La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid Carmen Rodríguez-Medel, que investiga al delegado del Gobierno de Madrid José Manuel Franco por autorizar la celebración de la manifestación feminista del 8 de marzo y otras 76 concentraciones, recordó este lunes en la providencia en la que le citó a declarar que la Guardia Civil sólo puede informarle a ella del progreso de sus investigaciones.

Una orden que, según traslada la jueza, dio a la Policía Judicial de dicho Cuerpo, con el coronel Diego Pérez de los Cobos a la cabeza, nada más abrir la investigación para averiguar si el Gobierno contó con advertencias sanitarias suficientes para permitir o prohibir tales concentraciones, celebradas una vez el coronavirus ya se propagaba en Madrid.

"Reitérese también a la Policía Judicial actuante la orden que se diera al inicio de esta investigación relativa a que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan, de modo que sólo se informará a esta Magistrada-Juez", se puede leer en la providencia.

Ésta ha sido dictada precisamente el día que se conoce que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destituido a Pérez de los Cobos por negarse a ofrecer información del curso de la investigación que tiene al Gobierno como denunciado, a través de la Abogacía del Estado.

Según pudo saber este diario, el domingo un alto representante del Ministerio telefoneó a Pérez de los Cobos para que le informara sobre unas diligencias de la causa practicadas recientemente. El coronel de la Guardia Civil se negó, afirmando que no conocía la información y que si la conociera no podría trasladarla por ser reservada. Inmediatamente después, fue destituido. Si hubiera accedido a proporcionar dicha información, el investigador habría obstruido la labor judicial, con las consiguientes responsabilidades.

Carmen Rodríguez-Medel, la jueza que también instruyó el caso Máster con la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes como investigada, acordó iniciar la investigación sobre las manifestaciones permitidas en Madrid a finales de marzo. Fue a raíz de la querella de un abogado particular, Víctor Valladares, contra los delegados de Gobierno de todas las comunidades que permitieron concentraciones argumentando que lo hicieron a pesar de haber recibido, el 2 de marzo, una comunicación del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades.

Tras solicitar a la Delegación de Gobierno de Madrid que informara de las advertencias que recibió aquellas fechas, el organismo encabezado por Franco sostuvo, a través de su secretario general Fernando Talavera, que la primera fue el 14 de marzo, con la publicación del decreto del estado de alarma en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una explicación que no convence a la jueza, que este lunes ha solicitado nuevas diligencias de investigación.