No está siendo una semana fácil en Moncloa. De hecho, puede considerarse, de lejos, una de las más difíciles para el Gobierno desde que comenzó la crisis. El pacto oculto entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu minutos después de que se aprobase la quinta prórroga del estado de alarma; el cisma interno entre los socios gubernamentales a costa de la derogación -íntegra o no- de la reforma laboral; o los casi 2.000 fallecidos por coronavirus desaparecidos del cómputo oficial por "ajustes" del informe de Sanidad han sido sólo algunas de las cuestiones en que la oposición no ha perdido la oportunidad de cercar al Gobierno para desgastarlo políticamente.

La enésima controversia ha venido a cuenta del talón de Aquiles del Gobierno por la larga lista de polémicas que acumula el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a sus espaldas. No ha habido un sólo grupo de la oposición, -ni si quiera Ciudadanos, que en las últimas semanas ha virado el timón lejos de PP y Vox- que no vea "injerencia" política en el poder judicial tras el fulminante cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por su negativa a dar detalles a sus superiores sobre un informe judicial -remitido a la magistrada que investiga los motivos por los que el Gobierno autorizó las manifestaciones del 8-M aún a riesgo de contagio- que compromete a Moncloa.

La profunda herida abierta en el Cuerpo tras la dimisión del 'número dos' de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, cuya salida puso aún más en evidencia las razones políticas habidas en torno a la crisis, ha sido un buen combustible para alimentar el incendio en las calles contra el Gobierno, con protestas desde hace días en diversos puntos de España. Este fin de semana, la llama la ha prendido Vox después de que los de Santiago Abascal saliesen a la calle para protestar contra "el Gobierno de la muerte y de la ruina", mientras el PP, que no alienta pero "entiende" el clamor de la calle, vuelve a posicionarse en la guerra sin cuartel al Gobierno, pero desde las instituciones.

La escalada de tensión política no dará una tregua este miércoles. La que iba a ser una sesión de control marcada por el pacto soterrado del PSOE con Bildu se ha convertido en una auténtica ofensiva contra Fernando Grande-Marlaska: todos los grupos de la oposición han cambiado las preguntas que habían registrado y ahora todas ellas irán dirigidas a poner el foco sobre las polémicas actuaciones del titular de Interior.

PP y Vox no estarán solos ante las críticas al Gobierno ni ante las peticiones de dimisión del ministro del Interior que se sucederán en el Congreso de los Diputados. Ciudadanos volverá al redil de los reproches ante lo que consideran "uno de los hechos más graves de nuestra democracia". De hecho, como sus homólogos de la oposición, el portavoz parlamentario de Cs, Edmundo Bal -que ha asumido la batuta del partido tras la baja por maternidad de Inés Arrimadas- pidió abiertamente la destitución de Marlaska.

Compañeros de partido, como Jordi Cañas, han vertido duras críticas contra el titular de Interior, al que han tachado de ser "una amenaza contra el estado de derecho y los principios de la democracia liberal". El vicesecretario general de la Comisión Ejecutiva naranja, Joan Mesquida, llegaba incluso a comparar a Marlaska con el "fascista" Jair Bolsonaro, quien "también quiere cesar al director de la Policía para interferir en la investigación de su hijo. Bolsonaro es un fascista. ¿Entonces Marlaska qué es?", escribía en Twitter.

Marlaska es uno de los miembros del Gobierno a los que menos estima tienen en Ciudadanos. No es la primera vez que se pide su dimisión desde la formación naranja, la última a cuenta del conocido como 'informe Marlaska', en que la Jefatura Superior de Policía de Madrid negaba que hubiese habido agresión contra los dirigentes de Ciudadanos que participaron en la marcha del Orgullo LGTBI en un informe fabricado desde el Ministerio del Interior.

La tesis oficial que defienden en Ciudadanos es que el apoyo en las dos últimas prórrogas del estado de alarma nada tiene que ver con la presión que, aseguran, mantendrán para que dimita Fernando Grande-Marlaska. "No somos los socios de Sánchez", reiteran. Sin embargo, fuentes de la cúpula liberal comienzan a enfriar la posibilidad de llegar a acuerdos futuros, lo que volvería a poner a Sánchez contra las cuerdas. De momento, no ven clara la opción de contribuir a alargar una sexta prórroga por la que ya se inclina el Gobierno porque "han pasado muchas cosas y siguen pasando".

Grande-Marlaska, en la diana

La sesión de este miércoles iba a ser un monográfico a cuenta del acuerdo firmado por el PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu. Hasta seis preguntas había registradas, también de parte de PP, Cs y Vox, al Ejecutivo sobre si iba a proceder a derogar de forma "íntegra" la reforma laboral como pretendía la izquierda abertzale y la formación morada.

Pero la actualidad se ha impuesto, y la acometida de la oposición contra Fernando Grande-Marlaska será mayúscula. En la Junta de Portavoces celebrada el martes por la tarde, el PP ha conseguido introducir cuatro preguntas, todas dirigidas al ministro del Interior, que pronunciarán el portavoz adjunto del grupo parlamentario, Mario Garcés y los diputados Eloy Suárez, Teresa Jiménez y Carolina España. El presidente del PP, Pablo Casado mantendrá su pregunta a Sánchez sobre la derogación de la reforma laboral y se mantiene también la interpelación de Cayetana Álvarez de Toledo al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, sobre "cómo van a influir en la acción de Gobierno los acuerdos políticos con el nacionalismo radical".

Se trata de la misma estrategia que han seguido Ciudadanos y Vox, que también han cambiado sus preguntas para poner el foco en el ministro del Interior y dé explicaciones tanto del cese del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil como del "repentino" anuncio sobre la equiparación salarial.