La 'nueva normalidad' empieza a instalarse también en los centros penitenciarios. Desde este jueves, los centros penitenciarios dejarán de aplicar algunas de las restricciones adoptadas a mediados de marzo para tratar de evitar la propagación del coronavirus y volverán a autorizarse los vis a vis más de 100 días después.

La Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social -dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias- ha enviado hoy un oficio a las direcciones de las prisiones en el que detalla el levantamiento de las limitaciones que se aplicaban desde hace tres meses. En concreto, se dejará sin efecto a partir del 6 de julio la restricción de utilizar tan sólo la mitad de los locutorios y se autorizarán progresivamente las comunicaciones, primero las íntimas o vis a vis, luego las familiares y por último las de convivencia.

Interior aplicará las mismas indicaciones sanitarias y las mismas obligaciones que las prescritas para la población en general, como el uso de mascarillas, el matenimiento de la distancia de seguridad, la desinfección de superficies, el lavado constante de manos son soluciones higienizantes. También se deberá evitar acudir al centro penitenciario si se presentan síntomas. 

En paralelo, se refuerzan otras medidas con las que se pretende dificultar que el virus entre en las cárceles. Así, las personas que deseen llevar a cabo una comunicación con un recluso tendrá que firmar y entregar una declaración responsable comprometiéndose a respetar las medidas de prevención y a no acudir al centro penitenciario en caso de estar contagiado o de presentar síntomas compatibles con la covid-19. Interno y visitante deberán portar mascarilla tanto para entrar como para salir.

Los familiares que visiten a los reclusos deberán firmar una declaración responsable de que no están contagiados

En el caso de las comunicaciones familiares, el número de participantes tendrá que ajustarse a las dimensiones de la sala, de modo que se pueda garantizar la distancia mínima de un metro y medio. "En la medida de lo posible se valorará y priorizará la utilización de espacios abiertos, amplios y bien ventilados, donde el riesgo de transmisión de covid-19 se ha demostrado mucho menor", detalla la instrucción, a la que ha tenido acceso El Independiente.

En aplicación del Reglamento Penitenciario, todas las personas que ingresen en prisión deberán ser examinadas "a la mayor brevedad" (24 horas) por el médico, que podrá decidir su permanencia en observación médica si tuviera sospecha de que el interno puede estar contagiado. Por razones sanitarias, la normativa permite que la estancia pueda prolongarse en el departamento de ingresos.

En el caso de los reclusos que disfruten de permisos de salida, la orden es que se respeten las medidas de prevención que fije la comunidad autónoma en la que se encuentre el centro y en la que resida el interno durante esos días. Con todo, Instituciones Penitenciarias insta a que los regresos se programan en días laborales y durante la jornada ordinaria de trabajo, a fin de que pueda ser atendido por personal sanitario de la prisión en caso de detectarse síntomas y que éste pueda proponer medidas.

La instrucción de Instituciones Penitenciarias deja claro que se mantendrán las videollamadas, una medida implantada durante el estado de alarma para paliar la suspensión de las visitas y que el Ministerio del Interior regulará próximamente.

El oficio enviado este jueves insta a las direcciones de los centros a mantener un "contacto fluido y directo" con los responsables sanitarios de la autonomía en la que se encuentra la prisión y advierte de que las actuaciones de retorno a la actividad normal "podrán ser revocadas" en el caso de que la situación sanitaria o epidemiológica lo aconsejara. En ese caso se volvería a "fases previas".

La videollamada, implantada por Interior durante el estado de alarma, se mantendrá en la nueva situación

De esta forma, las cárceles volverán poco a poco a la 'nueva normalidad' después de más de tres meses. El pasado 15 de marzo, tras la entrada en vigor del decreto del estado de alarma, el Ministerio del Interior suspendió las comunicaciones que no fueran por locutorio y los permisos de los internos, incrementándose el número de llamadas telefónicas para compensar dicha situación e introduciéndose las videollamadas. Fue días después de que Instituciones Penitenciarias hubiera restringido inicialmente el acceso a los establecimientos de Madrid, Álava, Logroño, Ocaña (Toledo), Burgos y Dueñas (Palencia), al detectarse focos importantes en dichas provincias.

Según Instituciones Penitenciarias, las medidas adoptadas y la "labor didáctica de los equipos directivos, de tratamiento y de los funcionarios de vigilancia" han posibilitado la "práctica ausencia de incidentes graves relacionados con la pandemia" y que la afectación dentro de las cárceles haya sido "cuatro veces inferior" a la registrada en la población en general.

84 reclusos contagiados

La limitación se llevaba a cabo después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hubiera declarado la pandemia por la covid-19 y se traducía en que sólo podrían llevarse a cabo las comunicaciones ordinarias en locutorios separados por una mampara de cristal. Asimismo, se suspendieron las autorizaciones de entrada a voluntarios de ONG, entidades colaboradoras y profesionales acreditados para el personal no penitenciario que accediera a la prisión fuera el estrictamente necesario, al tiempo que se cancelaron las salidas programadas y los traslados intercentros que no obedecieran a "razones excepcionales, sanitarias o judiciales".

Según datos de Instituciones Penitenciarias, tan sólo se han contabilizado 84 casos entre las cerca de 50.000 personas que custodian las prisiones gestionadas por la Administración General del Estado, de los que 76 ya han recibido el alta médica definitiva. Asimismo, dos internos de Estremera han fallecido y cuatro funcionarios que prestaban servicio en Alicante (Cumplimiento), Cuenca, Soria y Teruel.