El instructor del caso Tándem en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha acordado retirar la condición de "perjudicado" al vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos en esta causa, como solicitó la Fiscalía Anticorrupción.

Iglesias estaba considerado víctima en la pieza Dina de la macro investigación alrededor del comisario en prisión preventiva. En ésta, el juez investiga el robo del móvil de la ex asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, a finales de 2015 y por qué parte de su contenido apareció en una vivienda de Villarejo durante los registros posteriores a su detención en 2017.

Puesto que parte de los mensajes que contenía el móvil de Bousselham acabaron publicados en prensa, cuando acudió a declarar como testigo al Juzgado Central de Instrucción número 6, Iglesias encuadró el robo y supuesta filtración posterior a la prensa dentro de la estrategia de las 'cloacas policiales' del Ministerio de Interior durante el Gobierno de Rajoy para perjudicar a su partido, al que en aquel momento las encuestas situaban como segunda fuerza. El vicepresidente segundo, igual que su asesora, tenían la condición de "perjudicados y ofendidos" por tanto en esta pieza de investigación.

Sin embargo, tras la última declaración de Dina Bousselham en sede judicial -en la que incurrió en algunas contradicciones, desveló que a pesar de que recuperó la tarjeta móvil de manos de Iglesias no lo comunicó a la Policía y reconoció que ella misma envió pantallazos de su móvil a personas de su entorno- los fiscales Anticorrupción pidieron retirar a Iglesias dicha condición de perjudicado. El juez lo ha acordado en un auto en el que también pide practicar distintas diligencias.

Desvincula a Okdiario de cualquier "ilicitud"

En julio de 2016, Dina Bousselham acudió a la Policía a ampliar la denuncia por el robo de su móvil tras publicar Okdiario pantallazos que se corresponderían con el contenido de su móvil.

Cuando Iglesias fue a declarar como testigo, afirmó que no le extrañó ver dichos pantallazos publicados en ese medio al que él mismo y el partido Podemos, acusación en el caso Villarejo, relacionan directamente con la presunta organización liderada por el comisario. De hecho, por dicha publicación tanto Iglesias como Bousselham, que comparten representación legal, han solicitado la imputación del director de dicho diario, Eduardo Inda, como del redactor que firmó la información en 2016 por presunto delito de revelación de secretos.

En su auto, el juez concluye que "no puede justificarse en este momento la ilicitud de la obtención ni de la publicación de dicha información por parte del medio digital Okdiario, o de sus responsables, como se sostuvo por la acusación particular".

La resolución incide en las contradicciones de Bousselham sobre si ella misma envió pantallazos de la información contenida en su móvil robado. Mientras en una primera declaración judicial negó haber compartido las mismas conversaciones de la red social Telegram entre miembros de Podemos que se publicaron en Okdiario, en su última declaración lo admitió.

El que sí debe continuar investigado por tal delito es el comisario Villarejo, aclara el juez. "Lo anterior, por otro lado, no desacredita el hecho de que el investigado José Manuel Villarejo Pérez accediera y guardara en su domicilio datos muy sensibles e íntimos de Dina Bousselham sin su autorización", se lee en la resolución.

El auto del instructor revela que la Policía solicitó en 2019 a los medios El Mundo, El Confidencial y Okdiario que indicaran cómo les llegaron archivos publicados en estos medios y que se correspondían con el móvil de Bousselham, algo a lo que no han accedido. Pretendían así cotejar si la información recibida por estos medios se correspondía con la tarjeta de Bousselham a la que, por cierto, no han podido acceder puesto que ella la recibió de manos de Iglesias quemada y golpeada: "Presenta daños físicos, impide que se pueda leer, no se puede realizar la imagen forense ni acceder a su interior", se recoge en un informe de Asuntos Internos de la Policía de la causa al que se refiere el juez.

Correos de su novio

Otra de las contradicciones de las declaraciones de Bousselham sobre las que alerta el instructor está en la manera en que ésta trató de recuperar la información contenida en la tarjeta. Mientras en un primer momento afirmó que la había enviado a una empresa alemana para recuperar la información, en su última declaración afirmó que nunca llegó a hacerlo.

En realidad, según correos electrónicos que se le han requerido a Bousselham, en realidad se comunicó con una empresa radicada en Madrid, Recuperación Exprés, en febrero de 2017. Y no fue ella quien lo hizo, sino su pareja, Ricardo Sá Ferreira, que la acompañaba en el momento del robo del teléfono, quien intercambió correos con dicha empresa para recuperar los datos en una tarjeta SD.

En este sentido, el instructor considera que los hechos "requieren un mayor esfuerzo probatorio" y que "resulta apremiante avergiguar a qué empresa llevó la tarjeta y determinar si esta llegó a realizar alguna actuación sobre la misma".

Así, el juez requiere a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, dándoles traslado de los mails enviado por el novio de Bousselham, "a fin de practicar cuantas diligencias puedan esclarecer los envíos a terceras personas y alteraciones físicas de las que pudo ser objeto la tarjeta aportada por Dina Bousselham desde la fecha del robo hasta el momento de su aportación en sede judicial".