El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, insiste en que en el año 2016 hubo un plan organizado desde el Gobierno de Rajoy y ejecutado por su "policía patriótica" para desacreditarle a él y a su partido porque las encuestas "comenzaron a publicar que Unidas Podemos superaría al PSOE".

Así lo afirma en un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, para oponerse a la decisión de haberle dejado de considerar perjudicado en la pieza Dina del caso Villarejo, en la que se investiga el robo del móvil de la exasesora de Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, y la aparición de una copia de éste en casa del comisario investigado en la Audiencia Nacional, así como la publicación en prensa de pantallazos con conversaciones de miembros de Podemos guardados en dicho terminal en julio de 2016.

En el recurso de reforma presentado al juzgado por su defensa, al que ha tenido acceso El Independiente, ésta insiste en que "el robo del móvil no tenía otro objeto que el de obtener información sensible para perjudicar al señor Iglesias". Iglesias expone una línea del tiempo en la que a cada hito de su partido político le sigue una publicación en prensa -concretamente en el digital Okdiario dirigido por Eduardo Inda a cuyo director pide que se investigue por descubrimiento y revelación de secretos- de informaciones negativas hacia él, como la publicación del falso informe policial PISA [acrónimo de Pablo Iglesias S.A.] o pantallazos de conversaciones de miembros de Podemos que afirma salieron del móvil robado.

Las sospechas del líder de Podemos le llevan a establecer un hilo directo entre Villarejo y el Gobierno de Rajoy a través de su supuesta "policía patriótica" a la que afirma pertenecía el comisario, que habría recibido "encargos" de intoxicación política. Iglesias habla de "indicios" de esta conspiración desde el Gobierno contra él. Sin embargo, los fiscales Anticorrupción que investigan el caso, aunque en cierto momento apuntaron a un plan orquestado desde el Ministerio de Interior y ejecutado por la misma organización "parapolicial" que pudo estar también tras la operación Kitchen, después solicitaron al juez que retirara a Iglesias la condición de víctima en esta causa puesto que su exasesora reconoció en sede judicial que ella misma compartió los pantallazos de las conversaciones de miembros de Podemos de su móvil que acabaron en prensa.

Iglesias insiste en que los archivos encontrados en casa de Villarejo tienen una fecha (diciembre de 2015) anterior a la publicación de los artículos en Okdiario y que la única opción es una conspiración política y policial de las cloacas de Interior contra él.

Después, en el escrito también recuerda al juez García-Castellón que él mismo "se alegró" de la explicación que Iglesias hizo de los hechos cuando fue a declarar como testigo con la causa secreta y le trasladó que "aparecen implicaciones del Ministerio del Interior muy serias, entonces la investigación es muy amplia".

Continuar en la causa y evitar la imputación

Con este recurso de reforma Iglesias solicita al juez que le mantenga como perjudicado en la causa, lo que le permitiría seguir accediendo a las actuaciones como acusación. También evitar que el instructor eleve la causa al Tribunal Supremo al apuntar a dos presuntos delitos cometidos por Iglesias en el manejo de la tarjeta móvil de su exasesora.

Según ha trascendido de las declaraciones de la causa, Iglesias recibió la tarjeta móvil de su exasesora en enero de 2016. Se la entregó el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, tras recibir la revista Interviú de dicho grupo un anónimo con el material y comprobar que tenía información íntima que afectaba al secretario general de Podemos. Le informó de que no publicarían nada al respecto. Sin embargo, Iglesias no entregó dicha tarjeta a su exasesora hasta casi seis meses más tarde.

Bousselham contó en una primera declaración que no pudo acceder al contenido de la tarjeta. Un informe de la Policía Científica confirmó que estaba "quemada y dañada". Puesto que Iglesias tuvo la tarjeta ese tiempo, el juez consideró que pudo incurrir en dos presuntos delitos, de descubrimiento y revelación de secretos y de daños informáticos, motivo por el que valoró pedir al Supremo que le investigue por su aforamiento.

La pasada semana, en un nuevo giro casi cinematográfico, Bousselham presentó una carta ante el juez y dijo que cuando Iglesias le entregó la tarjeta no estaba dañada y sí que pudo acceder a su contenido en lo que se entendió como un intento de protegerle. En los próximos días es muy posible que el juez vuelva a citarla a declarar a ella y también a su marido, Ricardo Sá Ferreira, quien, según los informes policiales, llevó la tarjeta varias veces a una empresa madrileña para tratar de recuperar el contenido. Todavía quedan capítulos por cerrar de esta pieza de investigación que más bien parece un thriller por entregas.