El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha advertido a Javier López Andreo, socio responsable de Forensic en España de la consultora PriceWaterHouseCoopers (PwC), de que si no aporta toda la documentación del informe interno realizado sobre las contrataciones del BBVA a la empresa Cenyt del comisario investigado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2017, puede incurrir en desobediencia.

López Andreo ha acudido a declarar como testigo y perito de la investigación interna encargada por el banco a los despachos Uría Menéndez y Garrigues con la supervisión de la consultora. El instructor le ha requerido que aporte "toda" la documentación manejada hasta ahora y entregada por el BBVA. El experto se ha escudado en el "secreto profesional" para justificar el retraso en la entrega de dicha documentación, lo que tanto el fiscal como el instructor entienden que está ralentizando la investigación en la que están investigados tanto el expresidente del BBVA, Francisco González, como el banco como persona jurídica.

En distintos momentos de su declaración durante la mañana de este lunes la tensión se vivió en la sala. Uno de los fiscales llegó a afirmar que hay una "manipulación por parte del BBVA" para que los datos del forensic sean "exculpatorios para el propio banco", según trasladan fuentes jurídicas presentes en la declaración a El Independiente, quienes recuerdan también que el secreto profesional al que ha aludido López Andreo sólo protege a abogados y periodistas en una investigación penal.

El juez instructor ha advertido al testigo de que su condición puede cambiar a la de investigado si no colabora con la instrucción en la que se busca aclarar los términos de las contrataciones del banco a la empresa privada de Villarejo cuando aún estaba en activo en la Policía, así como si desde la entidad se conocía que éste utilizaba métodos ilegales para elaborar sus dosieres de investigación para el banco.

En dicha piez del caso Tándem se investiga a Villarejo, a su socio Rafael Redondo y a otros exmiembros de la Policía por acceder a datos confidenciales, entre otros de compañías telefónicas, para espiar a empresarios que se consideraban rivales potenciales de Francisco González. Entre ellos se encontrarían Luis del Rivero o Miguel Sebastián, exasesor del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, de quienes el expresidente del BBVA habría sospechado que querían hacerse con el poder del consejo de administración del banco y de ahí que encargara el primer informe de seguimiento (finales de 2004) que recayó en la empresa del comisario todavía en activo.

El exjefe de Seguridad del BBVA Julio Corrochano, también investigado, encargó a Villarejo los seguimientos a estas personas. Los fiscales Anticorrupción consideran que Corrochano "dio cuenta" a Francisco González de los trabajos que fue haciendo Villarejo para el banco, a pesar de que él sostuvo cuando declaró como investigado que ni siquiera sabía quién era Villarejo y que no intervenía en los contratos menores del banco.