El Gobierno intenta sofocar el incendio que ha provocado en la Guardia Civil su decisión de destituir al coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid y la posterior renuncia del teniente general Laurentino Ceña como Director Adjunto Operativo (DAO) anunciando de impreviso que se ha desbloqueado el pago del tercer y último tramo de la equiparación salarial y que se abonará los 247 millones "en los próximos meses".

Así lo ha anunciado este martes el ministro Fernando Grande-Marlaska al término de la reunión semanal del Consejo de Ministros. El Ejecutivo da luz verde al mecanismo después de que el pasado 23 de abril anunciara en el Congreso de los Diputados que el desembolso estaba vinculado a los acuerdos de reconstrucción por la crisis derivada del coronavirus.

El titular de Interior ha tratado de desvincular la decisión de habilitar el pago pendiente de la equiparación salarial con la crisis abierta en la Guardia Civil, asegurando que este punto ya se elevó a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios del pasado jueves para su análisis antes de su aprobación. "Esto no se lleva al Consejo de Ministros en un día, necesita prepararse con Política Territorial, Hacienda... para materializarlo", ha justificado.

El desbloqueo se formaliza tras la aprobación de un real decreto-ley sobre medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social con medidas para paliar los efectos de la covid-19. La disposición adicional primera de esta norma excluye de la limitación de gasto establecida en materia de retribuciones en el ámbito del sector público "las medidas necesarias para la aplicación del acuerdo" de equiparación salarial suscrito en marzo de 2018 por Interior con cuatro sindicatos policiales y siete asociaciones profesionales del Instituto Armado.

Grande-Marlaska ha defendido que la sociedad española exigía un "esfuerzo suplementario" al Gobierno para reconocer el compromiso ya adoptado con la Policía Nacional y la Guardia Civil, especialmente tras el trabajo realizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han realizado en la gestión de la crisis sanitaria. Y ha agradecido que los representantes de los agentes, conscientes de la situación que vive el país, no lo hayan reclamado.

El ministro no ha precisado en la nómina de qué mes se ingresará el dinero, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Antes, su departamento tendrá que tomar otra decisión importante: si rescata el criterio de reparto entre Cuerpos aplicado en 2018 -59 % para la Guardia Civil y 41 % para la Policía Nacional, como ha avalado el informe de la consultora externa contratada por Interior- o mantiene la distribución acordada el pasado año: 57,58 %-42,72 %.

Pendiente desde enero

El Ministerio del Interior tenía pendiente de desembolsar desde el pasado 1 de enero los 247 millones de euros correspondientes al tercer tramo del acuerdo de equiparación salarial, pactado en 2018 por el ministro Juan Ignacio Zoido (PP) con los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y que ha conllevado ya el desembolso de 560 millones en los dos últimos ejercicios.

Antes de que estallara la crisis sanitaria de la covid-19, Interior aseguraba que los 247 millones se pagarían bien porque el Gobierno hubiera sido capaz de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020 o bien aprobando un real decreto ley. El bipartito PSOE-Unidas Podemos ha renunciado ya a negociar unas cuentas para este año, con lo que esa vía estaba descartada.

Grande-Marlaska anuncia el desbloqueo del pago de improviso pero no precisa en qué mes cobrarán los 247 millones los guardias civiles y policías

Una vez que se abone el último tramo, la cuestión a resolver es si Grande-Marlaska dará por cumplido el compromiso firmado por su antecesor en el cargo o, por el contrario, respetará dos de las cláusulas que detalla el acuerdo firmado con Zoido: ni habrá correcciones en los cálculos para que la igualdad retributiva sea «total y absoluta» (la primera) ni se atisba por ahora el impulso a las «medidas legislativas que sean necesarias» a fin de garantizar que en el futuro no se produzcan «una disfunción salarial» entre policías, como detalla el documento en su punto octavo.

Como desveló El Independiente, el Ejecutivo ya tiene un dictamen del Consejo de Estado en el que concluye que los compromisos asumidos por el anterior gabinete -públicos en el Boletín Oficial del Estado (BOE)- no es "ni jurídicamente exigible ni vinculante" para el actual equipo.

Tras conocer el anuncio, la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) ha defendido que el acuerdo de marzo de 2018 tiene "fuerza vinculante y es de obligado cumplimiento", por lo que han pedido a Grande-Marlaska que "no lo desvirtúe" ni aproveche este compromiso pendiente "para sofocar la crisis en el Ministerio".

"Mal día ha elegido el ministro"

ASESGC pedirá la convocatoria urgente de la comisión técnica de seguimiento del acuerdo de equiparación salarial en la Guardia Civil a fin de seguir avanzando en el reparto interno de este tercer tramo y que los guardias civiles "puedan tenerlo en sus nóminas cuanto antes".

Por su parte, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha lamentado que el titular de Interior haya hecho el anuncio del pago del tercer tramo en medio de la crisis que vive el Cuerpo por la destitución del coronel Pérez de los Cobos y la renuncia de Laurentino Ceña como DAO, ya que ello da pie a que "se pueda interpretar que quien paga puede hacer lo que quiera con aquellos a quienes les paga". Y ha añadido: "Mal día ha elegido el ministro".