Nicolás Maduro le dio el lunes por la noche tres días a la embajadora de la UE en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa, para que abandonase el país y amenazó en la misma intervención al embajador español en Caracas, Jesús Silva, después de que la institución comunitaria decidiese imponer más sanciones contra 11 dirigentes chavistas. Bruselas respondió ayer con "reciprocidad", como afirmó en su cuenta de Twitter el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y convocó a la embajadora de venezolana, Claudia Salerno Caldera, ante las instituciones europeas.
La Unión Europea no tiene competencias para expulsar al representante que un país tercero tenga en alguno de los Estados miembros, dado que la relación diplomática es una cuestión exclusiva de cada nación y, en este caso, la expulsión de Salerno Caldera sólo podría producirse por decisión unilateral de Bélgica.
Maduro cargó contra el embajador español en Venezuela, a quien acusa de haber estado implicado en la Operación Gedeón, una trama para derrocar al régimen y llevar al líder chavista a Estados Unidos que terminó en desastre. Ha puesto en su punto de mira a Jesús Silva por haber acogido en la legación española en Caracas a la figura más representativa de la oposición venezolana, Leopoldo López, que fue liberado en el mes de abril del año pasado por algunos de los militares que participaron hace casi dos meses en la fallida operación, entre ellos el capitán Antonio José Sequea. Según informaba The Wall Street Journal este fin de semana, López fue quien estuvo detrás de esta maniobra.
Sin embargo, el área de Exteriores del Gobierno español, que se encuentra en una cumbre en Mauritania con los presidentes de los países del G-5 Sahel con Pedro Sánchez a la cabeza, ha decidido callar ante las advertencias del líder chavista. Ni la ministra, Arancha González Laya, ni los secretarios para la Unión Europea e Iberoamérica y el Caribe, Juan González-Barba y Cristina Gallach, respectivamente, ni el propio jefe del Ejecutivo han defendido públicamente a su representante en Venezuela.
Varios miembros de la oposición se encargaron este martes de resaltar la inacción del Gobierno. La europarlamentaria popular Dolors Monserrat denunció en un mensaje en su cuenta de Twitter el "ataque a todos los europeos y a la democracia" del "tirano" líder del régimen venezolano.
La secretaria de Internacional del Partido Popular, Valentina Martínez, aseguró que el equipo de Sánchez estaba "tardando" en expresar una "condena firme" a las medidas disuasorias de Maduro para proteger a sus colaboradores cercanos. Entre los 11 señalados por la Unión Europea, ocho dirigentes chavistas y tres diputados colaboracionistas, se encuentra Luis Parra, a quien el régimen colocó como presidente de la Asamblea Nacional, puesto que legítimamente ocupa el presidente encargado Juan Guaidó.
La diputada del PP ha exigido que el Gobierno sea "contundente" y deje "de pasar de puntillas por la situación de Venezuela" y ha solicitado la comparecencia de González Laya en el Congreso para que explique las acciones que se van a tomar "para defender a nuestra delegación diplomática en Venezuela".
Por su parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también ha mostrado su rechazo a la intención del hijo de Chávez y ha calificado sus declaraciones del lunes de "una muestra clara más de las acciones autoritarias del régimen de Venezuela". "La dictadura sólo quiere más dictadura", ha escrito en sus redes sociales en un mensaje en el que ha aprovechado para urgir a la comunidad internacional a que presione para lograr que el país vuelva a gozar de un sistema democrático.
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