El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, sostuvo este miércoles ante la jueza del 8-M que no tuvo conocimiento de los riesgos de contagio de coronavirus que podía conllevar la celebración de una manifestación como la del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo porque "ninguna autoridad sanitaria" advirtió de ellos, así como porque el organismo que él encabeza "no tiene competencia en Sanidad, sino sólo en Seguridad Ciudadana", trasladan fuentes jurídicas a El Independiente.

Según las citadas fuentes presentes en su declaración como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa, Franco ha apuntado en distintas ocasiones a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid como la que debería haber advertido de dichos riesgos. Incluso en algún momento de su comparecencia consideró que dicha Consejería del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso debería haber remitido una resolución en la que se instara a prohibir las manifestaciones si vio que había riesgos de contagio por el contacto social.

Franco es el único investigado de la causa del Juzgado de Instrucción número 51 en el que se abordan las "decisiones jurídicas adoptadas entre el 5 y el 14 de marzo de 2020" por él "tanto de toma de conocimiento de concentraciones y manifestaciones como de no prohibición de aquellas sobre las que previamente ya había tomado conocimiento", como recordó la instructora en un auto de este martes.

El representante del Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid sostuvo que "no había ningún elemento para prohibir la manifestación del 8 de marzo en Madrid cuando se estaban produciendo otros encuentros no amparados en un derecho fundamental como es el de manifestación" y que sus decisiones se ajustaron siempre a la legalidad.

Conoció la "magnitud del virus" el día 9

La Guardia Civil, en uno de sus informes entregados a la jueza, destapó un informe del departamento de prevención de riesgos laborales de la Delegación del Gobierno que se elaboró a finales de febrero y llegó a todos los trabajadores, incluido Franco, el 2 de marzo. En éste ya se hablaba de la necesidad de mantener la distancia social para evitar contagios, según declaró el responsable de prevención de riesgos laborales a los agentes de la Policía Judicial. En sede judicial, el delegado del Gobierno afirmó que no llegó a recibir dicho correo por problemas técnicos, según trasladan fuentes jurídicas.

Sin embargo, sí reconoció que tuvo conocimiento de la magnitud del coronavirus el día 9 de marzo, cuando la Comunidad de Madrid cerró los colegios y se conoció un aumento significativo de contagios. "No está acreditado bajo ningún concepto que el incremento de casos que se dieron el día 9 de marzo tuviesen que ver con la manifestación del día 8, entre otros motivos porque los técnicos y los expertos sanitarios saben que el contagio tarda en manifestarse catorce días", dijo Franco a los periodistas que le esperaban a la salida de su declaración, que se alargó más de una hora y media.

Con esta explicación, Franco modifica la única explicación que la Delegación del Gobierno había dado hasta ahora sobre el momento en que conoció la gravedad del coronavirus. El secretario general de la Delegación del Gobierno Fernando Talavera, que también declaró este miércoles como testigo, sostuvo que no tuvieron noticia hasta el 14 de marzo, cuando se publicó el decreto del estado de alarma en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Y en este punto, insisten: la Delegación del Gobierno no tenía por qué estar atenta a las advertencias sanitarias porque su competencia se limita a la Seguridad Ciudadana. Ése fue el argumento principal de la declaración del delegado como investigado, que en ningún momento tuvo "constancia documental" para percibir los riesgos.

El jefe de Seguridad reconoce las llamadas

El Jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno, José Luis Correa, reconoció durante su declaración como testigo después de Franco que se hicieron llamadas a manifestantes para instarles a desconvocar actos entre el 5 y el 14 de marzo. Sostuvo que esto es "frecuente" en la Delegación cuando las manifestaciones van a transcurrir por lugares que no son recomendables por motivos de Seguridad. Negó que se hiciera, como apunta la Guardia Civil en su primer informe entregado a la jueza, para desconvocarlas por motivos sanitarios sin dejar rastro de la decisión por escrito.

Este jueves, la jueza ha citado a declarar a 14 testigos más, entre funcionarios de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno y convocantes de manifestaciones los días mencionados. Éstos podrán despejar la duda de si recibieron o no indicaciones de la Delegación para desconvocar las concentraciones y qué motivos se les dieron.