Los presidentes autonómicos han mostrado sus deferencias sobre el nuevo reparto de los 16.000 millones de euros del fondo no reembolsable para ayudar a las comunidades a sufragar los gastos realizados en la crisis sanitaria de la COVID-19, con una amplia mayoría en contra de los nuevos parámetros fijados por el Gobierno.

En la decimotercera reunión telemática entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus homólogos regionales otro de los asuntos en los que más hincapié se ha hecho ha sido el autorizar el poder ampliar la movilidad entre comunidades vecinas o limítrofes antes del fin del estado de alarma.

Pero donde más discrepancias ha habido ha sido en ese nuevo reparto de las ayudas; y en este sentido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido una mesa de diálogo para la nueva distribución del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables para las comunidades autónomas, al considerar que la región, que mañana avanzará a la fase 2, ha sido "la más castigada" por la COVID.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su desacuerdo con los nuevos criterios para el reparto del fondo no reembolsable, ya que, a su juicio, debería primar el nivel de afectación directa y los gastos que haya tenido que hacer frente cada autonomía, y no el volumen de población de cada comunidad.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, también ha recriminado al Gobierno de España que ha dejado "en la estacada" a las autonomías con los nuevos criterios de reparto; y ha detallado que no comprende el porqué de rebajar a 9.000 millones los 11.000 inicialmente programados, lo que, para su comunidad, supondrá recibir 125 millones menos de los 670 calculados inicialmente.

También el jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha reconocido que los menos de 200 millones de euros que recibirá la región de los 16.000 suponen "migajas que ahondan en un nuevo maltrato", y ha anunciado que no pedirá levantar el estado de alarma hasta cumplir las dos semanas previstas en fase 3.

Desde Valencia, en cambio, su presidente, Ximo Puig, ha afirmado que el "cambio de criterio" para repartir el fondo COVID-19 a las comunidades autónomas por el que se da más peso a la variable poblacional, es "relevante" y va encaminado a "una mayor justicia".

Los presidentes de Ceuta y Melilla han agradecido al Gobierno que la participación de ambas Ciudades Autonómicas en el fondo adicional por el que cada una de ellas percibirá 25 millones de euros.

También el presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha celebrado que en el reparto del fondo se haya computado la población protegida equivalente, que tiene en cuenta el peso de envejecimiento. También que no solo se tenga en cuenta las PCR positivas sino todas las realizadas, cuestión "muy importante" porque Asturias ha hecho un esfuerzo en ese sentido.

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, considera que el reparto "no es justo" porque no tiene en cuenta el coste de los servicios, y estima que Cantabria recibirá 120 millones de los 11.000 que se distribuirán, 58 menos de los que, a su juicio, les correspondería.

Feijóo pide "certezas"

Su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir al Gobierno "certezas" para poder pilotar el camino hacia la nueva normalidad y permitir así el libre tránsito de toda Galicia. También ha valorado la necesidad de rebajar el IVA al sector del turismo lo que resta de 2020 y todo 2021.

Estos tres últimos gobiernos autonómicos (asturiano, gallego y cántabro) han señalado también que iniciarán conversaciones para permitir la movilidad de sus ciudadanos por las tres regiones desde el próximo 15 de junio.

También El lehendakari Iñigo Urkullu espera poder acordar con los presidentes de las comunidades colindantes con Euskadi la movilidad entre ellas para el lunes 15 de junio y ha apostado también por la apertura transfronteriza para relanzar la actividad económica. Asimismo ha solicitado una estrategia de apoyo a la industria y la exención del IVA en mascarillas dispensadas en farmacias

El Gobierno de La Rioja también se ha mostrado partidario de abrir las fronteras entre territorios limítrofes y adaptar también con ellas algunas medidas de la fase 3 de la desescalada.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo la puesta en marcha de un plan de vigilancia y prevención ante un posible rebrote del coronavirus, que permitirá "proteger a la población" y será la "hoja de ruta" de la estrategia sanitaria en los próximos meses.

El jefe del Ejecutivo de Aragón, Javier Lambán, ha insistido en la necesidad de prever planes de contingencia para poder controlar posibles rebrotes, y para poder llevar a cabo también otras medidas que logren acercar a la región hacia esa nueva normalidad como la vuelta a las aulas en septiembre, o la libre movilidad entre las tres provincias y en otras comunidades vecinas.

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha hecho especial hincapié en tratar de reforzar el sistema educativo, de ahí que, aunque se hagan "ajustes" en las plantillas docentes el próximo curso, Extremadura tendrá "por encima de los 1.300 profesores", y ha asegurado que si es necesario contratar más docentes debido a las condiciones derivadas de la COVID-19, se hará.

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha solicitado la creación de una Mesa de la Automoción con el objetivo de dinamizar e impulsar el desarrollo de este sector.

La presidenta balear, Francina Armengol, ha pedido poder destinar a cuestiones sociales dinero de cualquiera de las partidas que perciba Baleares del fondo no reembolsable; y desde Canarias ha vuelto a insistir en la necesidad de hacer test a los turistas en sus países de origen antes de viajar a las Islas, en cuyos aeropuertos se intensificará la seguridad.