La dirección de Podemos decidió confiar la representación legal del líder del partido, Pablo Iglesias, y de su antigua asesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, como perjudicados en el caso Villarejo a la abogada Marta Flor Núñez pese a ser advertidos meses antes de que la supuesta "relación" de la letrada con uno de los fiscales podía poner en peligro la estrategia procesal del partido, que ejerce la acusación popular en esta macrocausa de la Audiencia Nacional.

Así lo trasladó el abogado expulsado de Podemos, José Manuel Calvente, al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, en un burofax fechado el 23 de octubre de 2019. En esta comunicación, que obra en poder de El Independiente, Calvente contestó a un requerimiento previo de Rodríguez, que llevaba escasos meses en el puesto y que se había responsabilizado también del equipo legal de la formación, para que le remitiera toda la documentación judicial de los asuntos que manejaba en su doble condición de abogado de Podemos y de responsable de Protección de Datos. Había perdido la confianza en él a favor de Flor Núñez a cuenta de un enfrentamiento entre ambos.

La letrada fue expulsada en el verano de 2019 del equipo jurídico que coordinaba la acción del partido en el caso Tándem y, dentro de éste, en la pieza separada -conocida como Dina- en la que se investiga el robo de un móvil de la ex colaboradora de Pablo Iglesias en 2015 y la aparición de un volcado de la tarjeta SIM de aquél en casa del comisario investigado José Manuel Villarejo. Los compañeros de Flor Núñez y la coordinadora de Anticorrupción de Podemos, Gloria Elizo, entendieron que su confianza con el fiscal del caso podía poner en peligro la acusación.

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Precisamente en un chat de la red de mensajería Telegram en el que estaban los miembros de dicho departamento jurídico la letrada Marta Flor habría compartido mensajes, según publicó El Confidencial, en los que habría dicho que el fiscal Ignacio Stampa (al que ella se refería con el nombre de 'Ironman') le habría filtrado datos de la investigación sobre el caso Dina antes incluso de que éste se judicializara. La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación interna para saber si efectivamente fue así.

Calvente achacó la "animadversión" de Rodríguez hacia él y que el partido acabara echándole a "falsas acusaciones e instigaciones de la abogada del partido doña Marta Flor Núñez" contra él por "un inexistente acoso laboral [la abogada le ha denunciado por este motivo y el caso se investiga en el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid] y que obedecen únicamente a su venganza" por considerarlo responsable de su salida del equipo jurídico.

Calvente denunció al secretario de Organización de Podemos que Flor Núñez "antepone sus relaciones íntimas con el Fiscal de un asunto importante de anticorrupción a su trabajo como abogada del partido como acusación popular en dicho asunto, poniendo en riesgo la estrategia procesal del partido, y desatendiendo las indicaciones de su responsable y del resto de compañeros que le indicaban que era incompatible mantener esa relación siendo abogada designada en el asunto puesto que comprometía el proceso". También que "vulnera la confidencialidad en los grupos de Telegram de trabajo, comentando conversaciones internas con otras personas ajenas al Equipo Legal".

Flor Núñez prefiere no hablar: 'Está judicializado'

Este diario se ha puesto en contacto con Marta Flor Núñez, que ha preferido no hacer ningún comentario al respecto. Su decisión es no hacer declaraciones a la prensa. Únicamente ha afirmado que "este asunto está judicializado". Lo aborda la juez Rosa María Freire tras la admisión de la denuncia de Marta Flor contra Calvente por acoso laboral y sexual.

La abogada sigue representando a Dina Bousselham en la pieza Dina del caso Villarejo a pesar de que el juez Manuel García-Castellón pidió a ésta que cambiara de abogada al entender que hay un conflicto de interés entre Bousselham e Iglesias. Finalmente fue el líder de Podemos -a quien el juez retiró la condición de perjudicado y reúne indicios por si pudo cometer delitos de revelación de secretos y daños informáticos por guardar una copia de la tarjeta del móvil de su ex asesora durante casi seis meses y devolvérsela dañada- quien cambió de abogado, designando a Raúl Maíllo, vinculado a Izquierda Unida.

El juez tomó esta decisión después de que Bousselham cambiara de versión sobre el estado en que Iglesias le devolvió la tarjeta. En un escrito firmado por ella y por Marta Flor Núñez, expuso que cuando el líder de Podemos le devolvió la tarjeta sí pudo acceder a ésta, a pesar de que en sede judicial dijo lo contrario.

Calvente denunció "hostigamiento" de Rodríguez

En el burofax remitido por Calvente al secretario de Organización de Podemos, también consideró que, al exigirle que entregara de manera urgente toda la información jurídica del partido que manejaba, le sometía a un "hostigamiento y acoso laboral".

También expuso que no era lógico que el partido decidiera poner a Rodríguez, que no es abogado, al frente del equipo legal de Podemos y afirmó que como responsable de Protección de Datos no podía recibir instrucciones de nadie, puesto que su cargo era "autónomo" precisamente para "velar por el cumplimiento normativo", igual que el de los responsables de Cumplimiento Normativo y Económico-Financiero del partido.

"Solo un abogado puede dirigir un asunto judicial y tu responsabilidad en el Equipo Legal no puede alcanzar la 'dirección procesal' de los asuntos judiciales ni de la dirección jurídica de la asesoría legal del partido, porque está prohibido y podría ser constitutivo de un delito de intrusismo profesional que una persona que no sea licenciada en derecho asuma funciones profesionales jurídicas que solo corresponden a personas con titulación y/o registro colegial habilitante", consideró Calvente.

"Acusarme de negligencia grave es una infamia y una acusación muy grave e injuriosa contra mí. Al contrario, lo cierto es que he actuado de forma totalmente diligente, cumpliendo mis funciones como Delegado de Protección de Datos. Negligencia grave hubiera sido facilitarte información sobre datos personales y documentos judiciales confidenciales de terceras personas sin tener autorización expresa para ello de sus titulares", trasladó también Calvente a Rodríguez.