"Apelo a la unidad y a sumar esfuerzos para revertir una decisión que no damos por defintiva". Quim Torra y los consejeros económicos de su gobierno han escenificado este jueves la gravedad del golpe que supone el cierre de las tres plantas de Nissan en Barcelona, Sant Andreu de la Barca y Montcada i Reixac antes de final de año, como ha confirmado esta mañana la dirección de Nissan Europa a los trabajadores. Unos cierres que suponen el despido de los 3.000 trabajadores de Nissan y ponen en riesgo otros 25.000 puestos de trabajo de empresas auxiliares, destacan sindicatos y administraciones.

Mientras los sindicatos iniciaban las movilizaciones, que han provocado cortes en dos carreteras, Torra ha reclamado apoyo al Gobierno para "mirar adelante, con toda la fuerza de la unidad, como hicimos con el MWC para retenerlo".

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha asegurado por su parte que el Gobierno sigue "tendiendo la mano" a Nissan porque creen que el cierre de la planta "es la peor solución". El plan de viabilidad planteado por el Gobierno y la Generalitat cifra en más de 1.000 millones de euros esos cierres, que según Maroto no son viables en seis meses.

Los sindicatos, sin embargo, han dejado claro esta mañana que no esperarán a la reacción de las administraciones y que van a elevar la presión en la calle para exigir que se revierta la decisión. El presidente del comité de empresa de Nissan en Barcelona, Juan Carlos Vicente, ha culpado además a la multinacional de "dejar morir" las plantas catalanas, y ha asegurado que los trabajadores van "a pelear" y "a mantener en jaque a todas las administraciones pidiendo" que les apoyen.

"Apelo al compromiso de todos", ha insistido por su parte Quim Torra, después de que el vicepresidente Pere Aragonés y la consellera de Industria, Angels Chacón, insistieran en la viabilidad de las plantas y en la calidad del ecosistema productivo del sector de la automoción en Barcelona. Aunque el más duro ha sido el conseller de Trabajo, Chackir el Homrani, quien ha denunciado una normativa que a su juicio hace vulnerable a la industria española.

Advertencia a Nissan

"Cuando es tan barato salir de un país, cuando no tiene costes, cuando no tienes autorizaciones administrativas requeridas, facilitamos que empresas que tienen sus centros de decisión en otro país lo valoren a la hora de tomar decisiones", ha lamentado el republicano, quien ha apuntado que la salida de Nissan les "tendría que ayudar a ser valientes y tener marco laboral que proteja a los sectores productivos".

En este contexto, Homrani ha recordado que la Generalitat es "la autoridad laboral" y ha dejado claro a la multinacional su intención de obligarla a asumir los costes del cierro. "Nuestro objetivo", ha añadido, será la defensa de los trabajadores "hasta donde la ley nos permite para que Nissan cumpla todas sus obligaciones con las personas, el país y con las empresas que está dejando atrás".

Chacón, por su parte, ha recordado los 25 millones de euros en ayudas directas invertidos por la Generalitat en los últimos 15 años para garantizar la continuidad de Nissan en esta comunidad, pese a su política errática tanto en lo que respecta a las inversiones en las plantas catalanas como a la dirección de la multinacional.

Y ha recordado que hace apenas medio año se cerró una nueva ayuda de 6 millones de euros, asumida al 50% por el Gobierno y la Generalitat para la instalación de una planta de pinturas que debía reportar una inversión de 70 millones por parte de la multinacional. A partir de ahora, ha concluido la consellera, "solo tendrán colaboración dirigida a compensar los prejuicios que están provocando".

Sin política industrial

La oposición en Cataluña, sin embargo, ha señalado a la falta de política industrial de la Generalitat como uno de los motivos de este cierre. "Llevamos diez años de falta de inversión de la empresa en Cataluña y la falta de política industrial por parte de la Generalitat y los anteriores gobiernos de España", han lamentado los socialistas, que insisten en la propuesta planteada por las instituciones españolas para mantener abiertas las tres plantas catalanas.

El cierre total de Nissan en España tiene un coste de 1.000 millones de euros y supone abandonar sus últimos puntos de producción en la Unión Europea, un mercado de 500 millones de habitantes, argumentaba el plan de viabilidad propuesto por el Ministerio de Industria y la Generalitat, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio de la Zona Franca.

El PP, por su parte, ha denunciado que los últimos presupuestos de la Generalitat, aprobados hace apenas un mes, dejan sin recursos el plan de apoyo al sector del automóvil. En febrero, el Govern anunció un plan de 20 millones de euros, que finalmente se quedaron en 2,9 millones en ayudas para este sector.

"Resulta complicado mantener proyectos empresariales como Nissan en Cataluña con administraciones que van en contra, como el Ayuntamiento de Barcelona, o con proyectos políticos revolucionarios que generan inestabilidad", ha lamentado el diputado del PP Santiago Rodríguez.

Colau apela ahora a la UE

Los comunes de Ada Colau, por su parte, defienden como alternativa al cierre que Nissan asigne la producción del coche eléctrico que sustituya al Nissan Leaf a Cataluña para mantener los puestos de trabajo. Una decisión que entraría dentro del "New Green Deal" de la UE, que cuenta con una dotación de 100.000 millones de euros.

CatEC no ha mencionado, sin embargo, las polémicas declaraciones de su número dos en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, cuando abogó hace apenas un mes por "evitar que se reactive la industria del motor en España" aprovechando la crisis del coronavirus.