La alcaldesa de Vilassar de Dalt, Carola Llauró, va camino de convertirse en nueva mártir del independentismo catalán tras un sonado tropiezo con la justicia. Llauró, militante de ERC, denunció el pasado verano a tres vecinos que fueron amonestados por la policía local cuando los pillaron intentando descolgar la pancarta en favor de los "presos políticos" del Ayuntamiento que había colocado su antecesor en la fachada de la Casa Consistorial.

Pero la jueza no solo no ha estimado su denuncia, sino que ha pedido que se deduzca testimonio para investigar si la propia alcaldesa es responsable de un delito de malversación, puesto que ningún acuerdo municipal la autorizaba a comprar una nueva pancarta, como declaró haber hecho durante el juicio. Todo, por una pancarta de 242 euros.

Los hechos se remontan al 28 de julio del pasado verano, cuando en plena incandescencia entre independentistas y constitucionalistas por los símbolos y la ocupación del espacio público, un grupo de cinco personas intentó descolgar la pancarta que lucía el ayuntamiento de esta localidad del Maresme (Barcelona) heredada del anterior alcalde, Xavier Godàs, también de ERC. Cuando la policía local les pilló, en pleno manejo de la pértiga, dos de ellos huyeron y otros tres fueron amonestados por los urbanos.

Denuncia penal

A la vista de los hechos, la alcaldesa decidió optar por la vía penal, y denunciar por un delito leve de daños, a esos tres vecinos que según su versión habían dañado la pancarta con el lema "Llibertat presos/as polítics" de la fachada principal del Ayuntamiento. La alcaldesa aportaba como prueba de los daños un presupuesto de reparación de la pancarta por 248 euros.

En el juicio, Carola Llauró insistió en que "no interviene a título personal sino como alcaldesa y que reclama los daños en nombre del Ayuntamiento" reseña la magistrada en la sentencia. "Sin embargo, llama la atención que no haya aportado el acta del pleno del Ayuntamiento autorizándola para denunciar los hechos y para comparecer en este juicio. Ya solo por este hecho cabe apreciar falta de legitimación activa" de la alcaldesa, concluye.

La sentencia señala además que según la declaración de la alcaldesa, "no se acordó en ningún pleno del Ayuntamiento la compra y colocación de la citada pancarta, que no sabe cuánto costó, ni sabe tampoco si se pagó con fondos del Ayuntamiento". Y concluye que "no consta que la pancarta perteneciera la Ayuntamiento" porque la alcaldesa no pudo presentar ningún título acreditativo. Pancarta que "alguien no identificado colocó en el balcón del Ayuntamiento sin autorización legal para hacerlo", por lo que concluye que los hechos denunciados no son punibles.

De hecho, en su momento, la Fiscalía solicitó la absolución por falta de tipicidad de ningún delito asociado a los hecho denunciados por la alcaldesa, esto es, el intento fallido de descolgar la pancarta de la fachada del ayuntamiento, intento frustrado cuando les descubrió la policía local.

Al hilo de esta sentencia de un Juzgado de Mataró, Impulso Ciudadano (IC) ha destacado que es "especialmente grave que se destine dinero del presupuesto público a la adquisición y colocación de este tipo de elementos partidistas" por lo que se ha felicitado por la iniciativa de los abogados de los denunciados y del Ministerio Fiscal de solicitar de la Jueza la apertura de diligencias contra las autoridades por un posible delito de malversación pública.