"Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La Justicia es igual para todos". Era el 24 de diciembre de 2011 y las palabras de Juan Carlos I en su mensaje de Nochebuena se colaban en los hogares españoles a la hora de la cena. Había saltado ya el escándalo del caso Nóos y sólo cinco días después el juez José Castro iba a llamar a declarar como investigado a su yerno, Iñaki Urdangarin.

Casi ocho años y medio después, la sombra de la sospecha planea sobre el hoy rey emérito, que en aquel discurso navideño reclamaba un "comportamiento ejemplar" a los servidores públicos para que la "desconfianza" en las instituciones no se extendiera entre la ciudadanía por conductas "irregulares".

Seis años después de abdicar en favor de Felipe VI, la Fiscalía del Tribunal Supremo investigará si Juan Carlos I cometió fraude fiscal y blanqueo de capitales al ocultar presuntamente las comisiones percibidas por mediar en la adjudicación de la construcción del AVE a La Meca (Arabia Saudí) a un grupo de empresas españolas. Las pesquisas se centrarán en los hechos ocurridos a partir de junio de 2014, fecha en que el monarca perdió la inviolabilidad al ceder la Corona a su hijo.

  • ¿Qué se investiga? Las pesquisas del Ministerio Público tratan de determinar si el padre del rey cobró irregularmente y ocultó al fisco español 65 millones de euros en comisiones irregulares por influir para que el megacontrato relativo a la construcción de la línea de alta velocidad entre La Meca y Medina -presupuestado inicialmente en 6.500 millones de euros- se adjudicara a un consorcio español formado por las empresas OHL, Indra, Cobra, Inabensa, Imathia, Copasa, Dimetronic, Renfe y Talgo. Ese encargo se dio a conocer en octubre de 2011, cuando Juan Carlos I estaba al frente de la Corona y gozaba de la inviolabilidad que consagra la Constitución en su artículo 56.3.
  • ¿Desde cuándo se investiga? El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional abrió en el verano de 2018 una pieza separada en el marco del caso Villarejo -la conocida como Carol- tras publicar los diarios digitales El Español y Okdiario una grabación que el comisario hoy en prisión preventiva realizó de forma subrepticia a Corinna Larsen sin su consentimiento en un hotel de Londres en 2015. Durante ese encuentro, la ex compañera sentimental del rey afirmó que éste pidió comisiones millonarias por su mediación en el citado contrato y señaló a Álvaro de Orleans como un presunto testaferro para ocultarlas. Después de casi dos años, la fiscal general del Estado acaba de dictar un decreto por el que pone en manos de la Fiscalía del alto tribunal la investigación que llevaba a cabo Anticorrupción. Serán ahora Juan Ignacio Campos y otros tres fiscales de la más alta "cualificación y experiencia" los que deberán determinar si hay indicios de delito. En caso de apreciarlos, tendrían que presentar querella ante la Sala Penal del Supremo, según prevé el artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
  • ¿Cuál ha sido el papel de la Fiscalía suiza? A raíz de conocerse el testimonio que Villarejo grabó a Corinna Larsen a sus espaldas, el Ministerio Público helvético investiga desde 2018 al gestor fiscal Arturo Fasana y al abogado Dante Canonica, quienes supuestamente habrían ayudado al rey emérito a ocultar el dinero procedente de presuntas actividades ilícitas. Los registros practicados en los despachos profesionales de aquéllos habrían permitido obtener información relevante sobre el origen de los 100 millones de dólares que habría recibido Juan Carlos I por su intermediación. Si las autoridades suizas envían la información puede ser determinante para el esclarecimiento de los hechos y la eventual presentación de querella contra el rey emérito.
  • ¿Dónde se habría ocultado el dinero? Según desveló a principios de marzo el periódio Tribune de Genève, fue a raíz del accidente de caza en Botsuana en abril de 2012 cuando la entidad bancaria panameña en la que Juan Carlos I tenía depositados los 100 millones en nombre de la Fundación Lucum que habría recibido del rey saudí Abdul Aziz Al Saud le pidió que los retirara por motivos reputacionales. Fue entonces, según sospecha el fiscal suizo Yves Bertossa, cuando ese dinero habría salido de la mencionada cuenta con destino a otra suiza residenciada en Bahamas y cuya titular era Corinna Zu Sayn-Wittgenstein.
  • ¿Cuál es la versión de Corinna? La defensa de la ex amante del rey sostiene que los 65 millones de euros que llegaron a su cuenta en Bahamas desde la de Juan Carlos I en Panamá no tienen nada que ver con la construcción del AVE a La Meca, sino que fueron un regalo a ella y a su hijo, de quienes el emérito se había «encariñado» por cuidarle mientras estuvo enfermo. "En 2012 nuestra cliente recibió un regalo no solicitado del Rey emérito, quien lo describió como una forma de donación para ella y para su hijo, con los cuales se había encariñado. Había pasado varios años de mala salud durante los cuales nuestra cliente lo cuidó. La donación se documentó como un regalo y los bancos realizaron el cumplimiento y la diligencia debida sobre los fondos. Nuestra cliente no tiene lugar en estos procedimientos y aguardamos su pronta recuperación", afirmó Robin Rathmell, el abogado de Corinna, en un escrito dirigido al diario El País.
  • ¿Cuál fue la reacción del rey emérito? El pasado 15 de marzo, tras las revelaciones de la prensa suiza, la Casa del Rey emitió un comunicado para precisar que no había ofrecido información a Felipe VI acerca de la Fundación Lucum y que ponía su defensa en manos del conocido penalista Javier Sánchez-Junco, fiscal Anticorrupción en excedencia. Aquel anunció generó sorpresa por cuanto no se había abierto ningún procedimiento todavía contra él, pero cabe deducir que esperaban el movimiento que se ha conocido ahora y ya se había empezado a diseñar la estrategia. Los cuatro fiscales del Supremo deberán determinara ahora si Juan Carlos I pudo cometer fraude fiscal y blanqueo, como sospecha Anticorrupción.