Los periodistas de la extinta revista Interviú Alberto Pozas y Luis Rendueles, que entregaron al comisario José Manuel Villarejo una copia de de la tarjeta del teléfono de Dina Bousselham recibida en dicha revista por medio, según se ha expuesto hasta ahora, de un anónimo, reiteran al juez la petición de que se archive la investigación por presunto descubrimiento y revelación de secretos contra ellos.

En un escrito remitido por la defensa del exdirector y exsubdirector de la publicación, éstos exponen que la pieza Dina del caso Villarejo se encuentra en este momento en un "escenario diferente" a cuando el juez acordó investigarles. Las últimas pesquisas que ha acordado el instructor Manuel García-Castellón van en la dirección de aclarar si el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, pudo cometer dos delitos de daños informáticos y revelación de secretos por guardar durante casi seis meses la tarjeta de su excolaboradora que pasó por la revista y el editor del Grupo Zeta al que ésta pertenecía, Antonio Asensio, le entregó en mano. De ahí que la defensa de Pozas y Rendueles exponga que "la presente investigación queda ya muy lejos de lo que inicialmente se imputara a mis defendidos".

Como expusieron el 24 de abril, cuando ya pidieron el archivo de la causa para ellos, los periodistas reiteran que "se entregó el pendrive [con una copia del volcado de la tarjeta] al señor Villarejo en el convencimiento de que la información se entregaba con una estricta finalidad de investigación policial".

"Inviable demostrar que Villarejo divulgara el material"

En el escrito, el abogado de ambos destaca que desde el principio la acusación particular (Dina Bousselham y hasta hace poco Pablo Iglesias) "ha actuado siempre con el objetivo de depurar responsabilidades sobre la supuesta filtración a Okdiario y la publicación por este medio de capturas de pantalla procedentes del móvil de la Sra. Bousselham en el ámbito de una supuesta trama para perjudicar al Sr. Iglesias y Podemos".

Una filtración tras la que Iglesias consideró, cuando declaró como perjudicado ante el juez, que estuvo Villarejo a instancias del Gobierno del Partido Popular como una operación de las 'cloacas del Estado' para perjudicarle principalmente a él cuando las encuestas situaban a su partido como segunda fuerza política (mediados de 2016).

Sin embargo -según expone la defensa de Pozas y Rendueles- las contradicciones de Bousselham y el reconocimiento por su parte de que ella misma envió los mencionados pantallazos con conversaciones de miembros de Podemos que acabaron publicadas en prensa "hace inviable demostrar que el Sr. Villarejo divulgara el material que había recibido, lo que confirma la versión de mis defendidos según la cual cuando se entregó el pendrive al Sr. Villarejo se le entregó en el convencimiento de que la información se entregaba con una estricta finalidad de investigación policial".

En el escrito también traslada que "en ninguna de las declaraciones prestadas por la Sra. Bousselham y en ninguno de los escritos presentados por la acusación particular se pone de manifiesto el interés en sostener la acción penal contra mis defendidos".

"La supuestamente perjudicada Dina"

Los periodistas consideran en su escrito que el hecho de que la tarjeta de Dina Bousselham pasara "de estar en perfectas condiciones a resultar ilegible mientras estuvo en manos de los supuestos perjudicados" dificulta la investigación y "les deslegitima para mantener el ejercicio de la acción penal".

Dudan igualmente de que la "supuestamente perjudicada Dina Bousselham" tenga "voluntad de averiguar lo realmente sucedido" por las contradicciones en las que ha incurrido, afirmando primero que cuando Pablo Iglesias le entregó la tarjeta no pudo acceder a su contenido y después que sí pudo hacerlo. Sobre ella, consideran, "pesa la ineludible obligación de ceñirse estrictamente a la verdad, ya que no puede permitirse que quien está atribuyendo a terceros un hecho delictivo cambie de versión, pues dichos cambios de versión le invalidan para sustentar legítimamente una acusación penal.

El escrito también expone los graves perjudicios que les está provocando el mantenimiento de la imputación en un "procedimiento tan mediático y político". "Especialmente a nivel laboral al Sr. Pozas -se lee en el escrito- quien tuvo que dimitir de su cargo de director general de Información de La Moncloa a raíz de su imputación".