Este martes arranca en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra Eugenio Pino, ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional y su subordinado Bonifacio Díez Sevillano, acusados de tratar introducir "indicios de origen incierto" contra Jordi Pujol Ferrusola en la causa de la Audiencia Nacional donde se investigaba el patrimonio del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley.

Según la defensa del primogénito de los Pujol y el partido político Podemos, que ejercen la acusación y solicitan dos años y medio y diez años y medio de prisión para ellos, respectivamente, ambos estuvieron detrás de la filtración de un dispositivo electrónico (pendrive) a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía con documentos contra el primogénito de los Pujol del que partió un informe que dicha unidad policial entregó al titular del Juzgado Central de Instrucción 5, José De la Mata.

Fue el propio juez quien dudó de la procedencia de los documentos sobre la fortuna de Pujol Ferrusola a los que hacía referencia el "confuso" informe policial. De ahí que decidiera abrir una pieza separada para investigar su procedencia, pues sospechó que pudiera contaminar la causa.

De la Mata ya apuntó en la resolución en la que acordó abrir la investigación que más tarde acabó instruyéndose en los Juzgados de Plaza de Castilla a Eugenio Pino, puesto que fue su subordinado, Bonifacio Díez Sevillano, quien entregó el pendrive con los documentos de Pujol a la UDEF. "No sólo no ha podido determinarse que la obtención de los documentos incluidos en ese pendrive haya sido legítima, sino que, al contrario, ha quedado establecido que la autoridad policial, más concretamente el DAO Eugenio Pino, por medio del miembro de su Gabinete Díez Sevillano, dio instrucciones incorrectas a las unidades operativas para que utilizaran e incluyeran en un procedimiento penal determinados documentos no sólo ocultando su origen, sino facilitando una explicación no ajustada a la realidad sobre el origen y el modo de obtención".

Por tales hechos que se remontan al año 2016 tanto la defensa de Pujol como Podemos solicitan que se condene a Pino y a Díez Sevillano, que declararán este mismo martes, por los presuntos delitos de estafa procesal, falso testimonio y revelación de secretos. La Fiscalía, sin embargo, en un escrito del año pasado consideró que su actuación no era constitutiva de delito y solicita la absolución de ambos.

Primera vez que Pino se sienta en el banquillo

El juicio que arranca este martes es el primero al jefe de la considerada "policía política" o también denominada "policía patriótica" presuntamente al servicio de los intereses del Gobierno de Mariano Rajoy con Jorge Fernández Díaz como ministro de Interior.

Precisamente Pino está imputado en la pieza Kitchen del caso Villarejo de la Audiencia Nacional en la que se investiga si la brigada policial al frente de la que se encontraba y a la que la Fiscalía Anticorrupción denonima ya "grupo policial mafioso" hizo seguimientos al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, para recuperar documentos en su poder que comprometían a altos cargos de dicho partido, incluido Rajoy.

Este miércoles, en el juicio también declararán como testigos otros miembros de ese presunto grupo parapolicial como José Manuel Villarejo, que lo hará desde la prisión de Estremera, donde se encuentra de manera preventiva desde noviembre de 2017.

Durante la instrucción en el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Pino declaró que el pendrive llegó al jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía en aquel momento, Marcelino Martín Blas, y que éste apuntó como origen a la agencia de detectives Método 3. Martín Blas también declarará como testigo este miércoles.

Pero Pino también indicó que Villarejo le había ofrecido previamente los datos contenidos en dicho dispositivo con pruebas contra Pujol Ferrusola y que había intentado cobrar casi medio millón de euros por él. Díez Sevillano, por su parte, ha negado que entregara dicho dispositivo a la UDEF.

El caso trae a colación la operativa utilizada presuntamente por Villarejo con dicha unidad policial que debía dedicarse a perseguir delitos económicos. Según afirmó él mismo y desveló El Independiente, en varias ocasiones entregó indicios de delitos contra personas enfrentadas a los clientes de su empresa privada para que abrieran investigaciones contra ellos. "Les damos los datos, ellos se apuntan el dato y nosotros cobramos", resumió a un colaborador al que trató de atraer a su negocio. Así habría procedido, presuntamente, con la denuncia "anónima" presentada contra el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, que inició la causa de investigación contra él mientras BBVA ya era uno de los clientes preferentes de Villarejo, según se investiga en la Audiencia Nacional.