Las asociaciones judiciales han reaccionado este martes con duras críticas hacia la actuación del ministro de Interior y juez de profesión Fernando Grande-Marlaska tras conocerse que su decisión de destituir al jefe de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, fue por no darle información sobre pesquisas encargadas por la juez del 8M a agentes de la Policía Judicial a su cargo.

Los jueces salen en defensa de la división de poderes recogida en la Constitución Española y pilar del Estado de Derecho y recriminan a Marlaska lo que consideran constituyó una injerencia en la independencia judicial. A pesar de que el Ministro de Interior insiste en que la destitución de Pérez de los Cobos no respondió a estos motivos, tras salir a la luz la propuesta de cese del coronel remitida por la directora de la Guardia Civil María Gámez al secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez en la que dejó por escrito que la pérdida de confianza en él vino "por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de la Policía Judicial, con fines de conocimiento", los jueces han hecho públicos escritos muy duros.

"Amparada por el presidente del Gobierno"

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, afirma en un comunicado que "la decisión del Ministro de Interior, amparada, justificada y sustentada por el Presidente del Gobierno, es incompatible con los principios esenciales en los que se basa nuestro Estado de Derecho, la separación de poderes y el imperio de la Constitución como norma fundamental que nos hemos dado todos los españoles como salvaguarda de una convivencia pacífica".

Por eso, sus miembros piden al Consejo General del Poder Judicial que actúe: "Desde el respeto a nuestra independencia y a la división de poderes creemos que no nos corresponde como asociación judicial instar ceses o dimisiones, pero por el mismo motivo pedimos al Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno del Poder Judicial y garante constitucional de su independencia, que adopte las medidas necesarias para proteger ese principio y asegurar que los Jueces puedan desarrollar su labor sin injerencia alguna".

La segunda asociación más representativa, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), sí ha pedido que Grande-Marlaska dimita o sea cesado por haber "perdido toda legitimidad para cualquier cargo ejecutivo". En un comunicado público, han considerado "inaceptable" que un Estado democrático permita a un ministro de Interior "tomar represalias contra un alto mando de la Policía Judicial por no desvelar actuaciones de investigación policial en el marco de una instrucción", lo que para AJFV "no es otra cosa que una sanción, en contra de lo manifestado por el propio ministro en un primer momento, cuando justificó dicho cese en una supuesta "pérdida de confianza".

Foro Judicial Independiente (FJI), por su parte, ha calificado los hechos de "muy graves". "El Ministro ha mentido y ha atentado contra la separación de poderes, al tratar de conocer el contenido de un Informe encargado en el marco de unas diligencias que pueden dar lugar, en última instancia, a declarar responsabilidades penales de miembros del Gobierno del que forma parte", han dicho también en un comunicado. Por eso, tras recordar que Grande Marlaska "es juez", trasladan que "todo lo acontecido no solo le deja en evidencia para el ejercicio del cargo que desempeña, sino que le compromete gravemente y le deslegitima para volver a ejercer la función judicial".