El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha dado marcha atrás y comenzará la próxima semana a reabrir las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para ofrecer servicio presencial sin realizar previamente la prueba del coronavirus a sus empleados, en contra de lo que iba a hacer en un principio.

Bajo el procedimiento de emergencia, el SEPE adjudicó el pasado 25 de marzo a Quirón Prevención SLU un contrato para la realización de análisis que permitieran detectar si algún trabajador estaba contagiado por covid-19 y evitar que pueda transmitir la enfermedad. El importe del encargo ascendió a 151.250 euros (impuestos incluidos), según se detalla en el anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Estado tres semanas después.

Quirón Prevención es precisamente la empresa a la que el Servicio Público de Empleo Estatal contrató el pasado 27 de enero la realización de los reconocimientos médicos de su plantilla por 255.148 euros. El servicio se desarrollará por un año a contar desde el 1 de abril, si bien los pliegos de cláusulas administrativas que regularon dicho procedimiento prevén la posibilidad de que pueda prorrogarse por dos ejercicios más. De renovarse, el montante ascendería a 758.400 euros.

El SEPE, finalmente, ha rechazado hacer test a sus empleados para detectar casos de contagio. Así lo reconoce el Gobierno en respuesta a una pregunta escrita formulada por la senadora del PP Teresa Ruiz-Sillero, que quería conocer cómo justificaba la ministra Yolanda Díaz que su departamento hubiera recurrido a la sanidad privada para hacer las pruebas diagnósticas a los empleados en vez de acudir a la pública.

En su contestación, Trabajo y Economía Social reconoce que se "formalizó un contrato" con la empresa que se encarga de los reconocimientos médicos en el SEPE (Quirón Prevención) pero que posteriormente, "a la vista de la evolución de la pandemia, de la evidencia científica y de las recomendaciones realizadas por la autoridad sanitaria, se decidió no llevar a cabo la realización de dichas pruebas".

El departamento que dirige Díaz no ha especificado de dónde parten las "recomendaciones" que le ha llevado a dejar sin efecto ese encargo ni a qué "evidencia científica" se refiere en su respuesta, fechada este miércoles. Sí deja claro que ese encargo no ha supuesto gasto alguno: "Ni se ha ejecutado, ni está previsto que se ejecute importe alguno con cargo al citado contrato".

Hasta este jueves por la tarde, la anulación de dicho encargo no se había publicado en la Plataforma de Contratación. El último documento relativo a esta licitación se subió a las 13.45 horas del pasado 17 de abril y corresponde a la resolución por la que el subdirector general de Gestión Financiera del Servicio Público de Empleo Estatal, Jaime Noguerales Wandelmer, acuerda la tramitación del expediente de emergencia de esta contratación al amparo del real decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la covid-19.

El Ministerio que dirige Yolanda Díaz adjudicó un contrato a Quirón, pero dice que al final no se han hecho los test por la "evolución de la pandemia" y "la evidencia científica"

Durante su comparecencia el pasado 25 de mayo ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado para detallar las líneas maestras que guiarán su gestión al frente del departamento en esta legislatura, la misma parlamentaria lanzó una batería de preguntas a Yolanda Díaz sobre la realización de pruebas al personal que trabaja en el Servicio de Empleo Estatal en vísperas de la reapertura de las oficinas, cerradas tras declararse el estado de alarma e iniciarse el confinamiento.

"¿Por qué no se posibilita que todos los trabajadores se hagan un test para detectar la covid-19 antes de empezar a trabajar? Tengo que recordarle que el Ministerio de Trabajo ha recurrido a la sanidad privada para hacer 500 test al personal del SEPE. ¿Por qué no se lo pueden hacer todos los trabajadores? ¿Pueden acudir a la sanidad privada? ¿Usted se lo permite, señora ministra?", planteó la senadora gaditana. La ministra no ofreció respuesta alguna a estas cuestiones en su réplica, como acredita el diario de sesiones.

200.000 ERTE sin resolver

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CESIF) ha informado este miércoles de que la dirección del SEPE tiene previsto que las oficinas de las provincias en fase 3 empiecen a abrir sus puestas el lunes para comenzar a ofrecer atención presencial. El sindicato rechaza esta apertura "inmediata" debido al volumen de trabajo existente: cerca de 200.000 expedientes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) sin resolver y un número importante de desempleados pendientes del abono de otras prestaciones extraordinarias de protección por desempleo todavía por cuantificar.

"Se debería estabilizar esta carga de trabajo para proceder a la reapertura con las debidas garantías. Es más que previsible que la angustia e incertidumbre de estas personas se trasladará a las oficinas del SEPE y a los profesionales que las atienden", ha advertido la CSIF en un comunicado.

Como ya publicó este periódico, los representantes sindicales temen que puedan producirse disturbios si se reabren al público las oficinas y hay trabajadores afectados por ERTE esperando aún el cobro de su prestación. La crispación y el riesgo de agresiones han llevado a Comisiones Obreras a plantear incluso la necesidad de que haya "una patrulla de policía en la puerta de cada oficina" para evitar posibles incidentes.

El Servicio Público de Empleo Estatal cuenta con 711 oficinas y 52 direcciones provinciales, habiendo soportado un formidable incremento de la carga de trabajo que no ha ido acompasada con el aumento de personal. De los 1.000 interinos que debían incorporarse para reforzar la plantilla tan sólo lo han hecho 780, según fuentes sindicales.