El juez del caso Villarejo ha dictado un auto este viernes en el que obliga a Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, a designar a un abogado distinto a Marta Flor Núñez, que comparte con su exjefe en la causa en la que se investiga la aparición de una copia de la tarjeta de un teléfono que le fue robado en casa del comisario en prisión preventiva.

Manuel García Castellón ve "conflicto de interés" en que Iglesias y Bousselham tengan la misma abogada puesto que la situación de ambos es distinta. El juez retiró la condición de perjudicado en esta causa al vicepresidente segundo del Gobierno después de saber que recibió una copia de la tarjeta del móvil de Bousselham en enero de 2016 y no se la devolvió a ésta a pesar de que tenía "fotografías íntimas en su interior". Además, cuando le devolvió el dispositivo electrónico, éste era "inaccesible". Estaba "dañado", según confirmó un informe policial. Recientemente, el instructor ha enviado una comisión rogatoria al Reino Unido para que una empresa a la que se dirigió Bousselham para recuperar el contenido de la tarjeta aclare qué le ocurrió a esta.

Así, el instructor busca indicios de dos presuntos delitos que pudo cometer el líder de Podemos, uno de daños informáticos y otro de descubrimiento y revelación de secretos.

El "perdón" que entiende la Fiscalía

En un informe presentado esta misma semana, la Fiscalía Anticorrupción entendió que Dina Bousselham ha expresado su "perdón" de manera "tácita" a cualquier delito que hubiera podido cometer Iglesias al no entregarle durante meses dicha tarjeta.

La mujer ha cambiado varias veces su versión en sede judicial. Primero afirmó que cuando recibió la tarjeta de manos de Iglesias no pudo ver su contenido pero él le dijo que sí lo había visto. Después, envió una carta, firmada por ella y la abogada Flor Núñez en la que dijo que sí que pudo ver el contenido de la tarjeta cuando se la entregó.

Ahora, el juez requiere a la exasesora del líder de Podemos para que designe un abogado de su confianza ante el "conflicto de interés" por compartir letrado. El magistrado explica que su obligación es garantizar la efectividad de los derechos de quienes acuden al proceso y, en este caso concreto, garantizar la pretensión de Dina Bousselham en su legítimo derecho a ejercer la acción penal y esclarecer el delito.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 señala que en el caso de no nombrar  nuevo abogado, una vez sea firme el auto, se procederá a la designación de uno de oficio.