'Caso Dina': una tarjeta de móvil, varias versiones y 10 protagonistas

La publicación de unos mensajes del equipo jurídico de Podemos en los que la abogada Marta Flor Núñez -representante de Pablo Iglesias hasta este jueves- trasladó a sus compañeros posibles filtraciones por parte del fiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa a la formación morada, acusación popular de la causa de la Audiencia Nacional, ha tenido consecuencias tanto para la letrada y puede tenerlas para el fiscal.

En dichos mensajes, desvelados por El Confidencial, Flor Núñez se refirió a Stampa con el sobrenombre de 'Ironman' y comentó a sus compañeros, entre otras cosas, que éste le informó de los primeros pasos de la investigación sobre la aparición en casa del comisario ya jubilado José Manuel Villarejo de un volcado del móvil cuyo robo denunció a finales de 2015 Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo. Esas conversaciones se habrían producido antes incluso de que el juez Manuel García-Castellón desgajara del caso Tándem la pieza separada en la que se investigan estos hechos.

Como informó este diario, la defensa de Villarejo defiende que los dos fiscales del caso tienen que ser apartados del procedimiento si se demuestra que filtraron datos de la investigación a Podemos. De momento, la Fiscalía General ha anunciado que abrirá una investigación interna "en orden a la comprobación de las informaciones publicadas" que aluden a los fiscales del caso (principalmente a Stampa) e Iglesias ha sustituido a Marta Flor Núñez por otro abogado, Raúl Maíllo, que ha recurrido en su nombre la decisión del juez de retirarle la condición de perjudicado en la investigación.

El Ministerio Público también aclaró este viernes que en marzo abrió un expediente a Stampa tras denunciar una particular su presunta "relación íntima" con Flor Núñez y la incidencia que ésta pudiera tener en el curso de la investigación del caso Villarejo. En aquél momento, la investigación se archivó "al no tenerse constancia de la existencia de vínculos causantes del deber de abstención del fiscal", según trasladó la Fiscalía.

A la espera de que termine esa investigación, los cambios de versiones por parte de Bousselham y la sospecha de que Ignacio Stampa pudo filtrar información reservada a la acusación popular que ejerce Podemos ha puesto esta semana el foco en esta pieza del caso Tándem con múltiples protagonistas.

• Manuel García-Castellón, el juez. El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional instruye la macrocausa contra la "red mafiosa policial" presuntamente liderada por Villarejo. Abrió la pieza de investigación Dina en esta causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Bousselham había declarado previamente ante los agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional que encontraron en casa de Villarejo un volcado de su móvil, cuyo robo denunció en noviembre de 2015. En julio de 2016, cuando Okdiario publicó pantallazos de mensajes que contenía el teléfono, amplió la denuncia. El juez abrió la investigación, en un primer momento secreta, para investigar en la línea de que Villarejo pudo estar detrás del robo y la filtración de dichos mensajes a la prensa para perjudicar a Podemos. De ahí que ofreciera a Pablo Iglesias figurar como perjudicado. Tras comprobar (por distintos informes policiales) que el líder de Podemos recibió una copia de la tarjeta del móvil de Bousselham y no se la entregó a ésta hasta pasados al menos cinco meses -aunque pudieron ser hasta 36- y se la devolvió dañada, cambió el rumbo de la investigación. Ahora reúne indicios porque considera que Iglesias pudo cometer dos delitos de daños informáticos y revelación de secretos. A Bousselham le ha reforzado la protección al entender que cambió de versión varias veces para proteger a su antiguo jefe y obligó a que dejara a su abogada, Marta Flor, al ver conflicto de intereses por compartirla con Iglesias. En cuanto a la Fiscalía Anticorrupción, el juez ha reprochado a los dos representantes querer "exculpar" a Iglesias al entender que Bousselham le había trasladado su "perdón tácito" por no devolverle antes la tarjeta y entregársela dañada. La distancia entre el instructor y los fiscales del caso en esta pieza de investigación se ha agudizado con la publicación de las últimas informaciones.

