impedir las protestas de vecinos por la gestión gubernamental de la crisis del coronavirus.

En la tarde del pasado martes, agentes de la Guardia Civil colocaron unas vallas en los accesos a la vía en la que residen el vicepresidente segundo y la ministra de Igualdad, Irene Montero, para restringir el acceso y evitar que ciudadanos pudieran acercarse hasta las puertas de la vivienda para hacer sonar sus cacerolas y mostrar su malestar con la actuación del Ejecutivo.

Esa medida está amparada por el artículo 17 de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, aprobada por el Congreso el 26 de marzo de 2015 con los únicos votos a favor del Partido Popular y en vigor desde el 1 de julio de dicho año. La formación liderada entonces por Mariano Rajoy contaba entonces con 224 diputados y el partido de Pablo Iglesias, que tenía un año de vida y no había concurrido aún a ningún proceso electoral, carecía de representación en la Cámara Baja.

"Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de seguridad en supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, o cuando existan indicios racionales de que pueda producirse dicha alteración, por el tiempo imprescindible para su mantenimiento o restablecimiento", prevé dicho punto. La Guardia Civil ha entendido que se dan los requisitos y lo ha aplicado.

De haberse derogado ya la Ley mordaza como prometen y haber mantenido el PSOE y Unidas Podemos la posición que defendieron durante los trabajos de reforma del citado texto, el Gobierno no habría podido utilizar este mecanismo para evitar el escrache a las puertas del chalé de Iglesias y Montero.

"¿No tenían tanta prisa?"

"Los partidos del Gobierno y sus socios de investidura estaban por la derogación total o parcial de este artículo para dejarlo sin contenido práctico porque interpretaban que supone coartar la libertad de los ciudadanos a manifestarse", recuerda José Alberto Martín-Toledano, entonces portavoz del PP en la Comisión de Interior y participante en dichos trabajos. "Podrían haberlo pactado con Bildu. ¿No tenían tanta prisa?", apunta con sorna.

Cuando Pedro Sánchez anunció el 15 de febrero de 2019 que daba por terminada de forma anticipada la legislatura y convocaba a los españoles a las urnas el 28 de abril, la ley se encontraba en ponencia después de casi dos años de tramitación. En ese periodo se habían revisado ya unos 40 de los 54 artículos que la integran y aún le quedaba trayecto: votación en comisión al nuevo texto en su globalidad, aprobación en el pleno del Congreso, envío al Senado, incorporación de enmiendas que pudieran hacerse en la Cámara Alta… La intención de los parlamentarios era retomar lo avanzado cuando se constituyera nuevamente el Parlamento.

Un artículo de la polémica ley ha permitido cortar la calle donde viven Iglesias y Montero para que la cacerolada no llegue a las puertas de su chalé

Un año después, el texto se mantiene en el cajón y la única novedad que se ha registrado es la inclusión de la promesa de derogación en el acuerdo que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron el pasado 30 de diciembre para formar gobierno de coalición.

En concreto, se trata del punto 5.6, incluido en el capítulo de 'Nuevos derechos y memoria democrática': "Aprobaremos una nueva Ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la 'Ley mordaza', para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el Derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal".

Tumbar los aspectos "más virulentos" de la Ley mordaza fue una de las promesas anunciadas por Pedro Sánchez en el discurso con el que defendió la moción de censura contra Rajoy en mayo de 2018. "Me comprometo a impulsar la derogación urgente de aquellos artículos que fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional por el PSOE y por los grupos parlamentarios de la oposición. Me refiero a los artículos que limitan desproporcionadamente, a nuestro juicio, el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación y la libertad de expresión, a los artículos que restringen la libertad de información de los profesionales del periodismo o a la disposición final que permite la expulsión de extranjeros en frontera de forma arbitraria y sin derecho a la tutela judicial efectiva", anunció el líder socialista.

Una prioridad... desde hace dos años

Casi dos años después de llegar al Palacio de la Moncloa, pese a las anunciadas urgencias por cambiarla, la Ley de protección de la seguridad ciudadana sigue manteniendo el mismo articulado que redactó el PP y que tanto denostan PSOE y Podemos. La gestión de la pandemia, que se ha cobrado ya más de 28.750 vidas en España, centra la acción del gobierno desde hace más de dos meses.

El pasado 17 de febrero, tres días después de que recibiera el alta hospitalaria el primer positivo por covid-19 detectado en el país (un turista alemán que se encontraba de vacaciones en la isla canaria de La Gomera), el ministro Fernando Grande-Marlaska compareció ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para desgranar las líneas generales que iba a marcar la actuación en la entonces recién iniciada legislatura y volvió a reiterar el compromiso.

"El Gobierno tiene como prioridad derogar la denominada 'Ley mordaza', una ley fallida, y sustituirla por una nueva Ley de seguridad ciudadana; una ley moderna, adaptada inequívocamente a los valores constitucionales, consensuada y que ofrezca también un marco de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado generándoles certidumbre y seguridad", se lee en el diario de sesiones de aquella sesión.

Esa "ley fallida" -en palabras del titular de Interior- es la que ha impedido que los vecinos descontentos con la gestión del Gobierno lleven el sonido de sus cacerolas hasta las mismas puertas del chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero y es la norma que invocan mayoritariamente los policías nacionales y guardias civiles en sus propuestas de sanción -exactamente 1.044.717 hasta las 00 horas del 23 de mayo- cuando detectan el incumplimiento de las limitaciones de circulación que impone el decreto que regula el estado de alarma.

El compromiso con la derogación es firme, porque gran parte de su articulado supone una vuelta atrás en los valores democráticos", defienden desde Interior

En su artículo 36.6, la ley dice: "La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación".

Es el precepto legal que pueden esgrimir las fuerzas y cuerpos de seguridad si una persona no atiende el requerimiento que le hagan a utilizar la mascarilla de protección en espacios cerrados de uso público o cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad interpersonal, dado el carácter obligatorio que tiene en virtud de la orden del Ministerio de Sanidad que publicó el pasado miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"El compromiso del Gobierno y del Ministerio del Interior en la derogación de la actual Ley de protección de la seguridad ciudadana es firme, porque gran parte de su articulado supone una vuelta atrás en los valores democráticos. Es una prioridad que nuestro país cuente con una nueva ley consensuada y alineada con los valores y principios constitucionales, y es evidente que la desobediencia leve debe de estar tipificada. Si no lo estuviese habría que acudir a la desobediencia del Código Penal, que contempla penas de tres meses a un año de prisión, lo que no sería proporcional", indican fuentes de Interior.

"Un peligro para la libertad de expresión"

La Ley mordaza, tramitada de forma paralela a la última reforma del Código Penal, asumió como infracciones administrativas lo que antes eran faltas penales. Es el caso de la desobediencia a la autoridad o a los agentes, que pasó de ser castigada con una multa de 10 a 60 días a una sanción económica de entre 601 y 30.000 euros en los casos graves y de 100 a 600 en los supuestos leves.

El 1 de julio de 2019, Pablo Iglesias lanzaba el siguiente tuit: "Se cumplen cuatro años de la entrada en vigor de la Ley mordaza, aprobada por el PP en solitario. Hoy Amnistía España ha vuelto a denunciar el peligro que supone para la libertad de expresión y el derecho de información. Ahora, como entonces, reclamos su fin". Hoy, con el líder de Podemos en el Gobierno y a la espera de la prometida derogación, se ha convertido en el principal instrumento normativo de aplicación durante el estado de alarma y en el mecanismo que ha impedido que las cacerolas de protesta lleguen a las mismas puertas de su casa.