El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya para que los independentistas se abstengan y permitan una nueva prórroga de 15 días del estado de alarma, que Sánchez se habría comprometido a que fuera la última, según ha adelantado este sábado La Vanguardia. Así, el estado de alarma decaería en el fin de semana del 20 y 21 de junio. Aunque la desescalada no habrá terminado para entonces, el Gobierno ya ha adelantado su intención de que el movimiento entre provincias se permita mayoritariamente a partir del 22 de junio.

El precio a pagar por el Gobierno será la recuperación de la mesa bilateral con el independentismo, que se volverá a reunir a principios de julio. Además, ERC y el Gobierno se han comprometido a que, en caso de rebrote, no se vuelva a echar mano del estado de alarma.

La anterior prórroga, que salió adelante con el apoyo de Ciudadanos y el PNV, contó con el voto negativo de ERC, que en esta ocasión se abstendría. En cuanto a las contraprestaciones económicas, ERC ha arrancado a Sánchez la coparticipación en la gestión de los fondos europeos, ayudas a trabajadores de la cuenca del Ódena -alrededor de Igualada, una de las primeras zonas en confinarse en España- y el estudio de la gestión compartida del Ingreso Mínimo Vital.

Esta última concesión fue la misma que el Gobierno ya selló con el PNV para el País Vasco y Navarra, y que también garantiza un nuevo apoyo de los nacionalistas. La negociación con ERC, en esta ocasión, se habría pilotado directamente entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat.

Con esta nueva aritmética, y contando con que el PNV volverá a votar sí, Ciudadanos queda absolutamente orillado y su voto sería irrelevante, incluso aunque sus diez diputados votasen en contra de la nueva prórroga, que se debatirá este miércoles en el Congreso. Se da por seguro que EH Bildu, tras pactar la anterior prórroga con el Gobierno a cambio del acuerdo sobre la reforma laboral, no cambiará su postura ahora.

Pacto con el PNV

Los nacionalistas vascos apoyarán la sexta prórroga del estado de alarma tras llegar a un acuerdo este sábado a mediodía con el Gobierno de Pedro Sánchez para que sean los presidentes autonómicos los que gestionen las medidas a adoptar en la fase 3 de la desescalada.

El pacto incluye que las comunidades autónomas puedan proponer al ministro de Sanidad, Salvador Illa, "con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos", la superación de la fase 3 en las unidades territoriales de cada autonomía y, por tanto, su entrada en la "nueva normalidad".

El pacto lo han cerrado el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, con la vicepresidenta, Carmen Calvo, por un lado, y por otro, el portavoz del Grupo vasco en el Congreso, Aitor Esteban, y el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla Marcos.

El acuerdo, en su artículo séptimo, señala que, durante el periodo de vigencia de esta prórroga, las autoridades competentes delegadas para el ejercicio de las funciones a las que se hace referencia el Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo (del estado de alarma) serán el ministro de Sanidad, bajo la dirección del presidente del Gobierno, "con arreglo al principio de cooperación con las comunidades autónomas, y quien ostente la presidencia de la Comunidad Autónoma".

También apunta que "la autoridad competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase 3 del plan de desescalada será, en ejercicio de sus competencias, exclusivamente quien ostente la Presidencia de la Comunidad Autónoma", en el caso de Euskadi, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, "salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial de cada autonomía a los efectos del proceso de desescalada".