La situación de las residencias de ancianos en España fue motivo de análisis en profundidad por parte del Defensor del Pueblo, que ya antes de que estallara la pandemia del coronavirus puso sobre la mesa todas las debilidades de un sistema que, en muy buena medida, explican que el contagio se propagara con tan alta letalidad en estos recintos no sólo por la edad de sus residentes. Convertidas en el centro de la polémica y motivo de enfrentamiento del Gobierno central con la Comunidad de Madrid, pero también entre los socios del ejecutivo autonómico, Francisco Fernández Marugán destaca tres aspectos: la medicalización de las mismas, la necesidad de incrementar la inspección y la profesionalización de sus trabajadores.

Todas estas propuestas se contienen en el último informe anual del Defensor, que aunque se refiere al año 2019 se presentó el pasado 13 de mayo, en mitad de confinamiento marcado por el estado de alarma. El informe, en una separata específica, apostaba por "otro modelo de residencias de mayores, más propiamente socio-sanitario, que contara con una atención médica y de enfermería más amplia y extensa, o en el que, al menos, y dado el perfil muy dependiente de los residentes, se aumentaran las exigencias a los centros de contar con más medios sanitarios". Y tras lamentar que en España no está organizado así, de forma general, para todo el sistema de residencias "sería útil estudiar su viabilidad y conveniencia".

El Defensor del Pueblo apuesta por residencias con atención médica y de enfermería "más amplia y extensa"

Pero además, el Defensor del Pueblo impelía a las Comunidades autónomas a crear "con urgencia" o, en su caso, incrementar adecuadamente, "unos servicios de inspección suficientemente dotados de personal correctamente formado, para que puedan llevar a cabo su función de vigilancia de forma eficaz, para que los centros mantengan los requisitos normativos exigidos para su correcto funcionamiento y unos niveles adecuados de calidad en la prestación del servicio de atención residencial de mayores". También consideraba "muy recomendable" la aprobación de planes periódicos de inspección de los centros "con indicadores sobre calidad, trato inadecuado y buenas prácticas".

La tercera cuestión que ha emergido con el coronavirus alude a la formación de los trabajadores de las residencias tanto públicas como concertadas, aunque el informe no alude a la situación de precariedad laboral de muchos de ellos. Sí defiende en cambio la necesidad de mejorar su cualificación y anima a las administraciones a que fomenten en impulsen planes de formación profesional específica para el desempeño de los puestos de trabajo que tienen encomendados.

Actualmente, la Fiscalía tiene abiertas 186 investigaciones penales tras denuncias de familiares de residentes fallecidos en estos centros, de las que 88 son de residencias madrileñas. No es Madrid la que proporcionalmente tiene un mayor número de óbitos, aunque la polémica se ha desatado por un protocolo de actuación de la Consejería de Sanidad que recomendaba no trasladar a los ancianos con síntomas de coronavirus a los centros hospitalarios, instrucción que se emitió "por error", según la Comunidad.

Incrementar la inspección, mejorar la cualificación de los trabajadores y la estadística, entre las recomendaciones

La "gran dispersión normativa" sobre los requisitos que deben reunir los centros residenciales para su acreditación y posterior autorización de funcionamiento, es otro de los deméritos que subraya el Defensor del Pueblo, que requiere de las Comunidades, un esfuerzo de actualización y armonización. De este modo, Marugán, que ocupa el cargo en funciones desde julio de 2017, adelanta otro asunto que ha traído de cabeza al Ministerio de Sanidad, incapaz de ofrecer datos globales sobre el número real de ancianos fallecidos por el contagio.

Y es que el informe subraya entre sus conclusiones la inexistencia de un mecanismo "eficaz, comúnmente compartido entre todas las administraciones para recopilar datos que permitan realizar estadísticas fiables" que se actualicen periódicamente respecto de los recursos de atención residencial disponibles, tanto en el plano autonómico como estatal. "De esta forma -concluye al respecto- se podrán realizar estrategias de atención a las personas mayores más adecuadas".

El Defensor del Pueblo remitió estas conclusiones a las consejerías respectivas de cada Comunidad Autónoma, aunque sólo la mitad de ellas le hicieron llegar los informes previos que había requerido, incluso algunas subrayaron "su competencia exclusiva para regular esta materia", aunque no especifica cuáles. De hecho, ese es ahora el gran caballo de batalla político, a saber, a quién correspondía la competencia de las residencias una vez que el decreto del estado de alarma había creado un mando único para afrontar esta trágica pandemia que ha podido costar la vida a más de 40.000 ciudadanos según los cálculos del INE.