La jueza Carmen Rodríguez-Medel, que investiga al delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco por no prohibir la manifestación feminista del 8 de marzo y otras 76 celebradas en Madrid durante la crisis sanitaria generada por el coronavirus, expuso este martes que ha impulsado la instrucción con "celeridad" para evitar el "colapso judicial que se avecina".

La Abogacía del Estado, presente en la causa como defensa de Franco, precisamente se había quejado de la rapidez con la que la jueza lleva la instrucción, tras la que ve incluso un motivo de nulidad puesto que durante el estado de alarma los plazos procesales quedaron suspendidos. Rodríguez-Medel, en el auto de este martes con el que decidió seguir adelante con la causa a pesar de la oposición de la Abogacía y la Fiscalía, explicó que su Juzgado ha seguido tramitando las causas de su competencia como hace con todas las demás para evitar demoras innecesarias.

"Esta instructora, en esta y en todas las demás causas, en la medida de sus posibilidades y de la muy sobrecargada oficina judicial, trata de impulsar los procedimientos de manera que no se demoren innecesariamente en el tiempo, especialmente, ante el previsible colapso judicial que se avecina. Esa misma regla se ha aplicado al caso que nos ocupa, donde, además, la proliferación de escritos diarios, correos electrónicos y la recepción de todo tipo de documentos remitidos por quien no es parte ha exigido una permanente atención a esta causa por gran parte del personal judicial. Esta celeridad se ha aplicado por igual tanto para descartar delitos en los hechos imputados al Sr. Franco (el de lesiones imprudentes) como para restringir a dos las acusaciones populares o para acordar diligencias de investigación. Dicho de otro modo, se ha intentado trabajar con prontitud en todo aquello que afecta a la acusación y también a la defensa", se pudo leer en su auto.

La negativa del centro de Simón

Además, la jueza responde a la Abogacía del Estado en su auto que comenzó a poner plazos máximos al ver que organismos dependientes del Ministerio de Sanidad como el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) demoraban la entrega de documentos a la Policía Judicial de la Guardia Civil a la que encargó la investigación "sin causa justificada".

"Lo que inicialmente no era especialmente urgente, devino en serlo (por las dificultades halladas para obtener contestación a los oficios) si se quería poder recabar toda la documentación para hacer un análisis global de la misma, de ahí los plazos que, por su propia inclusión en las resoluciones judiciales, implicaban necesariamente que se apreciaban por esta instructora razones para no demorar sine die la aportación de documentación", explicó Rodríguez-Medel.

Concretamente sobre el centro de alertas sanitarias dirigido por el epidemiólogo Fernando Simón, la instructora enfatiza la negativa a entregar documentos a los agentes para la que no encuentra explicación lógica. "Según la información que trasladan los agentes, la documentación ya estaba recabada por el CCAES según lo que estos mismos empleados públicos manifestaban (es decir, el trabajo ya estaba hecho). Es por ello que ningún perjuicio se ocasionaba al organismo con la fijación del plazo pues, si estaba recabada, lo único que pendía era la entrega material", afirmó la jueza para desestimar la impugnación de una de sus providencias por parte de la Abogacía.

Mantiene la declaración de Franco

Medel rechazó así este martes los recursos de la Abogacía y la Fiscalía y les emplazó a recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial así como mantuvo la declaración de José Manuel Franco como investigado este miércoles, a las 15 horas, y las de su jefe de Gabinete, el secretario general de la Delegación del Gobierno y el responsable de Seguridad Ciudadana de la Delegación, los tres como testigos, también en la tarde del miércoles.

Para el jueves ha citado a otras 15 personas como testigos, entre funcionarios de la Delegación del Gobierno y convocantes de manifestaciones desde el 5 de marzo hasta el 14 de marzo.

En su auto de este martes, Medel recordó que "el objeto de este procedimiento penal se circunscribe única y exclusivamente a las decisiones jurídicas adoptadas entre el 5 y el 14 de marzo de 2020 por el Delegado de Gobierno de Madrid, don José Manuel Franco Pardo, tanto de toma de conocimiento de concentraciones/manifestaciones como de no prohibición de aquellas sobre las que previamente ya había tomado conocimiento, en su condición de autoridad administrativa con unas competencias determinadas legalmente sobre las concentraciones y manifestaciones que habían sido comunicadas a esa Delegación por celebrarse en la Comunidad Autónoma de Madrid, todo ello en relación con la crisis sanitaria derivada del Covid-19".