La jueza Carmen Rodríguez-Medel, que tiene abierta una investigación sobre la celebración de 77 manifestaciones o actos multitudinarios permitidas en la Comunidad de Madrid, incluida la manifestación feminista del 8 de marzo, ha citado a declarar como investigado al delegado del Gobierno en dicha comunidad, José Manuel Franco, el próximo 5 de junio a las 9 de la mañana.

Además de la citación de Franco como investigado por presunto delito de prevaricación administrativa, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha solicitado distintas diligencias, tanto policiales como administrativas. Algunas ya se han practicado los últimos días y otras se harán a partir de ahora. La instructora trata de aclarar con qué información sanitaria contaba la Delegación del Gobierno de Madrid y si ésta fue suficiente o no para prohibir actos como la manifestación del 8-M y evitar así la expansión del coronavirus en la capital.

La instrucción partió de la admisión de una querella de un abogado, Víctor Valladares, contra las delegaciones de Gobierno de toda España que permitieron concentraciones de este tipo a pesar, según sostiene, de que ya habían recibido advertencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud de los peligros del contagio.

Precisamente las pesquisas que ha llevado a cabo la Guardia Civil a instancias de la jueza han provocado, según ha podido saber El Independiente, la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos por parte del Ministerio de Interior por un caso de "pérdida de confianza" tras la que verdaderamente estaría que se negó a aportar a Interior la información que solicitó la jueza. Una información que Pérez de los Cobos, como responsable de la Policía Judicial de Madrid, no puede difundir por estar precisamente investigándose en un Juzgado. Más aún, cuando la investigación afecta al propio Gobierno.

No recibieron aviso hasta el estado de alarma

La Delegación del Gobierno de Madrid dijo a la jueza, a través de su secretario general, Fernando Talavera Esteso, que no recibió ninguna comunicación de autoridades sanitarias sobre el Covid-19 antes del 14 de marzo, una vez publicado el Decreto del estado de alarma en el Boletín Oficial del Estado.

"No consta la recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo de 2020 en el marco de la crisis generada por el Covid-19", afirmaron en un escrito ante el juzgado. La instructora insistió en pedir a la Delegación del Gobierno la "primera comunicación, indicación o alerta que recibiera". En caso de no tenerla, solicitó al secretario general que ratificara que la publicación del estado de alarma en el BOE fue la primera comunicación.

Sin embargo, la jueza insiste en pedir a la Delegación del Gobierno de Madrid informes que sí habría recibido durante el mes de marzo, según habría comunicado la Policía Judicial de la Guardia Civil. Igualmente, cita a declarar como testigos al secretario general de la delegación, Fernando Talavera Esteso, el jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Luis María Sanz, y al director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.