• Dina Bousselham, la perjudicada. Fue asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo. Desde hace unos meses dirige Última Hora, un medio de comunicación pro-Podemos que el partido ha promocionado desde todas sus plataformas. En este momento es la única perjudicada de la causa en la que se investiga a Villarejo por atesorar información confidencial suya y de su pareja, Ricardo Sa Ferreira, además del volcado de la tarjeta del móvil que denunció. Ella misma reconoció ante el juez que hizo pantallazos a las conversaciones de Podemos que se publicaron en prensa el verano de 2016 y las compartió con terceras personas. Este hecho, para el juez, "debilita" la posibilidad de que Villarejo fuera quien filtró a Okdiario los mensajes que afectaban principalmente a Pablo Iglesias. También ha cambiado la versión sobre el estado en que el líder de Podemos le entregó la copia de la tarjeta de su móvil. Primero dijo que no pudo abrirla porque estaba dañada y después que sí.

• Ignacio Stampa, el fiscal. Es uno de los dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción en todas las piezas del caso Villarejo, que ya alcanzan casi la treintena, junto con Miguel Serrano. La investigación interna del Ministerio Público abordará si, como se ha publicado, los fiscales filtraron información reservada de la causa a Podemos. La situación más comprometida es la de Ignacio Stampa, al que los mensajes que se han publicado esta semana apuntan como presunto filtrador. En octubre del año pasado, el abogado despedido del equipo jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, denunció ante el partido presuntas "relaciones íntimas" entre este fiscal y Marta Flor Núñez que podían perjudicar a la investigación sobre el robo del móvil de Dina Bousselham.

• Marta Flor Núñez, la abogada. Formaba parte del equipo jurídico de Podemos hasta agosto de 2019, cuando fue apartada precisamente por decisión de la coordinadora jurídica del partido, la diputada Gloria Elizo, al entender que los términos en los que hablaba en sus mensajes sobre el fiscal Stampa podían complicar la situación de la acusación popular del caso. Después siguió representando legalmente tanto a Pablo Iglesias como a Dina Bousselham, hasta que el vicepresidente segundo del Gobierno cambió de abogado este jueves. Fue después de que el juez Manuel García-Castellón considerara que la letrada no podía dirigir la defensa de Bousselham y de su antiguo jefe.

• José Manuel Calvente, el denunciante. También miembro del equipo jurídico de Podemos, fue expulsado después de recibir una denuncia por presunto acoso laboral y sexual por parte de Marta Flor Núñez. La juez de Madrid Rosa María Freire investiga los hechos denunciados por Núñez y que Calvente niega. Él mantiene que el despido fue la respuesta disciplinaria del partido por investigar presuntas irregularidades económicas en la organización. En dicha causa, el denunciado ha incorporado parte de los mensajes intercambiados entre la abogada y el fiscal del caso Villarejo para tratar de demostrar que, como él considera, puso en peligro la investigación de dicha macrocausa al anteponer sus intereses personales a los del partido. Calvente denunció estos hechos ante el secretario de organización de Podemos, Alberto Rodríguez, en octubre de 2019. No figura en la causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

• José Manuel Villarejo, el policía. El comisario ya jubilado, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, es uno de los investigados en esta pieza. Entre el material intervenido por los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía tras su arresto se encontraba un volcado de la tarjeta móvil de Dina Bousselham, lo que llevó a pensar en un principio que el antiguo agente encubierto estaba detrás del robo del móvil a la ex asistente de Iglesias y que fue él quien filtró a Okdiario los pantallazos que publicó el periódico que dirige Eduardo Inda. La investigación ha dado un giro tras conocerse que Bousselham había compartido mensajes en un grupo y que Iglesias tuvo una copia antes que Villarejo. Éste niega tener nada que ver y achaca la denuncia a una "utilización política". Para sustentar su tesis, recuerda que Anticorrupción pidió el 21 de marzo de 2019 la citación como perjudicado de Pablo Iglesias y dos días después -antes de que el juez lo acordara- dejó entrever en un mitin celebrado en la plaza del Museo Reina Sofía de Madrid que sería llamado a declarar. "¿Desde cuándo se lleva investigando este asunto para que casualmente se le ofrezca ahora a Pablo Iglesias comparecer como perjudicado? ¿Por qué sabía él a su vuelta a la actividad política –en el mitin de la plaza del Reina Sofía– que iba a ser llamado si la causa estaba secreta? ¿Esto no les parece llamativo y vergonzoso?", preguntó Villarejo en un comunicado enviado desde la cárcel en abril de 2019. Su defensa analiza ahora los mensajes que se están publicando sobre la presunta relación entre la antigua abogada de Iglesias y uno de los fiscales del caso antes de decidir si pide que se aparte del caso a los dos representantes del Ministerio Público.

