Los centros penitenciarios gestionados por el Ministerio del Interior registraron el pasado año 63 denuncias relativas a supuestas agresiones cometidas por funcionarios sobre los internos, lo que equivale al 0,12 % de la población reclusa si se toma como referencia el mes en que hubo más presos (50.915 en marzo).

De acuerdo con los datos facilitados a través del Portal de la Transparencia, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene constancia de que en 37 cárceles se registraron durante 2019 denuncias por episodios de presunto maltrato cometidos por los empleados públicos sobre los internos. El dato representa un descenso del 53,84 % respecto a 2018, cuando se contabilizaron 117.

La prisión en la que se registraron más denuncias el pasado año fue la de Estremera (Madrid), que tiene al comisario jubilado José Manuel Villarejo como preso más célebre desde principios de noviembre de 2017. Le siguieron los centros penitenciarios de Sevilla II (5), Puerto III (4) y Ávila, Castellón II, Huelva, León, Málaga II, Palma de Mallorca, Teixeiro (A Coruña) y Valencia con tres cada una.

Completan el listado A Lama (Pontevedra), Álava, Algeciras (Cádiz), Las Palmas II, Navalcarnero (Madrid), con dos denuncias, y Badajoz, Burgos, Cáceres, Jaén, Dueñas (Palencia), Alcalá de Henares (Madrid), Aranjuez (Madrid), Málaga, Menorca, Murcia II, Ocaña I, San Sebastián y Zaragoza con una cada uno.

"Valoramos positivamente este dato porque pone de manifiesto que el número de incidentes regimentales que se produce en el interior de los centros penitenciarios es insignificante en relación con la población reclusa. Y revela que los funcionarios cumplen su cometido diario con arreglo a la norma", destaca el portavoz de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), Nacho Gutiérrez.

Sin "recorrido judicial"

Según las estadísticas de Instituciones Penitenciarias, el número de presos osciló el pasado año entre los 50.915 de marzo y lo 50.129 de diciembre. La tendencia sigue marcando una curva descendente debido a la bajada de criminalidad que se ha producido durante el estado de alarma por la restricción impuesta en los movimientos para controlar el virus y la no celebración de juicios, lo que arroja los datos más bajos de las últimas décadas.

Nacho Gutiérrez recuerda que la mayor parte de los expedientes por supuestas agresiones de funcionarios "no tienen recorrido" judicial y considera que la cifra ha experimentado un descenso tan acusado de un año año porque "los propios internos se están dando cuenta de que denunciar en balde" no conduce a nada.

Invocando dos de los supuestos que prevé la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno como causas de inadmisión, concretamente las tipificadas en el artículo 18.1 b) y c), Instituciones Penitenciarias ha eludido detallar cuántas de las denuncias presentadas por los presos en 2019 iban acompañadas de parte de lesiones.

La prisión madrileña de Estremera, donde está recluido el comisario retirado Villarejo, es la que contabilizó más denuncias con seis

El 1 de julio de 2019, la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social envió una orden de servicio a los directores de todos los centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado en la que les recordaba su obligación de poner en conocimiento del juzgado de guardia la denuncia de cualquier interno que asegure haber sido agredido aunque no consten lesiones.

"El hecho de que la ejecución de la pena privativa de libertad se realice en un contexto cerrado, propio de una institución total, motiva que sea especialmente relevante ejercitar la labor penitenciaria en el respeto más escrupuloso a le legalidad. Ello no sólo por el imperativo legal al que estamos sometidos, sino por erradicar la duda sobre la existencia de posibles abusos y desviaciones de poder por parte de quienes ejercemos una función pública", detallaba el documento.

Tanto si hay parte de lesiones -emitido por los servicios médicos de la cárcel- como si no, los responsables de las prisiones tienen que ponerlo en conocimiento del juzgado de guardia. Aunque no exista dicho parte, el director tiene que "acordar la realización de las actuaciones tendentes a esclarecer" los hechos denunciados y enviar al juez tanto una «copia de lo actuado» como la «declaración del interno».

Queja ante el Defensor del Pueblo

Esta instrucción generó un profundo malestar en la plantilla de Prisiones al entender que puede arrojar sombras ante la ciudadanía sobre el trato que los funcionarios brindan a los reclusos. También en grupos de la oposición. Así, Vox pidió al Defensor del Pueblo que abriera una investigación contra la "arbitraria e ilegal" orden del Ministerio del Interior, que -en opinión del partido liderado por Santiago Abascal- "criminaliza" a los empleados de Instituciones Penitenciarias. 

Lejos de respaldar la tesis de la "criminalización" para los funcionarios, el defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, concluyó que la instrucción era "coherente" con la obligación que tiene la Administración de velar por el respeto a la personalidad humana y los intereses jurídicos de los presos.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han indicado a este diario que la pandemia ha propiciado que se viva el momento de "mayor sintonía" entre presos y funcionarios, como acreditan las cartas de agradecimiento que los internos han enviado en agradecimiento a la atención que han recibido de los empleados para evitar contagios por coronavirus.