El ministro Fernando Grande-Marlaska ha ofrecido tres versiones en una semana para tratar de explicar la destitución fulminante de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, lo que ha motivado una grave crisis en el Cuerpo y que tres partidos de la oposición (PP, Vox y Ciudadanos) hayan pedido su reprobación en el Congreso de los Diputados y su dimisión inmediata.

A remolque de las revelaciones periodísticas, el titular de Interior ha ido variando su relato de los hechos y ofreciendo nuevas explicaciones -algunas claramente inconsistentes- ante la polémica que ha desatado su decisión de apartar del puesto al coronel Pérez de los Cobos. Y todo ello con el trasfondo de la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid sobre la autorización para que se desarrollara la manifestación feminista del pasado 8-M, causa de especial interés para el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Proceso natural de sustitución de equipos"

El martes de la pasada semana, al término de la reunión semanal del Consejo de Ministros, Grande-Marlaska compareció ante los periodistas para anunciar sorpresivamente el desbloqueo del tercer y último tramo del acuerdo de equiparación salarial (247 millones de euros). En dicha comparecencia, el ministro tuvo que dar respuesta a varias preguntas sobre el inesperado cese del coronel de la Guardia Civil, que se encontraba al frente de la Comandancia de Madrid desde marzo de 2018.

El titular de Interior enmarcó el relevo en un "proceso natural de sustitución de equipos" con el que se pretende dar un "nuevo impulso" al instituto armado. Según detalló, esa remodelación se había iniciado en enero con el nombramiento de María Gámez como directora general de la Guardia Civil en sustitución del magistrado oscense Félix Azón y había quedado interrumpida por la expansión del coronavirus.

Llama la atención que la reestructuración se produzca en pleno estado de alarma, un domingo por la noche, que haya tardado más de una semana en anunciar el nombre del sustituto de Pérez de los Cobos y que se incluya en la supuesta "renovación de equipos" a un mando operativo que no forma parte de la estructura de cargos de confianza que integran el organigrama de Interior, entre los que sí se incluye la Dirección General de la Guardia Civil o la Secretaría de Estado de Seguridad.

"Procedimiento de comunicación de actuaciones"

A las 11.25 horas de este martes, exactamente ocho minutos después de que El Confidencial desvelara el contenido del oficio que María Gámez elevó a la Secretaría de Estado de Seguridad con la verdadera razón que sustentaba la defenestración de Pérez de los Cobos, el Ministerio del Interior ofreció una nueva explicación que Grande-Marlaska no había argumentado ni en la citada comparecencia informativa, ni cuando fue interpelado por la oposición tanto en el Congreso (miércoles) como en el Senado (viernes).

"El cese del coronel", razonaba su departamento, "se enmarca en el proceso de remodelación de la Guardia Civil y se concreta, como se explicita en la propuesta de cese, por una pérdida de confianza derivada, entre otros, porque se incumplió el procedimiento de comunicación de actuaciones, a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas, que se debe a la dirección de la Guardia Civil a través de la cadena de mando". Y añadió: "La confianza es un elemento nuclear en un cargo como el que ocupaba el coronel, para el que fue nombrado de forma discrecional, y que para el que se necesitan las más altas cotas de neutralidad, profesionalidad y comunicación. Sin estos elementos, no se puede desarrollar el trabajo diario de forma óptima".

Interior daba a conocer esta segunda versión después de que trascendiera el escrito que la directora general de la Guardia Civil había elevado al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez el mismo domingo 24 de mayo: "Por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento". La destitución se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Guardia Civil y surte efecto desde el 25 de mayo.

Publicación en el Boletín Oficial de la Guardia Civil de la destitución del coronel Pérez de los Cobos.

A juicio de la oposición, esas 25 palabras evidencian que el cese del oficial obedece exclusivamente a su negativa a ofrecer información a los jefes políticos del Ministerio acerca de las pesquisas que dirige la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que al inicio de la investigación había dado orden expresa a los investigadores policiales -un equipo formado por cinco guardias civiles en funciones de Policía Judicial- para que el avance de las averiguaciones sólo lo compartieran con ella. "Cumplió con su deber. Al señor Pérez de los Cobos habría que ascenderle, no dimitirle", ha dicho gráficamente este martes el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo.

