El comisario investigado en la Audiencia Nacional y en prisión preventiva desde noviembre de 2017, José Manuel Villarejo, ha hecho público un comunicado desde la cárcel a través de su defensa en el que acusa a la Fiscalía Anticorrupción de actuar como un "órgano asesor de un partido político como Podemos".

El escrito del comisario jubilado llega después de la publicación en El Confidencial de los mensajes de un chat de miembros del equipo jurídico de Podemos en los que la abogada de Pablo Iglesias, Marta Flor Núñez, trasladaba a sus compañeros que uno de los fiscales del caso Tándem, Ignacio Stampa, pudo compartir con ella información sobre el robo del móvil de la asesora del líder de Podemos, Dina Bousselham, y la publicación en prensa de mensajes de su interior antes incluso de que el juez Manuel García-Castellón abriera una investigación al respecto con Villarejo como principal investigado. En su escrito, el antiguo agente encubierto no se refiere a la aparición en su domicilio de un volcado del móvil de Bousselham, motivo por el que el instructor le mantiene como investigado por presunto descubrimiento y revelación de secretos.

Sí afirma que "la Fiscalía Anticorrupción colabora con un partido político, Podemos, a través de la abogada de Pablo Iglesias, Marta Flor, en la ‘causa general’ que se sigue contra mi persona", según considera. Acusa a los fiscales del caso Tándem -que ya piden para él 95 años de prisión por liderar presuntamente una "red mafiosa policial" en las dos piezas Iron y Land de la macrocausa de la Audiencia Nacional listas para ir a juicio- de actuar con ira y sectarismo contra él y habla de una "ilegal colaboración" entre los representantes del Ministerio Público y Podemos.

"Los nauseabundos detalles de la ilegal colaboración, expuesta y denunciada, lo son más por cuanto nos ayudan a entender la ventaja obtenida de ella por parte de Podemos y del vicepresidente del gobierno, que fue explotada por éste nada menos que en plena campaña electoral para llegar al poder, como así consiguió, operando, aquí sí el señor
Iglesias desde las cloacas que robótica e incansablemente denuncia, en este caso cloacas políticas que tan bien conoce, en España y en países hermanos de latitudes cálidas", se lee en el comunicado de Villarejo.

Les acusa de coacción

En su comunicado, Villarejo también acusa a los fiscales Anticorrupción de coaccionarle para que les diera información, según dice, del Rey emérito a cambio de dejarle libre. "Me dijeron que si quería estar libre tendría que colaborar totalmente y contarles a ellos todo sobre las personas de nivel con las que tuve relación; y esto incluía, por suspuesto, todo lo que conociera sobre cuentas y sociedades de nuestro Rey emérito", recoge remitiéndose a una carta suya que también hizo pública en diciembre de 2018 desde la cárcel de Estremera.

El investigado por distintos delitos, entre ellos liderar presuntamente una organización criminal "parapolicial", cohecho, descubrimiento y revelación de secretos o blanqueo de capitales, vuelve a denunciar que la causa es un "proceso envilecido" contra él que busca "mi irremediable muerte civil y si es posible mi muerte física ante la buscada agresión a mi deteriorada salud, que se apaga día a día", afirma.

Villarejo se pregunta por qué la Fiscalía consideró que Dina Bousselham quería perdonar a Pablo Iglesias por haber tenido en su poder durante meses una copia de la tarjeta de su teléfono sin entregársela. "¿Puede haber mayor descaro y desvergüenza que el de una fiscalía anticorrupción pidiendo que se cite a Dina para que perdone a Pablo Iglesias, o que por el sólo hecho de compartir abogada se entienda que hay un perdón tácito, cuando el juez no les admitió esa primera maniobra? ¿Por qué no se le ha ofrecido la posibilidad de perdonar a ningún otro perjudicado por el delito de revelación de secretos en esta causa? ¿Cuántas veces ha hecho esto en cualquiera de sus causas la fiscalía anticorrupción en su historia?¿Puede haber mayor desprecio y agresión a un órgano cuya misión no es otra que la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley? Honradamente, no se me ocurre, insiste.