El Gobierno de Pedro Sánchez intenta recomponer cuanto ante los platos rotos. El acuerdo con EH Bildu para la derogación de la reforma laboral de 2012, cerrado el pasado miércoles sin que el PNV tuviera conocimiento, ha dejado malherido al partido de Andoni Ortuzar y a su candidato a las elecciones del 12-J, Iñigo Urkullu. El propio lehendakari ha reconocido este fin de semana que lo ocurrido cuestiona la "lealtad" de Sánchez y le genera un "descredito absoluto" además de evidenciar un "riesgo de quiebra de la confianza" en la interlocución entre el Ejecutivo vasco y el español. También Ortuzar advirtió de que la reserva de la confianza con Sáchez por parte del PNV había entrado "en reserva".
Ahora, el Gobierno central intenta rebajar el malestar en las filas nacionalistas. Lo ha hecho retomando los contactos para completar uno de los procesos que se encontraban en marcha antes del inicio de la pandemia: la cesión de las transferencias del Estatuto de Gernika. Esta mañana la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha mantenido una reunión telemática con el consejero de Autogobierno del Ejecutivo de Urkullu, Josu Erkoreka, en el que han acordado reiniciar los trabajos para proceder cuanto antes a la transferencia efectiva de competencias.
El compromiso del Gobierno es que una vez el País Vasco acceda a la Fase 3, se convocará una Comisión Mixta de Transferencias presencial para completar la cesión de tres de las materias cuyo proceso de cesión se encontraba más avanzado: la legislación de productos farmacéuticos, el seguro escolar y la relativa a la gestión de ayudas previas a la jubilación ordinaria para trabajadores afectados por un Expediente de Regulación de Empleo. La transferencia al Gobierno vasco de estas tres materias había quedado pendiente de completarse sólo unos días antes de que Euskadi declarara la Emergencoia Sanitaria que obligó a dejar en suspenso la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias.
Ahora, el Gobierno quiere que se vuelvan a activar los equipos de trabajo y se pueda actualizar el calendario de transferencias al que se había comprometido. Inicialmente, antes de la llegada del Covid-19, el plan que se había acordado pasaba por completar a lo largo de 2020 la transferencia de la cerca de una treintena de materias que aún quedaban por abordar y con las que se daría por completado el desarrollo del Estatuto de Gernika de 1979. Entre ellas se incluía también la cesión de la política penitenciaria y la del régimen económico de la Seguridad Social, si bien esta última se aplazaba para finales de año. Los cambios del escenario económico y político que ha provocado la pandemia supondrá una necesidad de revisar el calendario y que ahora se quiere actualizar en una próxima reunión de la Comisión Mixta del Concierto.
El compromiso del Gobierno llega apenas cinco días después de que el Ejecutivo pactara con EH Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral. Un pacto alcanzado dentro del proceso de negociación para la quinta prórroga del Estado de Alarma y de la que el PNV no tenía conocimiento. Haber alcanzado ese pacto con la izquierda abertzale ha suscitado un profundo malestar en Sabin Etxea que ahora se podría ver compensado con la reanudación de los contactos para el cumplimiento del Estatuto vasco.
Ambas formaciones abordan ya el iniciao del proceso preelectoral de cara a los comicios del 12 de julio próximo y en los que por primera vez EH Bildu se presentará enarbolando su perfil pragmático como partido que obtiene resultados tangibles en su labor parlamentaria en el Congeso de los Diputados, perfil hasta ahora sólo esgrimido por el PNV. Con el movimiento de esta mañana por parte de Darias, el PNV podría equilibrar la balanza si finalmente antes de las elecciones cierra acuerdos en forma de nuevas competencias para Euskadi. Un acuero que podría alcanzarse antes de que se plantee una nueva prórroga del Estado de Alarma -sería la sexta- y en la que el apoyo del PNV sería necesario.
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