El reparto de los 247 millones de euros correspondientes al tercer tramo de la equiparación salarial entre guardias civiles y policías nacionales amenaza con convertirse en el próximo frente para Grande-Marlaska, cuya reprobación ha planteado este miércoles el PP en el Congreso tras desatar la mayor crisis en el instituto armado en las últimas décadas con la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid en plena investigación judicial del caso 8-M.

Las posturas de ambos Cuerpos sobre la distribución del dinero son irreconciliables y ello obligará al ministro o a su número dos a imponer el criterio ante la imposibilidad de que las dos partes alcancen una solución consensuada sobre el porcentaje a repartir.

El secretario de Estado de Seguridad podrá conocer en primera persona esas diferencias el próximo 1 de julio. Rafael Pérez ha convocado ese día la celebración de la comisión de seguimiento del acuerdo para la equiparación salarial, en la que los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil presentarán sus "propuestas para la efectividad del pago de la tercera anualidad". Así se detalla en el orden del día de la reunión, que se desarrollará a partir de las 9.30 horas en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad (sita en la localidad madrileña de El Pardo).

Los representantes de los guardias civiles reclamarán que vuelva a aplicarse el criterio de 2018, cuando ellos recibieron el 59 % de los 310 millones que se repartieron entonces. También plantearán que se les devuelvan los 4,3 millones que se les detrajo el pasado año en el abono del segundo tramo al rebajarles el porcentaje un 1,72 % en favor del Cuerpo Nacional.

Para sustentar esta petición, la gran baza de las asociaciones profesionales será las conclusiones del informe de la consultora que el Ministerio del Interior contrató para comparar las retribuciones y empleos con los Mossos d'Esquadra. Ernst&Young Abogados aboga por mantener el criterio de 2018, lo que supondría que los agentes del instituto armado recibirían 145,7 de los 247 millones.

Los guardias civiles también reivindicarán el desembolso de los 100 millones de euros que el acuerdo firmado en marzo de 2018 con el ministro Juan Ignacio Zoido (PP) estipulaba para "incentivar el reingreso del personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada al servicio activo" y que se cumpla el resto de cláusulas firmadas, como la que comprometía a Interior a impulsar las "medidas legislativas" necesarias a fin de evitar que la brecha salarial con las policías autonómicas se reprodujera en el futuro.

El ministro tendrá que decidir cómo se distribuyen los 247 millones entre Policía y Guardia Civil ante la falta de entendimiento

Por su parte, el planteamiento de mínimos con el que los cuatro sindicatos policiales firmantes del acuerdo (SUP, CEP, SPP y UFP) acudirán a la comisión general de seguimiento pasa por mantener el 42,72 % de la segunda anualidad (en lugar del 41 % de 2018), al entender que con dicho porcentaje se respondería mejor al desequilibrio salarial actual.

Las exigencias de algunas de las organizaciones son mayores. Es el caso de la Unión Federal de Policía (UFP), que defenderá un reparto del 53-47%. Esa distribución es muy similar a la que resultaría si el criterio que se tuviera en cuenta fuera exclusivamente el número de efectivos que integra cada Cuerpo (53,5-46,5%).

En el argumentario de los sindicatos sobresaldrán dos razonamientos para justificar dicha posición. De un lado, que el cálculo de la equiparación no ha tenido en cuenta el pago en especie que suponen los pabellones o viviendas que la Guardia Civil pone a disposición de una parte de su plantilla -33.843 según la UFP- y que si se contabilizaran haría disminuir la cantidad que le corresponde a este Cuerpo.

Y, de otro, que no se puede dar por buena la conclusión del informe de la consultora respecto a cómo debe repartirse el dinero cuando las asociaciones profesionales reniegan del resto del trabajo por no haber dado respuesta al objetivo previsto: ni se ha realizado una comparación 'puesto a puesto', ni Ernst & Young ha tenido plena libertad para calcular el coste de la equiparación "total y absoluta" al tener que ceñirse a los 807 millones comprometidos en 2018.

"Después del follón que ha habido en la Guardia Civil tras el cese de Pérez de los Cobos, mucho me temo que el ministro se terminará inclinando a la hora del reparto por favorecerlos a ellos para así contentarlos", declara a este diario un dirigente de uno de los sindicatos firmantes.

Sin móviles por "confidencialidad"

Éstas serán las posturas que se defenderán en la reunión del próximo 1 de julio, a la que los representantes de los policías y guardias civiles tendrán que acudir sin teléfonos móviles ni dispositivos electrónicos -como en citas anteriores- a fin de "mantener la confidencialidad" de lo que se hable. A la entrada se habilitarán unos casilleros para que se depositen los terminales.

El pasado 26 de mayo, en pleno estado de alarma y en medio de la tormenta que provocó la destitución de Pérez de los Cobos, el Consejo de Ministros acordó el desbloqueo de los 247 millones de euros del tercer tramo al incluirse una disposición adicional en un decreto-ley con medidas para paliar los efectos de la covid-19 que excluye "las medidas necesarias para la aplicación del acuerdo" de equiparación salarial de la limitación de gasto establecida en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

Interior convoca el 1 de julio a sindicatos y asociaciones para que propongan cómo realizar el reparto del tercer tramo

Un mes después del anuncio, Grande-Marlaska sigue sin concretar en la nómina de qué mes su departamento tiene previsto abonar el dinero a los agentes, si bien se da por seguro que no será ya antes de septiembre. Sea cuando sea, el pago tendrá efecto retroactivo a 1 de enero. Será "en breve", afirmó el titular de Interior la pasada semana en el Senado.

No es la única incógnita que queda por despejar. Una vez que se decida qué porcentaje de los 247 millones corresponde a Guardia Civil y Policía Nacional, cada Cuerpo tendrá que decidir a su vez cómo distribuye el dinero entre sus efectivos. Si se respeta el criterio de la consultora, no se haría de manera lineal, ya que esa fórmula "no reflejaría las diferencias actuales por categoría".

Existe otra duda no resuelta. Después de que el Consejo de Estado dictaminara en marzo de 2019 que los acuerdos asumidos por el Ejecutivo del PP "no le vinculan jurídicamente", ¿respetará el equipo de Grande-Marlaska el resto de cláusulas firmadas por su antecesor o, por el contrario, dará por ejecutado el acuerdo con el abono de los últimos 247 millones? El ministro no ha dado respuesta aún a esa pregunta.