La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha pedido hoy que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dimita o sea cesado por haber "perdido toda legitimidad para cualquier cargo ejecutivo" después de que haya trascendido el documento oficial en el que la propia directora general de la Guardia Civil explica por escrito que el coronel Pérez de los Cobos fue cesado recientemente por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento".

En un comunicado público, la segunda asociación más representativa entre los jueces y magistrados españoles considera "inaceptable" que un Estado democrático permita a un ministro de Interior "tomar represalias contra un alto mando de la Policía Judicial por no desvelar actuaciones de investigación policial en el marco de una instrucción", lo que para AJFV "no es otra cosa que una sanción", en contra de lo manifestado por el propio ministro en un primer momento, cuando justificó dicho cese en una supuesta "pérdida de confian".

Perfecto conocedor de la irregularidad

Además, esta asociación que representa a cerca de 900 jueces en todo el país considera que todo ello es todavía más reprochable en el caso de Marlaska por su condición de magistrado y, por tanto, "ser perfecto conocedor de que la Policía Judicial depende funcional y directamente de jueces y fiscales", tal y como recoge la normativa que regula su funcionamiento: "Es inadmisible que un magistrado se conduzca de esta manera, porque responde a un conocimiento de la irregularidad y a una voluntad clara de actuar así", apunta AJFV respecto a que nadie mejor que Marlaska era conocedor de la gravedad de lo que estaba exigiendo su ministerio al coronel Pérez de los Cobos.

AJFV denuncia también que este cese supone una "flagrante vulneración del principio de separación de poderes", además de reflejar un "intento de modificar el curso de investigaciones judiciales mediante el conocimiento privilegiado de lo actuado que permita a los investigados explorar líneas de defensa para contrarrestar", todo ello al margen de los cauces establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por último, termina recordando que "lo grave no es qué investiga la Justicia, sino que un Gobierno pueda influir en esa investigación judicial".