• Pablo Iglesias, el político. "Desde aquí voy a reiterar el compromiso de nuestra formación política con la ley, con las instituciones y con limpiar nuestra democracia de basura". El 27 de marzo de 2019, en vísperas de que arrancara la campaña electoral del 20-A, Pablo Iglesias compareció ante el juez García-Castellón como perjudicado en la piza Dina, donde su partido ya estaba ejerciendo la acusación popular. El líder de Podemos enmarcó el robo del móvil de su antigua colaboradora en una operación de la ‘policía patriótica’ que buscaba desestabilizar a su formación en un momento en el que las encuestas le sonreían. "Una de las mayores vergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a políticos corruptos, a medios de comunicación y a grandes empresarios", dijo aquella mañana a los periodistas a las puertas de la Audiencia Nacional. Un año después, las cosas han cambiado sobremanera. El juez lo ha expulsado del procedimiento e investiga si el hoy vicepresidente segundo del Gobierno pudo cometer delitos de descubrimiento de secretos y de daños informáticos por la manera en que manejó la tarjeta SIM de Bousselham. Dada su condición de aforado, García-Castellón tendría que elevar exposición razonada al Tribunal Supremo si termina apreciando sólidos indicios de delito.

• Alberto Pozas, el periodista. En el puzle del caso Dina, el periodista Alberto Pozas encarna la pieza de quien facilitó a Villarejo el pendrive con el contenido del móvil de Bousselham, que había llegado a la redacción de Interviú de forma anónima. Pozas era en aquel momento director de la revista e hizo entrega del lápiz de memoria al policía junto al redactor Luis Rendueles, ambos imputados en la causa. Los dos periodistas han reconocido en sede judicial que le entregaron el material al comisario tras considerar que el contenido no era publicable y pensando que éste se encontraba aún en activo en el Cuerpo Nacional, del que causó baja en el verano de 2016 al cumplir los 65 años. Tras ser imputado en el caso, Alberto Pozas dimitió como director general de Información Nacional de Moncloa al entender que estaba siendo "utilizado para atacar al Gobierno y al presidente".

• Antonio Asensio, el editor. Cuando declaró como perjudicado, Pablo Iglesias desveló al juez y a los fiscales Anticorrupción que había sido Antonio Asensio -presidente del grupo Zeta, antigua editora de Interviú (entre otras publicaciones)- la persona que le había entregado personalmente la tarjeta de memoria del móvil de Dina Bousselham. Esta versión la corroboró Asensio cuando una semana después prestó declaración en calidad de testigo. El editor detalló que analizaron el contenido en Interviú y que, al tener contenido íntimo y no ser publicable, decidieron entregársela al líder de Podemos.

• Eduardo Inda, el director. En julio de 2016, más de un año antes de que la Policía Nacional hiciera estallar la Operación Tándem y detuviera a José Manuel Villarejo, Okdiario publicó algunos de los mensajes que contenía la tarjeta de memoria de Dina Bousselham. La tesis de Podemos y la Fiscalía Anticorrupción es que el periódico que dirige Eduardo Inda recibió la filtración del comisario -entonces recién jubilado- para atacar al partido que lidera Pablo Iglesias ante el ascenso que le daban las encuestas. Desde hace más de un año, el hoy socio del PSOE en el Gobierno viene pidiendo al juez del caso Dina la imputación de Inda y de un redactor de este diario, sin que el instructor haya admitido esta petición. Con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional también ha intentado sin éxito que García-Castellón ordenara la entrada y registro en la redacción de Okdiario en busca de pruebas. El magistrado sí accedió a que agentes acudieran a la sede del periódico para que le entregaran todo el material que tuvieran procedente del móvil de Bousselham.