Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy, da un paso adelante para declarar en la Audiencia Nacional sobre la denominada Operación Kitchen que, según investiga el juez del caso Villarejo, habría puesto en marcha presuntamente el Ministerio de Interior en la época de Jorge Fernández Díaz para recuperar documentos en manos del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y cuyo contenido comprometía a altos cargos de dicho partido, entre ellos a Rajoy. Una operación para la que, según han declarado mandos policiales investigados y confirmó el Ministerio de Interior en 2019, se destinaron fondos reservados.

Martínez ha enviado un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 para saber qué información acordó desclasificar el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska el año pasado tras una petición del juez al respecto, puesto que se trataba de operaciones policiales cubiertas con fondos reservados y protegidas por la normativa de secretos oficiales.

Antes de prestar declaración como investigado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación, el exsecretario de Estado hace esta consulta, adelantada por El Español, al instructor, al que pide que si es necesario se remita al Consejo de Ministros y desde éste le aclaren sobre qué asuntos puede declarar sin revelar secretos oficiales, según trasladan fuentes próximas al investigado a El Independiente. Esto abriría la puerta a que hable sobre materias clasificadas como el mecanismo de reparto de los fondos reservados en operaciones llevadas a cabo por la ya denominada por los investigadores de la Fiscalía Anticorrupción "red policial mafiosa" presuntamente al servicio del Gobierno.

Autorización y reparto de los fondos reservados

Martínez acudió al Juzgado Central de Instrucción número 6 al ser citado por el juez como investigado en enero. Sin embargo, se acogió a su derecho a no declarar en la investigación, que sigue bajo secreto de sumario, precisamente por tratar asuntos protegidos por la normativa de secretos oficiales.

Exaltos mandos policiales investigados en el caso Villarejo, como el ex Director Ajdunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño declararon que Martínez, como secretario de Estado de Seguridad, fue quien controló y autorizó el reparto de fondos reservados para pagar a "colaboradores" que hicieron espionaje al extesorero popular y habrían ayudado a recuperar documentos en sus manos, como fue su chófer, Sergio Ríos, también investigado y que cobró hasta 40.000 euros de fondos del Estado. Los dos mandos policiales mencionados encuadran los hechos en una operación legal con la que se intentaba dar con bienes de Bárcenas ocultos en el extranjero. Sin embargo, por esas fechas ya había una investigación judicial abierta contra Bárcenas que no recibió ninguna información al respecto.

García Castaño reconoció también en sede judicial haber entrado en un estudio de restauración utilizado por la esposa de Bárcenas haciéndose pasar por un marchante de arte para recuperar documentos, así como que entregó al ex secretario de Estado el volcado de dos teléfonos móviles de Luis Bárcenas en presencia de dos subordinados suyos de la UCAO.

Le requisaron mensajes

Dos meses después de su citación en sede judicial, el juez ordenó un registro en el domicilio de Francisco Martínez. Él mismo entregó a los agentes de la Policía un listado de mensajes intercambiados con el ministro de Interior del Gobierno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, relativos a la denominada Operación Kitchen. Los agentes le requirieron el volcado de dispositivos móviles y ordenadores portátiles con información sobre las operaciones policiales ordenadas por el Ministerio de Interior. Ahora que el juez cuenta con dicha información, Martínez da un paso adelante para ofrecer su versión sobre los hechos en la Audiencia Nacional.