Una juez de Madrid coloca a un paso del banquillo de los acusados al ex presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) José Luis Sáez como posible autor de delitos de administración desleal y apropiación indebida, al concluir que cargó "de forma habitual y continuada en el tiempo" al presupuesto de la entidad deportiva "gastos personales y familiares".

En un auto fechado el pasado 13 de mayo, notificado este lunes a las partes y al que ha tenido acceso El Independiente, el Juzgado de Instrucción 36 de Madrid acuerda continuar por el procedimiento abreviado la tramitación de las diligencias previas abiertas en septiembre de 2016 y da un plazo de diez días a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que presenten escritos de acusación y soliciten apertura de juicio oral o, por el contrario, soliciten el sobreseimiento de la causa.

Las actuaciones se mantienen también para el ex secretario general-director económico de la FEB Luis Giménez no por obtener beneficio económico directo sino por "tolerar" y "cooperar de forma necesaria" para que el mandamás pudiera hacer un uso indebido de fondos federativos, pero archiva el procedimiento para los otros seis imputados que acumulaba el caso: cuatro personas físicas, una empresa de auditoría y la Federación Española de Baloncesto. Ésta mantendrá la condición de acusación particular por el perjuicio presuntamente sufrido con la actuación de los dos acusados.

Los hechos por los que Sáez y Giménez serán posiblemente juzgados en los próximos meses tienen su origen en la denuncia que el Comité de Auditoría y Control de la FEB presentó ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) el 27 de noviembre de 2015 por irregularidades en la gestión económica del entonces presidente, forzado a salir en julio de 2016 tras casi 12 años en el cargo. El organismo presidido entonces por Miguel Cardenal ordenó una auditoría complementaria que reveló que José Luis Sáez imputó durante años gastos particulares al presupuesto federativo.

En concreto, el Juzgado de Instrucción 36 de Madrid abrió diligencias previas el 27 de septiembre de 2016 a raíz de la querella interpuesta contra Cardenal por el ex presidente de la Federación Española de Tenis José Luis Escañuela, que trataba de acreditar el doble rasero que el entonces presidente del CSD había seguido con Sáez -supuestamente más benévolo- y con él, al que había llevado ante la Fiscalía Anticorrupción. Para sustentar esa acusación, Escañuela aportó la denuncia del Comité de Auditoría y Control de la FEB.

La juez concluye que José Luis Sáez pudo cometer administración desleal y apropiación indebida por utilizar "de forma continuada fondos federativos para uso privado"

Las conclusiones que desgrana BDO en dicha auditoría complementaria es una de las pruebas documentales esenciales que han tenido en cuenta tanto la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de alegaciones como la juez María José Ortega Moreno -ésta se incorporó al juzgado cuando la instrucción del caso ya se había cerrado- para mantener la acusación contra los dos citados ex directivos.

La titular del Juzgado de Instrucción 36 de Madrid considera que la instrucción, prolongada hasta el 27 de marzo de 2018, ha puesto de manifiesto que José Luis Sáez "vino haciendo de forma continuada en el tiempo, cuanto menos desde el año 2008, un uso abusivo y desleal de sus funciones como máximo órgano de gobierno de aquélla, prevaliéndose de su cargo y ello utilizando de forma habitual y continuada en el tiempo fondos federativos para uso privado y cargando a las cuentas de la Federación Española de Baloncesto gastos personales y familiares".

En las 19 páginas del auto, la magistrada detalla numerosos gastos que el ex presidente cargó a la FEB y que tienen difícil justificación. Entre otros, la juez expone los 12.292,96 euros que importaron diversos viajes privados realizados por Sáez y su familia entre septiembre de 2008 y enero de 2010, entre ellos un desplazamiento y estancia en un hotel del complejo Eurodisney (Francia). El mandatario pagó 7.929,15 euros, corriendo la Federación con el resto de la factura.

La resolución tampoco pasa por alto los pagos realizados al Aparthotel Husa Acacia Barcelona -entre el 22 de septiembre de 2011 y el 28 de diciembre de 2012- con motivo del tratamiento médico al que se sometió una cuñada de Sáez. Las diez facturadas emitidas por el establecimiento hotelero sumaban18.971 euros, si bien la agencia de viajes facturó 22.736,32 euros a la FEB.

Colegio mayor, Canal Plus...

La instrucción también ha revelado que el ex presidente utilizaba a su conveniencia una cuenta de anticipos, de la que disponía fondos "sin límite de crédito y sin condición alguna" para gastos ajenos a la actividad federativa. "A título ejemplificativo", precisa, por esta vía pagó 982 euros al Colegio Mayor en el que estudiaba su hija (Juan XXIII de Madrid), los recibos de la comunidad de propietarios de su vivienda de Sanlúcar de Barrameda (770 euros), un gasto de restauración de 3.000 euros, la cuota de Canal Plus de su casa de Sevilla entre 2011 y 2015, así como una transferencia de 1.200 euros a su hija.

Según la juez, el principal imputado realizaba "a su antojo y de forma esporádica" ingresos en efectivo para compensar esa disposición privativa de fondos, llegando a mantener un saldo negativo con la Federación de hasta 61.014,74 euros. La media anual superaba los 30.000 euros, como pusieron de manifiesto los auditores en su informe.

