La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, reconoce en un documento interno que destituyó al coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid "por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".

Así lo detalla Gámez en un oficio reservado que publica este martes El Confidencial y que está fechado el 24 de mayo, el mismo día que telefoneó al oficial para comunicarle que había perdido la confianza y que le apartaba del cargo. La política socialista le reprochaba que no hubiera dispuesto de un sistema que hubiera permitido a sus superiores estar al tanto del envío a la juez Carmen Rodríguez-Medel de unas diligencias relativas a una investigación de máximo interés para el Gobierno: la causa de la manifestación feminista del 8-M.

El contenido de este documento supone una enmienda a la versión que ha mantenido públicamente el ministro Grande-Marlaska desde que estalló el escándalo, al circunscribirlo a un "proceso natural de sustitución de equipos", y hace corresponsable a la cúpula del Ministerio al admitir la "pérdida de confianza de esta Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior" en Pérez de los Cobos.

Tras trascender el oficio que firma Gámez, el departamento que dirige el juez en excedencia Grande-Marlaska ha tratado de modular su relato reconociendo por primera vez que "se incumplió el procedimiento de comunicación de actuaciones" pero "a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas, que se debe a la dirección de la Guardia Civil a través de la cadena de mando".

Según Interior, el escrito "acredita" que ni la Dirección de la Guardia Civil ni el Ministerio del Interior "conocían las actuaciones, ni tuvieron acceso al informe". "La confianza es un elemento nuclear en un cargo como el que ocupaba el coronel, para el que fue nombrado de forma discrecional, y que para el que se necesitan las más altas cotas de neutralidad, profesionalidad y comunicación. Sin estos elementos, no se puede desarrollar el trabajo diario de forma óptima", ha justificado.

El escrito firmado por Gámez supone una enmienda a la versión que ha mantenido Grande-Marlaska desde que estalló el escándalo

El oficio compromete seriamente a María Gámez en plena investigación de la manifestación feminista del 8-M por parte del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, cuya titular dio órdenes expresas a los guardias civiles que llevan a cabo las pesquisas en funciones de Policía Judicial a no informar del avance de las diligencias ni a sus superiores para no malograr la investigación.

Se trata del procedimiento en el que ya ha sido citado a declarar como imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, como posible autor de un delito de prevaricación administrativa por autorizar la concentración del 8-M en plena epidemia del coronavirus.

La revelación de este documento se produce horas antes de que Grande-Maralaska comparezca en el Senado y responda a Fernando Martínez-Maíllo (PP), que le volverá a preguntar "cuándo tiene previsto" dimitir por sus "injerencias" en el poder judicial.

Vox interpuso la pasada semana una querella contra María Gámez y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, a cuenta de la destitución fulminante de Pérez de los Cobos. La formación que lidera Santiago Abascal considera que la actuación de los dos altos cargos de Interiore es constitutiva de los delitos de prevaricación, obstrucción a la Justicia y represalias.