Finalmente, el texto que presentan PSOE y Podemos como propuesta conjunta para la comisión de reconstrucción social y económica, al que ha tenido acceso El Independiente, tiene más significado por lo que elude que por lo que incluye. Porque en el capítulo referido a la fiscalidad, bajo el título "Política Fiscal y efeciencia del Gasto Público", nada se dice del llamado "impuesto a los ricos" o "tasa Covid".

En este sentido, señalan que "nuestra política fiscal habrá de avanzar en términos de mayor capacidad recaudatoria, con una menor distancia entre los tipos impositivos nominales y los efectivos, pero una mayor capacidad recaudatoria también guiada bajo criterios de progresividad, en línea con lo marcado por el artículo 31 de la Constitución".

Y habrá de ser una fiscalidad mejor adaptada y acorde a la realidad económica, tecnológica, social y de transición ecológica en la que vivimos, dice el texto. Una fiscalidad, por tanto, "más justa y redistributiva, para asegurar que los beneficios del crecimiento económico redunden en el conjunto de la ciudadanía, pero más en quienes más lo necesiten".

Apelan, en una especie de exposición de motivos, a "una mayor igualdad y prosperidad a través de un Estado de bienestar sólido, con unos servicios públicos de calidad que permitan eliminar la brecha social que ha generado la crisis sanitaria por la COVID-19, pues esta afecta en mayor medida a los colectivos más vulnerables". En definitiva, una fiscalidad "comprometida también con la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio y largo plazo, en un contexto de avance en la armonización fiscal con la Unión Europea". 

Por ello es preciso actuar, dicen PSOE y Unidas Podemos, tanto en el corto como en el medio plazo, con el objetivo de reformar nuestro sistema fiscal con un único objetivo, esto es, "garantizar la pervivencia y la solidez de nuestro sector público, especialmente fortalecer nuestro gasto público social". 

Pero en sus propuestas de Resolución no aparece el llam<ado impuesto a los ricos. Proponen, en primer lugar, "reducir la brecha fiscal con Europa" por entender que nuestro país tiene unos ingresos fiscales sobre PIB más de siete puntos por debajo de la media de la Zona Euro. Esto supone decenas de miles de millones de euros cada año que no se pueden invertir en fortalecer nuestro estado del bienestar o nuestro modelo productivo. Para reconstruir social y económicamente nuestro país, es indispensable reducir esta brecha. 

Avanzar en la seguridad jurídica, certidumbre y progresividad de nuestro sistema fiscal"

El segundo punto es "avanzar en la seguridad jurídica, certidumbre y progresividad de nuestro sistema fiscal", de manera que permita mejorar la capacidad de recaudación en términos de justicia fiscal y capacidad de pago de los contribuyentes (tanto para personas físicas como jurídicas), con el fin de que aporten más quienes más tienen para que reciban más quienes más lo necesitan. 

Abogan por una fiscalidad verde, según las recomendaciones de la Unión Europea y por fortalecer la prevención y lucha contra el fraude fiscal, especialmente el relacionado con las grandes fortunas y la economía sumergida, en cooperación entre administraciones, tanto a escala nacional como internacional. Una lucha contra el fraude fiscal que a medio plazo sirva para un mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. 

Asimismo, creen necesario establecer mecanismos de evaluación de las políticas públicas y de sus resultados, mediante un Plan de Acción de la AIReF para la revisión del gasto público , que permitan mejorar la eficiencia del gasto público y estudiar en el marco jurídico vigente la posibilidad de permitir a entidades locales saneadas y con bajo nivel de deuda el uso de parte de su superávit o remanente de tesorería en la aplicación de medidas concretas, de destinar además a los ayuntamientos una parte de los fondos europeos. 

Fuentes socialistas señalan que este y otros los otros tres acuerdos en materia de políticas sociales, Sanidad y Unión Europea "responden a las necesidades de paliar las consecuencias del Covid-19" y están en linea no solo con las directrices de diferentes consejos europeos sino con el acuerdo programático del gobierno de coalición, donde no se hablaba del impuesto a los ricos. Además, se han enviado al resto de as fuerzas parlamentarias "con la voluntad de alcanzar acuerdos" en la reunión de hoy de la comisión d reconstrucción.