La Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha pedido a la juez que instruye la causa sobre el 8-M que admita su personación en el caso para poder ejercer la acusación popular en el procedimiento en el que se investiga la propagación del virus y en el que se han podido producir posibles "injerencias" del poder ejecutivo en el judicial al intentar conocer el contenido de unas diligencias judiciales reservadas.

Se trata del procedimiento que se inició tras la denuncia interpuesta por Víctor Valladares y en la que ya ha sido imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, como posible autor de un delito de prevaricación administrativa por permitir la manifestación feminista del 8 de marzo y otras 76 a pesar de los avisos sanitarios del coronavirus. Franco está citado a declarar el próximo 10 de junio.

La asociación profesional mayoritaria de mandos ha formalizado su petición ante el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid este jueves, al día siguiente de que lo acordara la junta directiva.

"Se han observado posibles injerencias y obstaculización de la investigación. Queremos que se esclarezcan los hechos y se determine si hay responsabilidades", señalan a este diario fuentes de la Unión de Oficiales. Éstas se apresuran a dejar claro que tan sólo persiguen ejercer el derecho constitucional que tiene "cualquier ciudadano" a la acusación popular e "impulsar la acción de la Justicia".

Las fuentes dijeron que se ha tratado de "desacreditar" a los investigadores policiales por parte incluso de la Abogacía del Estado en el escrito en el que ha recurrido la imputación de José Manuel Franco. "Es cierto que el informe contiene errores, pero junto a éstos hay folios de subsanación de los mismos", destacan, al tiempo que destacan el "daño" que se está causando a la imagen del Cuerpo.

Esta asociación profesional está a la espera de que se acepte su personación en el caso para acceder a las actuaciones, conocer qué se ha instruido hasta el momento y, a partir de ese momento, poder solicitar la práctica de diligencias que ayuden al esclarecimiento de los hechos.

De momento, la juez ha aceptado la personación como acusación popular de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, si bien la formalización está a la espera de que presenten poder especial y depositen mil euros en concepto de fianza.

El informe y la destitución del coronel

El intento de Interior por conocer el informe aportado por los investigadores de la Guardia Civil la pasada semana a las actuaciones que dirige la juez Carmen Rodríguez-Medel es lo que motivó la destitución fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos y, al día siguiente, la dimisión del número dos del Cuerpo (Laurentino Ceña).

De momento, en este procedimiento tan sólo tiene la condición procesal de investigado el delegado del Gobierno en Madrid, si bien el denunciante ha pedido a la instructora que cite también como imputado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, (CCAES), Fernando Simón, al que acusa de la comisión de delitos de desobediencia y denegación de auxilio por parte de la Administración.

En este sentido, en una providencia fechada este viernes, la instructora ha hecho saber al denunciante que el procedimiento no se dirige contra Fernando Simón, por lo que la ampliación de la denuncia debe dirigirla a los dos juzgados de Madrid que tramitan asuntos contra el alto cargo del Ministerio de Sanidad.