La maniobra del Govern de Quim Torra de camuflar entre los decretos de emergencia del Covid-19 una "actualización" de las pensiones los ex presidentes de la Generalitat y la subida de los sueldos de los altos cargos ha puesto bajo el foco una partida que cuesta más de un millón y medio de euros anuales a la Generalitat. Se trata de los pagos correspondientes a las pensiones compensatorias a ex presidentes del Govern, del Parlament y los ex consellers, que Cs ha propuesto suprimir para dedicar ese dinero a la sanidad.

La ley aprobada por CiU y PSC en 2003, cuando Jordi Pujol vislumbraba el final de sus 23 años de mandato y Pasqual Maragall acariciaba la Generalitat, fija un sueldo del 80% de los ex presidentes al abandonar el cargo, durante la mitad de los años de su mandato, y una pensión de jubilación equivalente al 60% del sueldo del presidente en ejercicio. Pero, además, fija la atribución de una "Oficina de ex president" con sede física, personal a cargo y servicio de seguridad.

El Govern no es muy amigo de dar datos sobre el coste de los ex presidentes, pero según los datos aportados por el propio ejecutivo sobre el presupuesto liquidado de 2018 a preguntas de Cs, este es el coste aproximado de los ex presidentes en Cataluña. En ese ejercicio, Artur Mas cobró un sueldo de 119.450 euros y Pasqual Maragall, jubilado, de 89.588. José Montilla era entonces senador autonómico, por lo que no cobró pensión de ex presidente, y Carles Puigdemont renunció a la pensión para no acatar destitución en aplicación del 155 y para hacer efectiva después, su condición de diputado autonómico.

Cuatro oficinas presidenciales

Pero al margen de los sueldos, la Oficina de Montilla costó ese año 462.113‬ euros a la Generalitat en concepto de sueldos de sus colaboradores, alquiler y suministros. En el caso de Artur Mas fueron 284.864 euros, otros 129.729 euros en el caso de Pasqual Maragall y 91.747 euros la de Puigdemont, habilitada a mitad del ejercicio. Se trata de las partidas a cuenta del Departamento de Presidencia, que no incluye el coste de los coches oficiales y la escolta de Mossos d'Esquadra, a cargo de Interior.

La oficinas de Mas y Puigdemont se ahorran además el coste de alquiler y suministros, porque están instaladas en edificios titularidad de la Generalitat -en el Palau Robert el primero, en Palau Centelles la de Puigdemont-.

En esta partida ya no se encuentra recogido el coste de Jordi Pujol, que renunció a sus privilegios como ex president un año antes, cuando reconoció públicamente que había evadido dinero a Andorra. Sin embargo en los 14 años anteriores el coste de la oficina del ex presidente catalán sumó 5,6 millones de euros, según los datos de otra pregunta parlamentaria realizada por el diputado naranja Nacho Martín Blanco.

Rigol, De Gispert y Forcadell

Además de los ex presidentes del Govern, tienen derecho a pensión los ex presidentes del Parlament, una jubilación que en la actualidad cobran Joan Rigol, Núria de Gispert y Carme Forcadell, además de la viuda de Joan Raventós. En tota 276.90 euros más a cargo del presupuesto público en el ejercicio de 2018.

Ese mismo año, el presupuesto de la Generalitat también pagó asignaciones a todos los ex consejeros del gobierno de Carles Puigdemont reconocidas por la legislación catalana, aunque en la mayoría de los casos se trató de cantidades relativamente pequeñas porque la mayoría revalidaron la condición de cargos públicos como diputados, primero del Parlament, y después del Congreso o el Parlamento europeo durante ese ejercicio.

Así, la partida total fue de 119.850 euros, de los que la mayor parte corresponde a la pensión compensatoria de al ex consellera de Asuntos Sociales, Dolors Bassa, con 20.881 euros. En el extremo contrario se sitúan Toni Comin y Meritxell Borràs, con 4.191 euros.

El total de las partidas detalladas por el Govern sobre el ejercicio de 2018 suma 1.623.419 euros, a los que en este ejercicio habrá que sumar todos los gastos de seguridad y representación de los expresidentes de la Generalitat y el Parlament, además del sueldo de Montilla, que ya no ostenta la condición de senador. Un monto que se aproxima a los dos millones de euros, y que Cs ha propuesto dejar de pagar, siguiendo el ejemplo de comunidades como Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha o Baleares.