La oposición acusa al ministro de "mentir", después de que el pasado viernes asegurara durante su comparecencia en la comisión de Interior de la Cámara Alta para desgranar las líneas maestras que guiarán su gestión en esta legislatura que ni él, "ni nadie del Ministerio, ni nadie de la Dirección General de la Guardia Civil ha solicitado al señor Pérez de los Cobos ni el informe ni el acceso al contenido del informe".

Desde este martes, Interior ya admite que la decisión tuvo como desencadenante una "pérdida de confianza" en el coronel por la razón que Gámez escribió en el oficio que envió al número dos del departamento. No fue tan contundente Grande-Marlaska hace una semana cuando trataba de zafarse de las insistentes preguntas formuladas por los periodistas. "No es ni perder la confianza ni no perder la confianza, sino rodearse de personas -quienes están en la alta gestión del Ministerio del Interior- de aquellas que entienden de mayor confianza para ellas", mantuvo entonces.

"La filtración del informe"

Cuando el senador del PP Martínez-Maíllo le ha preguntado este martes por la tarde durante el pleno del Senado la fecha en que tiene previsto dimitir por sus "injerencias" en el poder judicial, el ministro ha ofrecido otra justificación a la que no se había referido en sus comparecencias previas.

Según Grande-Marlaska, cuando a finales de la pasada semana se publicaron en la prensa detalles del informe realizado por la Guardia Civil a instancias de la juez que instruye el citado procedimiento, la directora general "requirió que se le informara qué pasaba con esa filtración" dado que la difusión de ese atestado puede constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

"Qué se estaba haciendo para investigar, qué se estaba haciendo en ese contexto, qué es lo que acontecía en el derecho de la investigación (sic). Esos son los extremos relevantes y determinantes", ha sostenido el ministro durante su intervención en la Cámara Alta, al tiempo que ha defendido que las obligación de su departamento "es evaluar el trabajo que se desarrolla y si hay una disfunción pedir explicaciones". No ha trascendido que el equipo de Interior haya actuado con el mismo celo cuando han trascendido detalles de otros sumarios judiciales.

Fuentes jurídicas y policiales consultadas por El Independiente coinciden en señalar que ni María Gámez ni el secretario de Estado de Seguridad (Rafael Pérez) son competentes para investigar la eventual filtración de documentos incorporados a unas actuaciones judiciales, sino la magistrada que instruye la causa.

La juez Rodríguez-Medel puede abrir una pieza separada en caso de tener indicios de que unas diligencias judiciales reservadas se han facilitado indebidamente y depurar así posibles responsabilidades penales, dado que el conocimiento anticipado de los hechos que se investigan por personas ajenas al procedimiento puede malograr el éxito de las pesquisas.

A la vista de las últimas declaraciones cabría deducir que Gámez responsabiliza de la filtración a Pérez de los Cobos por el mero hecho de que ejercía el mando de la unidad orgánica de Policía Judicial comisionada por el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid para investigar la actuación de la Delegación del Gobierno de Madrid al autorizar la concentración feminista del 8-M cuando la epidemia del coronavirus empezaba a extenderse por el país.

El hecho de que el jefe de la Comandancia mande sobre el capitán y el teniente que firman el informe no significa que aquél tenga acceso a las diligencias que practican sus subordinados. En su artículo 15, el real decreto sobre regulación de la Policía Judicial obliga a los funcionarios a «guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas», sopena de incurrir en infracción disciplinaria y eventualmente en responsabilidades penales. De forma expresa, la magistrada que dirige la causa del 8-M advirtió a los investigadores de ese deber de sigilo al inicio de las pesquisas.

A la espera de la relevancia que pueda otorgar la juez Rodríguez-Medel al contenido del oficio firmado por la directora general de la Guardia Civil y las decisiones procesales que pueda adoptar, Grande-Marlaska ha brindado este martes su "respaldo" a Gámez. Y el Gobierno, a su vez, ha ofrecido al titular de Interior su "total apoyo". "[El ministro] es impecable en su trayectoria profesional y personal", ha tratado de zanjar la ministra María Jesús Montero ante la insistencia de los periodistas mientras la oposición reclama la destitución de su compañero de gabinete.