Después del “endeudamiento de este año vendrán unos Presupuestos Generales del Estado de equilibrio”, según fuentes gubernamentales. El sector socialista del Ejecutivo ya advirtió a Unidas Podemos que había que cerrar el grifo del gasto tras el enorme esfuerzo social que se ha hecho en los últimos meses con motivo de la crisis del coronavirus y la suspensión casi total de la actividad económica, salvo sectores esenciales, debido al confinamiento ciudadano.

Y esas cuentas de equilibro no vendrán solas. Porque también se “aparcarán algunas de las medidas acordadas con Podemos" en el pacto de coalición. Y aunque no quieren ser más explícitos, no niegan que en ese paquete entre la tan cacareada derogación de la reforma laboral, también pactada con EH-Bildu en un acuerdo sorpresa para que se abstuviera en la quinta prórroga del estado de alarma, aunque luego se rebajó el alcance de dicho pacto. De hecho este es un tema que ya se obvia en el documento de reconstrucción conjunto PSOE-Unidas Podemos en un intento de atraer el apoyo de otros grupos hacia el consenso.

De hecho, el PP avisó que no respaldaría ninguna propuesta que pasase por la derogación de una de las reformas más importantes del Gobierno Rajoy, la misma que ha permitido echar mano de los ertes, muy criticados por la izquierda en su momento. También Ciudadadanos había puesto una línea roja en este punto así como en la cuestión fiscal, ante el riesgo de una subida generalizada de impuestos. Pero también orillado el llamado “impuesto a los ricos” de Podemos, el Gobierno quiere transitar en los próximos meses por la senda de la ortodoxia económica.

Calviño como guiño a Europa

Además, la candidatura de Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo no deja de ser un mensaje que el Gobierno de coalición o, al menos, el sector socialista del mismo, quiere trasladar en este sentido. Que esta candidatura cuente, además, con el apoyo de PP y Ciudadanos refuerza la posición de España, salga o no finalmente elegida frente al candidato irlandés y luxemburgués.

Calviño, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la titular de Hacienda y portavoz gubernamental, María Jesús Montero, forman parte del triunvirato que pone coto a las políticas sociales expansivas de Pablo Iglesias. Ya han dejado claro que no es momento de tocar capítulos sensibles que pueden ser malinterpretados en Europa, como la reforma laboral o la creación de nuevos instrumentos fiscales, llámese impuesto a los ricos o "tasa Covid para la reconstrucción".

De momento, se han impuesto porque Pedro Sánchez necesita que Europa de su “nihil obstat” a la senda de estabilidad para el periodo 2020-2023 que debe llevar a Bruselas. Las previsiones de Montero “han quedado totalmente desfasadas y desectualizadas”, según admitió la propia titular de Hacienda, tras la crisis del Covid. Fue también Montero la que advirtió que el pacto con Unidas Podemos estaba necesitado de “readaptación” y “repriorización”, teniendo en cuenta que acuerdos como el ingreso mínimo vital se aceleraron para hacer frente a la destrucción de puestos de trabajo por el coronavirus.

El derecho de veto del Senado a la senda de estabilidad tiene los días contados

Precisamente, este jueves el Congreso rechazó la enmienda a la totalidad del PP destinada a mantener en la Ley de Estabilidad Presupuestaria la capacidad del Senado para vetar la senda de déficit. De este modo, la proposición del PSOE que persigue su eliminación, sigue su tramitación parlamentaria. Actualmente los socialistas no tienen problemas de mayoría en la Cámara Alta, pero no fue así tras la moción de censura de junio de 2018, donde el PP disfrutaba de mayoría absoluta a pesar de gobernar ya Sánchez. Curiosamente, los Presupuestos Generales del Estado podían ser vetados en el Senado, pero bastaba con que volvieran a la Cámara Baja para salir adelante. En cambio, si veta la senda de estabilidad -previa a la elaboración de las Cuentas anuales- ésta vuelve al Gobierno para que elabore una nueva propuesta.

El Ejecutivo acaricia la idea de que unos Presupuestos de “equilibrio” allanen el camino para la abstención de Ciudadanos, consientes de que para los de Inés Arrimadas puede resultar imposible aprobar las cuentas de un Gobierno de coalición con Unidas Podemos. En el Ejecutivo consideran “perfectamente posible” aceptar propuestas de los “naranjas” en materia de inversiones o de pymes, mientras que miran con mucha preocupación la deriva de ERC, cada vez más alejada de la mayoría que hizo posible a investidura.

No sólo se han apeado de la renovación de los sucesivos estados de alarma sino que, ni siquiera, se sumaron al decreto de “nueva normalidad”, y eso a pesar de que exigieron el fin de la situación de excepcionalidad para acabar con el mando único, de modo que la Generalitat recuperara unas competencias que el Gobierno catalán consideró arrebatadas desde el 14 de marzo.

Pendientes de la condicionalidad de Bruselas

Otra cosa es que la condicionalidad que marque Bruselas para dar a España 140.000 millones de euros entre subvenciones y préstamos obliguen al Ejecutivo a "ajustar" alguna de las cuatro grandes partidas de gasto que absorben el 80 por ciento del presupuesto. Descartado que puedan tocar los intereses de la deuda, quedan las prestaciones por desempleo, las pensiones y el salario de los funcionarios. En caso de abordar algún recorte por este lado, la convivencia en el seno del Ejecutivo entre PSOE y Unidas Podemos no resultaría fácil, aunque de esos presupuestos depende, paradójicamente, que la legislatura llegue a 2023.