Víctor Duque, secretario general de la Unión Federal de Policía (UFP) e investigado judicialmente por cargar presuntamente gastos personales a la organización sindical, será reelegido con total seguridad este jueves para afrontar un nuevo mandato al descartarse la presentación de una candidatura alternativa.

La UFP celebrará del 1 al 3 de julio en un hotel de Benidorm (Alicante) un congreso -inicialmente extraordinario pero que se transformará en ordinario- en el que se elegirá a los miembros del comité ejecutivo federal que llevarán las riendas del sindicato durante los próximos cuatro años. El encuentro se iba a desarrollar inicialmente del 14 al 16 de abril, pero tuvo que aplazarse al declarar el Gobierno el estado de alarma para contener la propagación del coronavirus.

Salvo sorpresa inesperada, la única lista que se presentará será la que encabece Víctor Duque, al frente del sindicato desde que en febrero de 2014 sustituyó a Javier Jesús Arrillaga. El actual secretario general fue reelegido a finales de octubre de 2016 en el congreso celebrado en Algeciras (Cádiz), por lo que afrontaría su tercer mandato al frente de la UFP.

Convocatoria del congreso para el pasado mes de abril, suspendido al declararse el estado de alarma y que se celebra esta semana.

Desde hace más de año y medio, el líder del sindicato es investigado por el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid como posible autor de delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida al cargar presuntamente durante años a tarjetas de crédito asociadas a cuentas bancarias de la organización numerosos gastos sin aparente justificación sindical, como consumiciones en restaurantes y pubs de la comarca en la que reside durante los fines de semana. También se analizan pagos a una web de contactos desde una tarjeta de la UFP.

Fuentes próximas a Duque han confirmado a este diario que el actual líder del sindicato liderará una candidatura -ésta se presentará y votará durante la sesión del jueves- en la que repetirá al frente de la Secretaría de Organización y Finanzas José Manuel Heredia, imputado en la misma causa y por los mismos delitos que el secretario general. También continuará el inspector José María Benito, actual secretario de Relaciones Institucionales y portavoz de la UFP.

Desde el pasado 1 de junio, Duque, Heredia y Benito son los tres únicos miembros que integran el comité ejecutivo federal tras la "dimisión irrevocable" de Serafín Giraldo como secretario de Comunicación. En su carta de renuncia, el inspector de Policía explicó que adoptaba dicha decisión tras haber sido cesado "verbalmente" como portavoz por el secretario general el 21 de mayo y "de forma pública (foro federal interno)" cuatro días después. "El cargo de representación que ostento queda prácticamente vacío de contenido", justificó.

De portavoz a acusación particular

La dimisión de Giraldo se producía cinco meses después de haber presentado un escrito en el juzgado que investiga a Víctor Duque para que lo tuvieran por perjudicado y poder ejercer la acusación particular contra el líder de la organización. Esa misma petición la hizo Manuel Gutiérrez Teba, secretario de Acción Sindical y Riesgos Laborales de la UFP hasta el pasado verano y que dimitió en plena investigación judicial.

La decisión de tomar parte en la causa se producía justo un mes después de que la juez anunciara la imputación de Juan Verdugo, ex secretario coordinador de los vocales de la UFP en el Consejo de Policía y jubilado desde el verano de 2019. Verdugo fue precisamente la persona que, el 26 de abril de 2018, presentó la denuncia que ha dado pie a las actuaciones que instruye la magistrada Rosa María Freire: el sindicato acusaba a la ex pareja sentimental de Víctor Duque de cargar a una cuenta de la organización los servicios telefónicos de su domicilio particular por importe de 1.083,67 euros.

Víctor Duque mantiene el control del sindicato pese a su imputación por apropiación indebida y malversación

El pasado 2 de diciembre, a los 18 minutos de empezar, la instructora interrumpió la comparecencia en la que Juan Verdugo declaraba como testigo para anunciarle que lo citaría en calidad de investigado a fin de no vulnerar sus derechos y de que pudiera estar asistido por su abogado. Fue después de que el ex sindicalista reconociera que, si bien no tenía autorización para disponer del dinero en las cuentas de la UFP -facultad reservada exclusivamente a Duque y Heredia-, las decisiones "en muchísimas ocasiones" las tomaban los cinco miembros que integraban el comité ejecutivo federal.

Por las manifestaciones que estaba realizando, la juez interpretó que el ex integrante del comité ejecutivo podría haber sido cooperador necesario de los delitos investigados y suspendió la declaración. Ya con la condición procesal de imputado, Verdugo llegó a ser citado el 17 de marzo, pero la comparecencia se anuló al suspenderse la actividad judicial por la covid-19. Aún no ha sido fijada la nueva fecha.

Las fuentes de la UFP consultadas por este periódico consideran "imposible" que se presente una candidatura alternativa al congreso que arranca este miércoles en Benidorm al tener Víctor Duque el control del sindicato: las federaciones de Madrid y Andalucía, que suman más de la mitad de los afiliados, están alineadas con el actual secretario general y sólo voces tímidas comentan en privado la necesidad de darle un cambio a la gestión del sindicato.

Expulsión de los díscolos

La imputación del secretario general no ha generado un clima de contestación dentro de la organización, al menos de forma mínimamente visible. Lejos de exigirse responsabilidades al líder, el sindicato expulsó a los tres secretarios regionales (Baleares, Cataluña y Murcia) que pidieron públicamente la dimisión del comité ejecutivo federal y la constitución de una gestora ante los indicios que apuntan a que Víctor Duque desvió presuntamente fondos para su uso personal.

Con cuatro (incluyendo al secretario provincial), Madrid es la provincia que más delegados envía al congreso de Benidorm al sumar entre 1.001 y 2.000 socios. Le siguen Valencia (3) y Alicante, Cádiz y Las Palmas con dos cada una. El resto (47) sólo aporta uno al no superar los 250 afiliados.

Las fuentes consultadas sitúan la afiliación actual de la UFP en 6.060 funcionarios, cifra que representa una caída del 37 % en relación con la base que tenía en junio de 2018. El desplome se agudizó con la irrupción de Justicia Policial (Jupol), el brazo de la asociación Jusapol que arrasó en las elecciones al Consejo de Policía celebradas en junio de 2019 al lograr 8 de los 14 vocales en liza. La Unión Federal de Policía consiguió in extremis mantener uno.

La imputación por malversación de caudales públicas de Victor Duque y José Manuel Heredia se produce por los fondos que el sindicato recibe del Ministerio del Interior. De acuerdo con la información que se detalla en la base de datos del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, la UFP ha ingresado sólo en los últimos cuatro años 161.761,52 euros por este concepto, al margen de las cuotas de sus afiliados y de la actividad en materia de formación. El desglose es el siguiente: 47.072,41 euros en 2016, 36.942,04 euros en 2017, 45.902,05 euros en 2018 y 31.845,02 euros en 2019.