El forense concluye en su informe que, con los propios documentos técnicos del Ministerio de Sanidad en la mano, no debió desarrollarse ninguna concentración masiva desde al menos cinco días antes de la manifestación feminista del 8 de marzo y que la cancelación de las reuniones multitudinarias "habría evitado una amplia difusión de la enfermedad".

En el trabajo ampliatorio aportado este martes a la causa que dirige el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, el perito analiza varias fechas clave en la gestión de la crisis sanitaria derivada del coronavirus y en la adopción de medidas conforme iba avanzando la propagación de la covid-19. La juez Carmen Rodríguez-Medel ha recibido este informe 48 horas antes de tomarle declaración como investigado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, como posible autor de un delito de prevaricación.

Una de las fechas relevantes que señala el forense es la del 3 de marzo. Como reconoció el ministro Salvador Illa en el Congreso el pasado 27 de marzo, aquel día se pasó al 'escenario de transmisión esporádica en la comunidad', fase posterior a la de contención y que aconsejaba la adopción de otras medidas más estrictas.

El 25 de febrero, el Ministerio de Sanidad elaboró un documento técnico titulado 'Medidas no farmacológicas de salud pública para limitar la difusión del coronavirus relacionado con la enfermedad covid-19', como el cierre de centros educativos y de trabajo y la cancelación de eventos para reducir la probabilidad de contagios.

"En un escenario de transmisión esporádica en la comunidad, la cancelación de reuniones masivas antes del pico de epidemias o pandemias puede reducir la transmisión del virus", detalla el citado documento de Sanidad, del que se llegaron a elaborar tres versiones. A esa fase se llegó, según precisó el ministro, menos de una semana después.

"Ateniéndonos a las palabras del señor Illa, máximo representante de la organización sanitaria en España, ese día (3 de marzo), ya deberían haberse cancelado reuniones masivas", interpreta el perito, que se ratifica en las conclusiones expuestas en el informe preliminar enviado al juzgado el 19 de abril. La instructora trata de determinar si las reuniones multitudinarias autorizadas por la Delegación del Gobierno en Madrid para que se desarrollaran entre el 5 y el 14 de marzo pudieron causa riesgo para la vida de los participantes.

El forense concluye que la cancelación de las reuniones masivas "habría evitado una amplia difusión de la enfermedad"

El perito no pasa por alto las declaraciones que la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Paz Aparicio, realizó a Radio Euskadi el 4 de marzo. De esa entrevista, el forense extrajo varias conclusiones: que ya había una "gran preocupación" entre las autoridades sanitarias, que la epidemia "iba creciendo" y que "no existía la determinación de cancelar eventos masivos todavía".

Tanto el pase al 'escenario de transmisión esporádica en la comunidad' como las manifestaciones de la alto cargo de Sanidad se producían uno o dos días después de que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés) emitiera la quinta actualización sobre la transmisión de la covid-19. El perito considera "fundamental" el análisis de dicho documento para poder valorar la actuación de las autoridades sanitarias y la Delegación del Gobierno en Madrid.

"Punto de inflexión"

Dicho trabajo, fechado el 2 de marzo, detallaba medidas de distanciamiento social, como dar la mano y besos y "evitar el transporte abarrotado y las reuniones masivas innecesarias". "En mi opinión, estas indicaciones de la ECDC marcan un punto de inflexión en la evolución de lo que deberían ser las normas preventivas para evitar la propagación de la epidemia. Y no fueron atendidas", razona el forense.

Tres días después, el ministro Salvador Illa y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, comunicaron en el curso de una reunión a los representantes de la Federación de Asambleas de Dios en España (FADE) que el congreso internacional que iban a celebrar en Madrid -con la presencia esperada de 8.000 personas procedentes de diversos países- no podía llevarse a cabo por el riesgo de contagio que entrañaba la concentración. "La autoridad sanitaria sabía cómo ofrecer una negativa y además hacerlo con contundencia", destaca el perito en su informe.

En su opinión, desde Sanidad "subestimaron la gravedad y su fulminante desarrollo" a pesar de las advertencias que había lanzado el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Desde el 2 de marzo, este organismo instaba a los países miembros a que elaboraran planes para una pandemia si aún no los tenían y a comunicar el peligro a la población dado que la covid-19 era una enfermedad "altamente contagiosa".

"El ECDC lo advirtió claramente, que nos preparásemos para una pandemia [ésta fue declarada finalmente el 11 de marzo], que hiciéramos planes de pandemia, que el peligro era grande e inminente, que adoptáramos las medidas de distanciamiento social (evitar concentraciones masivas de personas) en ese mismo momento y con independencia de los escenarios epidemiológicos en que nos encontráramos", indica el forense.

El perito cree que la convocatoria de la manifestación del 8-M pudo influir en la decisión de "no cancelar eventos masivos"

Sin embargo, según este perito, pese a que el "tsunami" se venía venir no se adoptaron a tiempo las medidas que requerían la situación. "Un tsunami se prevé, se sabe que va a venir porque ha existido un fenómeno previo, terremoto con epicentro en el fondo del mar, que así lo indica. La situación de hecatombe en España se veía venir. No sólo porque a posteriori es más fácil, soy consciente de ello, sino porque quien sabe epidemiología -los profesionales del CCAES- y se dedica a ello domina los parámetros predictivos y no es algo imprevisible, como afirmó una destacada dirigente en una entrevista, no lo es, es algo previsible y además advertido por organismos conocedores de estos temas", explica.

El técnico insiste en que "no se atendió suficientemente" los avisos tanto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y "no se actuó con diligencia" cuando se pasó de la fase de contención al escenario de transmisión comunitaria, intuyendo que el hecho de que la manifestación del 8-M estuviera de "telón de fondo" pudo influir en "no cancelar eventos masivos".

También es contundente respecto a la actuación de la Delegación del Gobierno. Considera que la institución que dirige Franco debería haber suspendido desde el 25 de febrero todas las concentraciones previamente autorizaciones y no haber permitido ninguna más, dado que desde dicho día se había transmitido a los empleados la obligación de observar determinadas medidas -como respetar la distancia interpersonal- a fin de evitar contagios. Así, dice, se habría dado a los ciudadanos "la misma oportunidad de preservar su salud".

El informe del forense puede marcar el futuro de Fernando Simón, cuya imputación pidió sin éxito el abogado que presentó la denuncia y que dio pie a la incoación de diligencias previas por parte del juzgado del que es titular la magistrada Carmen Rodríguez-Medel. En caso de que ésta vea indicios de delito en la actuación de Salvador Illa tendría que elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo, dado que el titular de Sanidad goza de fuero ante este órgano jurisdiccional.