Pedro Sánchez y siete de sus ministros complementan sus sueldos como altos cargos con la dieta mensual de hasta 1.959,62 euros -sin justificar y exenta de tributación- que abona el Congreso a todos los diputados para sufragar los gastos que les ocasiona la actividad parlamentaria. Varios de los integrantes del Gobierno que se benefician de estos ingresos residen en inmuebles del Estado y todos tienen a su disposición vehículos oficiales para sus desplazamientos.

El régimen económico que regula las retribuciones de los diputados prevé una indemnización mensual fija para "cubrir los gastos" que genera la actividad de la Cámara y que se suman al sueldo base (3.050,62 euros) y al complemento que les corresponda en función del cargo que desempeñen (entre 3.337,60 y 756,27 euros). En la actualidad, la cuantía de dicha dieta es de 1.959,62 euros para los parlamentarios que se presentaron a las últimas elecciones generales por circunscripciones distintas a la de Madrid y de 935,37 euros para los que concurrieron por dicha provincia.

Entre los perceptores de esa asignación se encuentran Pedro Sánchez, los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, y los ministros José Luis Ábalos (Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), María Jesús Montero (Hacienda), Irene Montero (Igualdad), Yolanda Díaz (Trabajo y Economía Social) y Alberto Garzón (Consumo). Cuatro del PSOE y otros cuatro de Unidas Podemos.

De los ocho, a cuatro (Ábalos, María Jesús Montero, Díaz y Garzón) les corresponden 1.959,62 euros mensuales al haber obtenido sus actas de diputado por circunscripciones diferentes a la de Madrid, concretamente por Valencia, Sevilla, Pontevedra y Málaga (siguiendo el mismo orden). Ello supone un desembolso anual de 138.959,52 euros.

"La indemnización por los gastos originados por el ejercicio de la función se abona a todos los diputados por su condición de parlamentarios, independientemente de otras consideraciones, diferenciada según la circunscripción por la que han sido elegidos", ha respondido la Secretaría General del Congreso en dos respuestas a peticiones de información tramitadas por este redactor a través de su Portal de Transparencia. A la luz de los hechos, una de esas "consideraciones" es formar parte del Gobierno.

La renuncia de Odón Elorza

En su artículo 8.2, el Reglamento de la Cámara Baja consagra el derecho de los diputados a percibir "las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función". La ordenanza no establece que dicho cobro sea "irrenunciable", como sí detalla de forma expresa la del Senado (artículo 23).

Que no hay obstáculo legal para renunciar a dicha dieta lo ha demostrado durante el estado de alarma el diputado por Gipuzkoa Odón Elorza (PSOE), que pidió no percibir los 1.959,62 euros en la nómina de abril debido a que el confinamiento le impedía desarrollar la actividad parlamentaria y en consecuencia no incurriría en gastos al no tener que desplazarse a Madrid. "Razones de ética, en una decisión personal, ya me llevaron a solicitarlo a la presidenta del Congreso el 14 y 21 de marzo", explicó Elorza en su perfil oficial en Twitter.

El resto de diputados y senadores socialistas sí cobraron dicha asignación, pero, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la ejecutiva federal del partido el pasado 11 de mayo, la donaron (unos 380.000 euros) al Instituto de Salud Carlos III de Madrid para ayudar a sufragar proyectos de investigación en torno a la covid-19. El grupo de Unidas Podemos, por su parte, pidió que los parlamentarios renunciaran al 50 % del sueldo para luchar contra el coronavirus durante el confinamiento. 

Algunos de los diputados que perciben esta dieta mensual tienen cubiertos por su condición de alto cargo el alojamiento y la manutención, caso de Pedro Sánchez al residir en el Palacio de La Moncloa. La cuestión es qué gasto le supone la actividad parlamentaria al presidente del Gobierno y a otros ministros-diputados que viven en residencias del Estado y disponen de vehículo oficial. Si existe tal coste se estaría produciendo en la práctica una discriminación, por cuanto el resto de integrantes del Ejecutivo no percibe compensación alguna y también tienen que acudir a las cámaras legislativas a rendir cuentas.

El Reglamento del Congreso no establece que el cobro de esta indemnización mensual sea "irrenunciable", como ha evidenciado Odón Elorza

"No es una dieta ni una indemnización por desplazamientos o alojamiento, es una indemnización por el propio ejercicio de la función, que cobran de oficio todos los diputados, incluidos los que son miembros del Gobierno, también en anteriores legislaturas", comentan a este diario fuentes de un Ministerio cuyo titular no cobra dicha asignación en este momento. La justificación ofrecida es que es un derecho legal y que se mantiene desde hace lustros.

Durante el pasado mandato, 14 de los 17 ministros percibieron esta indemnización entre el 21 de mayo de 2019 -una vez constituidas las Cortes tras las elecciones celebradas el 20 de abril- y el 24 de septiembre, cuando se disolvieron al no haber podido formar gobierno Pedro Sánchez y convocar nuevos comicios para el 10 de noviembre. Sólo Josep Borrell (Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación), Nadia Calviño (Economía y Empresa) y María Luisa Carcedo (Sanidad, Consumo y Bienestar Social) no cobraron esta asignación al no tener acta de diputado.

Uno de los ministros que sí disfrutó de dicha asignación fue Fernando Grande-Marlaska. El ministro del Interior obtuvo escaño el 20-A por Cádiz, circunscripción con la que no tenía escasa relación. Tras sacarlo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pedro Sánchez mandó de paracaidista al juez bilbaino a esta provincia para garantizarse que sacaba escaño.

Grande-Marlaska, 'paracaidista' en Cádiz

Con un sueldo bruto anual de 84.443,40 euros (incluida la cantidad equivalente a los diez trienios que acumula como funcionario público), Grande-Marlaska ha cobrado unos 12.500 euros del Congreso como indemnización por gastos durante las dos etapas en las que ha sido parlamentario: del 21 de mayo al 24 de septiembre de 2019 y del 3 de diciembre de 2019 al 21 de febrero de 2020, cuando renunció y lo sustituyó Gemma Araujo. Y ello mientras residía en una vivienda del Estado y disponía de coche oficial como en la actualidad.

Su antigua número dos, Ana Botella, también percibió esta asignación durante cinco meses y medio al compaginar su cargo de Secretaria de Estado de Seguridad con su condición de parlamentaria por Valencia. En total, unos 10.000 euros.