La jueza que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la celebración de la manifestación feminista del 8 de marzo en Madrid y otras 76 continúa adelante con la investigación a pesar de los recursos presentados por la Abogacía del Estado y la oposición de que la investigación continúe por parte de la Fiscalía de Madrid.

Después de recibir el último informe del forense adscrito al juzgado y dos informes de la Guardia Civil que apuntan a que el Gobierno tenía conocimiento de la existencia del coronavirus desde finales de febrero o principios de marzo y que, por lo tanto, no debió permitir la celebración de manifestaciones del 3 de marzo en adelante, Carmen Rodríguez-Medel rechaza los recursos de reforma de la Abogacía del Estado y el escrito de la Fiscalía y continúa adelante con la causa.

La Abogacía del Estado, que participa en la causa en defensa del delegado del Gobierno en Madrid, rechaza que se le investigue porque considera que "actuó correctamente en el ejercicio de sus competencias". Considera que la titular del Juzgado de Instrucción 51 ha abierto una "causa general" contra el Gobierno y que la instrucción es nula porque ve indefensión en Franco al abrir la investigación la jueza durante el estado de alarma, cuando los plazos procesales estaban suspendidos.

Por su parte, la Fiscalía de Madrid ha informado también a favor de que la investigación contra Franco por presunta prevaricación administrativa no siga adelante. En un escrito presentado este lunes, recordó a la jueza que el delito de prevaricación administrativa requiere una "resolución arbitraria" que no ven que se diera por parte del delegado del Gobierno. No ven que se le pueda reprochar ninguna actuación delictiva por no prohibir las concentraciones al conocer que ya había contagios por coronavirus por un documento médico europeo emitido el 2 de marzo, como se sostiene en la denuncia del abogado Víctor Valladares que dio inicio a la causa.

La actividad ha continuado en el Juzgado

En un auto de este martes, la jueza desestima los recursos de reforma formulados por la Abogacía del Estado y a los que se ha adherido parcialmente el Ministerio Fiscal, así como la impugnación de tres providencias de 21 de abril, 21 de mayo y 25 de mayo suyas.

Frente a las alegaciones de la Abogacía del Estado para reclamar la nulidad de la causa, Rodríguez-Medel afirma que el estado de alarma "no ha objetado" la tramitación ordinaria del procedimiento y concluye que "no puede prosperar la alegación de que todo es nulo porque la jurisdicción penal estaba paralizada". En el auto se puntualiza cómo, aunque con limitaciones por los turnos rotatorios de los integrantes de la oficina judicial, el Juzgado de Instrucción 51 que encabeza ha seguido tramitando todas las causas de su competencia.

Así, la jueza decide continuar con la causa y acuerda mantener las testificales de hasta 18 trabajadores de la Delegación del Gobierno y convocantes de manifestaciones previstas para este miércoles y jueves y la declaración como investigado de José Manuel Franco. Recuerda que esta decisión es recurrible en apelación ante la Audiencia Provincial.