"Lo que hemos visto en Madrid es un escándalo, si no un crimen". Estas palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, abrían de nuevo esta semana la veda de la enquistada pugna por la responsabilidad en la gestión de las residencias, uno de los puntos más negros del impacto de la pandemia en todo el país, muy especialmente en Madrid, donde el virus se ha cobrado la vida de casi 6.000 ancianos, según cálculos regionales.

La crisis política por lo ocurrido en estos centros pasó de Madrid al Congreso. Comenzó a agravarse a raíz de que el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, diese un golpe encima de la mesa la pasada semana y se desmarcase de la actuación, a su juicio negligente, que había cometido su compañero de Gobierno, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero por, presuntamente, haber vetado la derivación de ancianos graves de residencias a hospitales durante el pico de la pandemia.

Más allá de eludir toda responsabilidad alegando que, al margen del mando único del Ministerio de Sanidad con motivo del estado de alarma y de acuerdo con la orden ministerial del 23 de marzo, se mantenía la competencia de las comunidades autónomas sobre todos los centros sociales, incluidas residencias de mayores, Pablo Iglesias ha recogido el guante de lo ocurrido en las residencias madrileñas para lanzarlo contra el PP y pedir la dimisión de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por haber cometido actos "inmorales" e incluso "ilegales" que "pueden acabar teniendo consecuencias penales".

Y se ha jactado en defender que, pese a no ostentar la responsabilidad sobre lo que ha ocurrido en estos centros durante la crisis, desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales se inyectaron 300 millones de euros a las comunidades autónomas a mediados de marzo para reforzar la atención en las residencias y dotar de mayor protección a sus trabajadores. "Para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores, y este fondo de 300 millones va a emplearse para este fin", afirmaba Iglesias en una rueda de prensa el pasado mes de marzo. "Es urgente medicalizar estos centros reforzando a las plantillas con personal y elementos sanitarios con más recursos", insistía.

Pues bien, el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, que fue aprobado en el marco del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia del pasado 20 de marzo, respondía más a un cajón de sastre que a un fondo creado exclusivamente para frenar el caos en geriátricos. El Gobierno otorgaba la potestad a los ejecutivos regionales y municipales de utilizar el dinero en base a diferentes "necesidades" en que las ayudas a residencias eran solo una de las múltiples patas de los preceptos a los que podía destinarse la partida que correspondiese a cada territorio. Se incluía en el decreto, efectivamente, que el dinero debía servir para "reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y de centros residenciales", así como la "adquisición de medios de prevención"... entre otros destinos.

El decreto estipulaba concretamente que el dinero -recordemos, 300 millones a repartir entre todas las autonomías, Ceuta y Melilla- debía servir para reforzar la ayuda a domicilio, con el objeto de garantizar "los cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación" de todos, especialmente de los colectivos vulnerables, para compensar, entre otros, el cierre de comedores sociales o de centros de día.

Extracto de la orden del 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto del Covid-19.

Instaba también a la utilización del fondo para potenciar los servicios de teleasistencia e impulsar dispositivos de atención a personas sin hogar, "con el personal y los medios materiales adecuados". El Gobierno pedía además que se ampliase la dotación de las partidas destinadas a garantizar los ingresos suficientes a familias con pocos recursos "para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas", así como reforzar los denominados como "servicios respiro" a cuidadoras y personas con bajos ingresos que necesiten salir de su domicilio para acudir al centro de trabajo durante la pandemia, impulsando en este caso medidas de conciliación especialmente para familias monoparentales.

El decreto hace además un llamamiento a la adquisición de EPIs de forma generalizada, tanto en residencias como en todo tipo de centros sociales u hospitalarios, y finaliza asegurando que, además de los citados preceptos, las comunidades autónomas y ayuntamientos pueden utilizar su partida correspondiente para "atender a personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis".

Polémico reparto

Otra de las polémicas aristas del reparto del fondo de los 300 millones vino a raíz de las variables que se utilizaron para diseminar qué cantidad se destinaba a cada comunidad autónoma, ignorando en este caso parámetros epidemiológicos y guiándose por criterios como el tamaño poblacional -que ponderó al 90%-, la dispersión de la población, la presencia o no de grandes ciudades, la superficie o la insularidad.

Con esta ponderación, Andalucía fue el territorio que más dinero recibió (51,7 millones de euros), seguida de Cataluña (45,5 millones); Madrid (38,8 millones) y la Comunidad Valenciana (30 millones). En el momento en que se publicó la Orden en el Boletín Oficial del Estado, el 17 de marzo, Madrid ya era, de largo, la región más afectada por la pandemia, y ya comenzaba a dejarse notar en las residencias de ancianos por encima de cualquier otro territorio de la geografía nacional.

En concreto, el pasado 17 de marzo, Madrid sumaba 4.871 casos de Covid-19 , el 43% del total de toda la geografía española; y registraba 355 fallecidos, nada menos que el 72% de los fallecidos en España, que ese día se llegó al registro de 491. La letalidad del virus en la Comunidad de Madrid era del 7% y, que se supiese, la virulencia de la enfermedad se había cobrado ya la vida de 25 ancianos en las residencias de mayores. "La incidencia del virus en Madrid fue brutal. Ahí hubo un claro castigo hacia Ayuso de parte del Gobierno" señalan en el entorno de la presidenta regional, donde no se explican cómo la región, con los datos en la mano, fue la tercera en la lista de prioridades del Ejecutivo.

Con todo, señalan que, aunque se hubiese dedicado exclusivamente la partida a las casi 500 residencias madrileñas, con ese importe no había ni por dónde empezar. "38 millones para la Comunidad más afectada por el virus es una broma. ¿Dónde está el escudo social del que hablaba Iglesias?", se preguntan en el ejecutivo madrileño. La región destinó el fondo, según afirman, a proyectos sociales de distinta índole de ayuntamientos y de la propia Dirección General de Servicios Sociales.