La jueza Carmen Rodríguez-Medel, que investiga al delegado del Gobierno en Madrid por permitir la manifestación feminista del 8 de marzo y otras 76 una vez se conocían casos de contagios por coronavirus, ha citado a declarar a 19 personas para avanzar en su investigación entre trabajadores de la Delegación del Gobierno y convocantes de manifestaciones durante el mes de marzo. Lo ha hecho llenando prácticamente todas las horas de los próximos miércoles y jueves, con una diferencia de 30 minutos entre una citación y otra, en sesión de mañana y tarde.

Con las 18 testificales señaladas y la declaración como investigado del delegado José Manuel Franco pretende despejar si éste debió permitir o no las concentraciones y si se le puede exigir alguna responsabilidad penal por ello. Precisamente la instructora ha señalado la última batería de citaciones en una providencia cuando la Fiscalía de Madrid ultima su escrito para posicionarse a favor de que continúe la investigación contra Franco por presunta prevaricación o en contra, en línea con la Abogacía del Estado que considera la instrucción una "causa general contra el Gobierno".

Quienes conocieron el caso Máster que también instruyó la titular del Juzgado 51 contra la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes y el catedrático fallecido Enrique Álvarez-Conde encuentran muchas similitudes en la manera de proceder de la jueza. Multitud de testigos citados con pocos minutos de diferencia, esperando en los pasillos de los juzgados de Plaza de Castilla como si se tratara de la consulta del médico para prestar declaración en una calurosa sala de vistas, sabedores de que el interés mediático está sobre ellos. Esta vez, las medidas anticontagio contra la Covid-19 les evitarán tener que esquivar físicamente a los periodistas.

No vio posible archivar sin diligencias

El pasado 25 de marzo, cuando la instructora admitió la denuncia del abogado Víctor Valladares contra Franco por permitir las manifestaciones después de que el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades emitiera un informe sobre la Covid-19, reconoció que tuvo dudas: "Lo absolutamente excepcional de los hechos denunciados hace que no sea viable buscar precedentes jurisprudenciales que arrojen algo de luz sobre si los mismos merecen reproche penal (o si, por el contrario, de merecer eventuales reproches, estos serían de otra naturaleza, cuestión ajena al campo técnico-jurídico que nos ocupa)", se pudo leer en su auto.

Sin embargo, no vio viable archivar directamente sin practicar diligencias: "En opinión de esta instructora -continuaba la resolución- sólo procedería el archivo directo de la denuncia, ad limine litis, si fuera evidente que los hechos no tienen encaje en un tipo penal o si, aun tipificados los hechos como delictivos, no existiera indicio alguno de la participación en los mismos del denunciado".

Pidió documentación a la Delegación del Gobierno sobre los avisos recibidos en relación con la pandemia y puso a trabajar a la Guardia Civil en distintas pesquisas. La contestación que le envió el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera Esteso, en representación del órgano y en la que afirmó que la primera noticia sobre el Covid fue la publicación de la declaración del estado de alarma en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no pareció una buena manera de calmar el anhelo de la jueza por aclarar la situación.

Precisamente Talavera Esteso está citado como testigo media hora después de José Manuel Franco. Su posición es comprometida porque si la instructora aprecia que no dice la verdad, su condición puede cambiar sobre la marcha. No sería la primera vez que Rodríguez-Medel toma una decisión similar. Por volver al caso Máster, la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Alicia López de los Mozos fue en mayo de 2018 a declarar ante Medel como testigo y salió como imputada al reconocer que ella misma falsificó las notas de alumnos. No quiere decir esto que la situación sea extrapolable al secretario general Talavera.

El listado de citados

Además del secretario general de la Delegación también están citados como testigos el próximo miércoles el jefe de gabinete de José Manuel Franco, Luis María Sanz, y el director de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas.

Un día después, la jueza ha citado por la mañana a cuatro funcionarios del área de Seguridad Ciudadana de la Delegación y a otro del Área de Sanidad. También al convocante de una manifestación animalista que aceptó cambiar la fecha de una concentración, según la Guardia Civil, y a otro de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Extremadura.

Por la tarde, y también con un espacio de media hora entre una declaración y otra, están citados otros siete convocantes de manifestaciones, como los representantes del sindicato CGT de Amazon, del mismo sindicato en los Oficios Varios del Sur o de la plataforma de afectados de Forum Afinsa.

Precisamente estas últimas declaraciones son las más controvertidas puesto que al menos dos de estos testigos han matizado, como publicó Eldiario.es, la versión de su declaración en sede policial recogida en el ya polémico informe entregado a la jueza que ha desatado una grave crisis en el Ministerio de Interior por la que tanto la oposición como la segunda asociación más representativa de jueces han pedido la dimisión de su titular, Fernando Grande-Marlaska.

Los agentes de la Policía Judicial sostuvieron en el informe que funcionarios de la Delegación del Gobierno telefonearon a los manifestantes y les instaron a desconvocar sus actos por el coronavirus incluso con "expresiones imperativas", pero evitaron hacerlo por escrito para no dejar rastro. Dos de esos convocantes han manifestado, sin embargo, que no recibieron ningún tipo de presión y que no desconvocaron por razones sanitarias. Ahora, la instructora tiene la posibilidad de despejar dudas tomándoles declaración.