Vox ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias; la que fuera su asesora Dina Bousselham, la abogada que en principio representó a ambos en la pieza 'Dina' del caso Villarejo, Marta Flor; y uno de los fiscales de la causa, Ignacio Stampa, a quienes atribuye seis delitos por el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos en los que Flor comenta determinada información que había obtenido del representante del Ministerio Público.

En concreto, la formación liderada por Santiago Abascal considera que lo ocurrido es constitutivo de denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito - de los artículos 456 y 457 Código Penal-, estafa procesal, del artículo 250.1.7º del Código Penal-, tráfico de influencias del artículo 428 Código Penal- y revelación de secretos, de los artículo 417 y 418 del Código Penal-.

En su escrito, que recoge Europa Press, la formación explica que "no tiene acceso al procedimiento seguido ante la Audiencia Nacional, más allá de las noticias que han ido publicándose en medios". Sin embargo, pone en valor la información sobre el procedimiento judicial "coincidente todos ellos" y "la falta de desmentido de los mismos", lo que hace "que se deban considerar como indicios sólidos, privilegiados y suficientes para el inicio de una investigación".

A juicio de Vox se están revelando hechos que ponen "muy en entredicho" la veracidad de la denuncia de Bousselham "al salir a la luz derivada de las contradicciones en las declaraciones de los implicados, a lo que se une la investigación judicial que muestra que Pablo Iglesias tuvo en su poder una copia de la tarjeta de teléfono y su contenido.

Así, Vox recuerda a Anticorrupción -que es la Fiscalía que investiga la macrocausa contra el comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo, en la que se incardina la pieza denominada 'Dina', que los mensajes de este chat interno del servicio jurídico de Podemos muestran los contactos con los Fiscales Anticorrupción que llevaban el procedimiento por lo que "al parecer, todo obedece a una estrategia política debidamente orquestada por Iglesias, de la que Podemos se beneficiaria de la causa contra Villarejo, estando, entonces (2015), próximas las elecciones".

Apuntan asimismo que "la abogada de Podemos ha asegurado haber tenido acceso a información secreta del caso Villarejo a través de uno de los fiscales de Anticorrupción al que apodaba 'Ironman'", a lo que se unen las contradicciones en las declaraciones y las fechas ofrecidas implican directamente al vicepresidente Iglesias para inducir al órgano judicial a seguir un procedimiento.

Recuerda igualmente Vox en su escrito que no es la primera vez que Fiscalía examina los hechos denunciados, ya el pasado 14 de febrero ya incoó un expediente a instancia de denuncia de un particular que pedía que se investigara "la imparcialidad del fiscal encargado del caso Tándem", a la vista de la información ofrecida en medios de comunicación sobre la relación entre el fiscal y una de las abogadas que intervenían en dicho procedimiento". Sin embargo, el caso fue archivado el 9 de marzo.

La apertura de nuevas diligencias por parte de Fiscalía, según comunicó la propia Fiscalía Geneal del Estado (FGE) en un comunicado el pasado viernes, confirma según Vox "la existencia de pruebas consistentes de la posible comisión de delitos".

Diligencias a practicar

Por ello, VOX solicita que se aporten a estas diligencias que se hubieran practicado en aquella denuncia y la personación en las que ahora se inicien, así como la toma de declaración de los cuatro implicados.

También reclaman unir testimonio de la pieza correspondiente del caso Tándem seguido ante el Juzgado Central Instrucción número 6 (Audiencia Nacional), de las declaraciones de Bousselham, así como de los escritos presentados en su nombre, la copia íntegra testimonia de los mensajes que intercambiaron los abogados de Podemos a través de su chat de Telegram de las fechas analizadas, copia de los correos electrónicos intercambiados por la abogada y el fiscal, y la declaración testifical de Jose Manuel Calvente, jefe de los servicios jurídicos de Podemos en las fechas indicadas, así como Miguel Serrano, fiscal anticorrupción encargado del caso, y de Diego Rodriguez Veiga, periodista.

Finalmente la formación solicita que se recabe la información publicada sobre estos hechos en los medios de comunicación y páginas web que se indican en la denuncia, así como otras informaciones sobre los hechos que hayan sido publicadas, para que sean contrastadas a fin de certificar las mismas.