No es el 'caso Marlaska', es el 'caso Sánchez'. El principal partido de la oposición lleva semanas rechazando toda posibilidad de acuerdo con un Gobierno "acabado", en "una democracia amenazada" y con un presidente "a la deriva". El PP traslada desde hace tiempo la imagen de que la legislatura del tándem PSOE-Podemos está agotada y trabaja ya con la hoja de ruta de que se celebren elecciones generales en el plazo aproximado de un año.

El secretario general del partido, Teodoro García Egea, sostenía hace unos días que "Sánchez quiere pasar del estado de alarma a las vacaciones de verano para evitar el control parlamentario" y, aunque el Ejecutivo haya conseguido prorrogar de nuevo el estado de alarma hasta el 22 de junio, el PP redoblará su órdago a partir de entonces, cuando el Congreso vuelva a tener plenas funciones, para embestir al Ejecutivo con todo el arsenal.

De nuevo se desmarcan de Vox al capitalizar una ofensiva desde las instituciones frente a la agitación de la calle, aunque en el partido tampoco descartan emprender acciones legales, una trinchera más transitada por los de Santiago Abascal en su oposición al Gobierno. De hecho, en las últimas semanas, la bancada del PP se ha encargado de recordar a Sánchez la lista de querellas que tendrá que afrontar en los tribunales por una gestión "imprudente" y "negligente", y tampoco han cerrado la puerta a secundar denuncias de colectivos y asociaciones damnificadas por la actuación gubernamental durante la pandemia.

Los errores, las continuas rectificaciones, los escándalos, las crisis internas y, en suma, el desgaste en el seno del Gobierno no hace sino dar fuelle a las aspiraciones de Pablo Casado de escalar a la Moncloa, con la vista puesta en que la crisis económica y la "bofetada" de las exigencias de Europa en este sentido terminen por desmigajar el Ejecutivo. Mientras tanto, el PP dará un empujón a esta estrategia y tras la llegada de la denominada 'nueva normalidad', lo primero que hará será impulsar una comisión de investigación en el Congreso para poner frente al espejo "las mentiras" del Gobierno y dirimir las "consecuencias penales" que pueda haber tenido una "nefasta gestión de la pandemia".

"En apenas unos meses, -Sánchez- ha dilapidado nuestra confianza y la de la mayoría de los españoles", defiende el propio líder del PP, a través de Twitter. "No ha sido capaz de salvar vidas, ni ha protegido la economía ni el bienestar", recogía en otro. Los populares allanan también el camino del que será otro de los grandes desafíos del Gobierno una vez se recupere la plena normalidad parlamentaria: la ofensiva contra Fernando Grande-Marlaska.

La larga lista de preguntas registradas en las dos últimas sesiones de control dirigidas al ministro del Interior será sólo el aperitivo: la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, anunciaba el pasado martes que presentarían una iniciativa en el Congreso para la reprobación de Marlaska por el escándalo en torno a la destitución del coronel Pérez de los Cobos por "negarse a cometer un delito", aunque no podrá debatirse al menos hasta que no decaiga el estado de alarma.

Más de 4.000 iniciativas paralizadas

Desde que comenzase la crisis, el PP ha registrado en el Congreso más de 4.000 iniciativas parlamentarias, de las que más de 3.000 son preguntas por escrito al Gobierno, según informan fuentes parlamentarias.

No será hasta entrado el verano cuando se recupere el pulso habitual del Congreso y los populares aprieten con la larga cola de proposiciones de ley, proposiciones no de ley o peticiones de información estancadas por la anormalidad parlamentaria de los últimos meses. La PNL contra Fernando Grande-Marlaska es la de mayor "calado político" presentada hasta la fecha, pero el PP tratará de cercar al Gobierrno retomando otras iniciativas de impacto económico, relacionadas con el sector turístico u hostelero.

No olvidan tampoco las peticiones de información y, en concreto, la auditoría sobre la cifra real de los muertos por coronavirus, que presentaron hace ya mes y medio pero que vuelve a la actualidad por el baile de cifras por los "reajustes y cambios de criterio" del Ministerio de Sanidad en este sentido, cuyo caos se ha acentuado en los últimos días, en que se notificaban cero muertos mientras las comunidades autónomas sí reportaban fallecidos.

Redoblarán también los esfuerzos, tal y como subrayó Casado en la tribuna del Congreso el pasado miércoles, en insistir en las peticiones de información al Ejecutivo, desde los nombres de los expertos en los que Sánchez se ha apoyado para seguir prorrogando el estado de alarma hasta informes de la Abogacía del Estado en que el presidente del Gobierno se escudaba para seguir ampliando el marco jurídico extraordinario.