El Gobierno escucha a las eléctricas y maniobra para evitar un bajón de las inversiones de las compañías en plena crisis del Covid-19. El Ministerio para la Transición Ecológica ha incluido en el macrodecreto de impulso de las renovables aprobado este martes –al menos parcialmente- la petición expresa del sector de levantar topes legales para permitir adelantar inversiones millonarias en redes eléctricas como punto de lanza de la reactivación económica y el empleo, y para hacer posible la entrada masiva de nuevas renovables.
Las empresas distribuidoras, tanto las grandes eléctricas agrupadas en la patronal Aelec (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo) como las pequeñas compañías, habían trasladado al Gobierno su disposición de adelantar inversiones en sus redes para apuntalar la reactivación económica.
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Las eléctricas calculan que podrían elevar hasta los 9.000 millones de euros las inversiones en los próximos tres años, elevando en 2.000 millones el paquete inversor que actualmente se plantean, según fuentes del sector conocedoras del plan. Esto es, las distribuidoras quieren elevar el ritmo inversor de los cerca de 2.300 millones de euros cada año ahora contemplado hasta los 3.000 millones anuales.
Las eléctricas presionaban al Gobierno para que eliminara la obligación de que las inversiones en redes de distribución no puedan superar el 0,13% del PIB nacional (en el caso de la red de transporte, gestionada por REE, el tope es del 0,065% del PIB). Sobre todo, cuando para este año se avecina una debacle que tumbará la economía y que puede acabar con un desplome de más del 11% del PIB, lo que haría que las inversiones en redes, en vez de poder elevarse, descendieran en plena crisis.
El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, ha incluido en el real decreto un ajuste excepcional y temporal de los porcentajes de PIB por los que se rigen la inversión máxima que se dedica a redes de transporte y de distribución entre 2020 y 2022. “De esta manera, se podrá mantener el ritmo inversor previsto originalmente, antes de la crisis del Covid-19, acometer las actuaciones necesarias para la integración de la nueva generación renovable”, explican desde el Ministerio.
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El límite de inversión en las redes de distribución pasa del 013% al 0,14% del PIB previsto por el Gobierno para cada uno de los tres años, y en el caso de la red de transporte se eleva de 0,065% al 0,075% del PIB. Asimismo, y con el fin de incrementar el nivel de interconexiones de la red de transporte con otros países, sin que esto suponga una restricción a las inversiones necesarias en la red del interior de España, durante el periodo 2021-2026 en el cálculo del volumen anual de inversión sujeto a la limitación de cantidad de la red de transporte no se computará el volumen de inversión motivado por interconexiones internacionales.
Con los cambios, el Gobierno atiende así en parte las peticiones de las eléctricas, que pedían elevar el ritmo inversor no mantenerlo en la situación previa a la crisis y que el plazo que contemplaban para adelantar las inversiones lo ampliaban hasta 2023.
Las compañías subrayan que se trata de inversiones que van a tener que hacer en la próxima década para la digitalización de las redes y para adaptarlas al boom de nuevas renovables que ya ha arrancado, y que lo que ofrecen al Gobierno es anticipar parte de esas inversiones para ayudar a la recuperación. Las compañías han encargado a Deloitte que elabore un estudio sobre el impacto macroeconómico de la inversión en redes que se presentará próximamente y que contempla inversiones de entre 29.000 y 34.000 millones hasta 2030 y la creación de 40.000 empleos, según adelantó El Economista.
No obstante, hay que tener en cuenta que el de la distribución es un negocio regulado y la retribución que reciben las compañías por sus redes se paga a través del recibo de la luz. Lo que se retribuye es precisamente las inversiones realizadas en esas redes: cuanto más invierten, más cobran las compañías. Y por eso el montante de las inversiones permitido también está regulado y cuenta con topes legales establecidos.
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La semana pasada, en la cumbre empresarial de la CEOE para diseñar la recuperación económica, los presidentes y CEO de las grandes eléctricas reclamaron públicamente estos cambios legislativos. “Un incremento significativo de la inversión en redes de distribución podría generar hasta 40.000 puestos de trabajo en España”, subrayó Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, vinculando ese incremento con “la eliminación del límite máximo de inversión del 0,13% del PIB que tenemos en nuestra legislación”.
En el mismo sentido se pronunció Miguel Antoñanzas, presidente de Viesgo -ahora totalmente volcada en el negocio de la distribución-, que subrayó los planes del grupo de duplicar su inversión en redes en 10 años, hasta superar los 1.000 millones de euros. Un plan condicionado a que se remueva el principal obstáculo, el tope del 0,13% del PIB. «Pedimos que sea eliminado o ajustado con planes de inversión específico en coordinación con las comunidades autónomas», apuntó Antoñanzas.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) aprobó el pasado diciembre la circular que regula la retribución de las redes de distribución de electricidad para el periodo 2020-2025, con la que recortó los ingresos regulados de las compañías un 4,5%. Esto es, las distribuidoras cobrarán unos 250 millones de euros menos al año, unos 1.500 millones menos en el sexenio.
En la tramitación de la circular las eléctricas ya intentaron que se eliminara el tope de inversiones ligado a la evolución del PIB, y la propia CNMC valoró vincular las inversiones a la demanda y a la entrada de nuevas renovables. Finalmente el tope en función del PIB español se mantuvo tras el choque entre la CNMC y el Gobierno, que apostaba por esta fórmula. Ahora, tras la debacle económica provocada por la pandemia, el Ejecutivo da marcha atrás y reconduce su posición.
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