El 10 de diciembre de 2015, cuando el CSD había ordenado ya la revisión de las cuentas tras recibir la denuncia de los tres integrantes del Comité de Auditoría y Control de la FEB, José Luis Sáez devolvió 25.000 euros. El ex presidente cifró los saldos pendientes en 5.352,40 euros, cantidad que transfirió el pasado 4 de febrero (casi 43 meses después de abandonar el cargo).

La magistrada mantiene la acusación contra el ex director económico por "tolerarlo" y excluye a seis investigados, entre ellos a la propia FEB

No son las únicas presuntas irregularidades por las que la juez María José Ortega considera que deben seguirse las actuaciones penales contra el antecesor de Jorge Garbajosa en la Presidencia de la FEB. La agencia de viajes que trabajaba para la entidad cargó al descuento comercial pactado con la Federación por alcanzar un determinado volumen de ventas (rappel) las dos estancias de José Luis Sáez en la conocida Clínica Buchinger de Marbella en 2014 -una en vísperas de la Copa del Mundo celebrada aquel año en España- para someterse a tratamientos de adelgazamiento: 23.358,83 euros, de los que el mandatario sólo habría abonado un depósito de 1.000 euros.

Durante la instrucción, Viajes Halcón reconoció también a la Policía que descontó de dicho rappel el alojamiento de Sáez en el Villa Padierna Palace Hotel, un complejo hotelero de cinco estrellas ubicado en Marbella y en el que se hospedaron años antes la mujer e hija de Barack Obama cuando visitaron Andalucía en agosto de 2010. La estancia del presidente federativo tuvo lugar del 30 de mayo al 13 de junio y del 18 al 31 de octubre de 2015, ascendiendo el gasto a 22.269,35 euros. En ambos casos fue él quien se benefició de ese acuerdo comercial en lugar de la Federación, destaca la juez.

Existen indicios también de que José Luis Sáez imputó comidas personales y familiares en restaurantes en los que la FEB tenía cuentas abiertas y que hizo un "uso indebido" de las tarjetas de crédito que la Federación puso a su disposición. Algunos gastos son "difícilmente encuadrables en la actividad federativa", entre los que cita la compra de ropa, comida, caviar y películas.

De los gastos sin control al plan de viabilidad

La entidad deportiva cifró este 'agujero' en 21.492,58 euros, cantidad que asegura que Sáez le reintegró el 18 de octubre de 2016. Fue en el inicio del mandato de Jorge Garbajosa, que hubo de firmar un plan de viabilidad con el CSD para volver al equilibrio económico-patrimonial tras las cuantiosas pérdidas registradas en los ejercicios correspondientes a 2015 y 2016. Ya el pasado año volvió a cerrar con resultado positivo.

Desmarcándose claramente de la instrucción realizada por su antecesor -Juan Antonio Toro, condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a tres años de inhabilitación por un delito de prevaricación-, la magistrada no sólo ha sobreseído las actuaciones para seis de los ocho investigados sino que ha descartado que revistan caracteres de delito determinadas actuaciones en las que el instructor sí apreciaba posible reproche penal.

Hay gastos imputados por el ex mandamás "difícilmente encuadrables en la actividad federativa", como compra de ropa, caviar y películas

Así, la titular del Juzgado de Instrucción 36 de Madrid considera que "no han quedado corroboradas" durante la investigación la sospechas de los denunciantes sobre la contratación de un proveedor para la captación de patrocinios (Dentsu Aegis Network Iberia SLU) que empleó meses después al hijo del dirigente deportivo, al tiempo que no considera que sea delictivo que la FEB patrocinara carreras de caballos en Sanlúcar de Barrameda o pagara el canon para que Sáez saliera de rey mago en la Cabalgata del Ateneo de Sevilla por ser actividades de promoción de la Copa del Mundo 2014.

Igualmente, la juez "discrepa" del criterio de Toro respecto a la joint venture que constituyó al 50 %con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) para la realización conjunta de actividades de captación de patrocinios con motivo del Mundial de 2014 y descarta que de esa actividad pueda desprenderse la comisión de delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales, dos de los ilícitos que el instructor también imputaba a los dos acusados que quedan en la causa.

En el caso de Luis Giménez, la juez deja claro que no obtuvo "beneficio económico directo", si bien formula contra él severos reproches por amparar la actuación del presidente desde su cargo de máximo responsable económico de la Federación. "Participó en la conducta ilícita de José Luis Sáez al conocerla, tolerarla, no impedirla y cooperar de forma necesaria, a veces por acción y a veces por omisión, en la consumación de aquélla", detalla.

El auto de transformación de las diligencias previas llega casi tres años y ocho meses después de que se abriera el caso y después de un sinfín de vicisitudes: el fin precipitado de la investigación tras pedir de forma extemporánea la Fiscalía la prórroga del plazo de instrucción, los sucesivos nombramientos de los técnicos de la Agencia Tributaria que debían elaborar un informe pericial, los intentos de Sáez y Giménez por apartar al juez Toro y la inhabilitación de éste a tres años por un delito de prevaricación imprudente en concurso de normas con un delito de revelación de secretos por facilitar copia de las actuaciones a José Luis Escañuela pese a no estar éste personado en el procedimiento.

Después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera meses atrás en su escrito de alegaciones que continuaran las actuaciones contra Sáez y Giménez, todo hace indicar que en los próximos días presentarán escritos de acusación y que el juicio se desarrollará, salvo que los imputados alcancen un acuerdo de conformidad previo con el Ministerio Público.