La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias negocia la compra de una remesa de test para poder evaluar el estado inmunológico de los reclusos frente a la covid-19 antes de que llegue una "nueva ola pandémica", como están advirtiendo las autoridades sanitarias con vistas al próximo otoño. El presupuesto previsto asciende a 138.000 euros.

De momento, el departamento que dirige Ángel Luis Ortiz dio el primer paso el pasado 15 de mayo, cuando declaró la emergencia de la contratación de diversos suministros de protección tanto para su plantilla como para la población reclusa por un importe máximo de un millón y medio de euros. Desde entonces ha formalizado ya dos operaciones que representan un gasto de 1,21 millones (el 80,75 % del total).

Uno de los productos a adquirir es un lote de test rápidos para detectar posibles positivos que cursen de forma asintomática mediante análisis simultáneos con pruebas PCR "en módulos donde existan agrupaciones de casos". También para conocer qué grado de inmunidad tienen los presos y los residentes en los Centros de Reinserción Social (CIS) "previamente a la aparición de una previsible nueva ola pandémica", detalla la memoria justificativa.

Memoria justificativa de la compra de test por parte de Instituciones Penitenciarias.

A preguntas de este diario, fuentes de Instituciones Penitenciarias han confirmado que "se ha presupuestado" esta compra y que "se están mirando ofertas". Con independencia de que las comunidades autónomas hagan las pruebas, Interior quiere disponer de kits diagnóstico por si hubiera que realizar un estudio epidemiológico o se registrara un rebrote.

274 funcionarios han dado positivo

Desde que estalló la pandemia, las prisiones que gestiona la Administración General del Estado suman 274 casos positivos entre los trabajadores y 82 entre los reclusos, registrándose seis fallecimientos: cuatro empleados (destinados en Alicante-Cumplimiento, Cuenca, Soria y Teruel) y dos internos (ambos en Estremera, Madrid). La afectación por covid-19 en las cárceles es cuatro veces inferior a la de la población en general.

A la espera de formalizar la compra de los test, Instituciones Penitenciarias ya ha cerrado la adquisición de otros materiales de protección por el procedimiento de emergencia. Así, el pasado 25 de mayo encargó a Krape SA el suministro de un lote de mascarillas quirúrgicas y del tipo FFP2 por 959.400 euros. En la documentación que se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, consultada por este periódico, no se detalla el número de unidades ni el precio unitario.

"La actual necesidad de disponer de mascarillas de uso individual en número suficiente para la realización del trabajo encomendado no puede ser atendida con los actuales medios, toda vez que la actual situación -de imposible previsión- no aconsejaba disponer de un número ilimitado de mascarillas, siendo necesario, a raíz de esta imprevista causa, disponer de un número de mascarilla que permita dar respuesta a las necesidades que de forma diaria sean necesarias en los ámbitos operativos y de prevención", detalla la memoria justificativa.

Prisiones destina un millón y medio de euros para aprovisionarse de mascarillas, guantes y geles hidroalcohólicos

En el caso de las mascarillas FFP2, Instituciones Penitenciarias recomienda su uso a los empleados en departamentos en los que haya internos "como casos posibles, probables o confirmados" por coronavirus y no pueda mantenerse la distancia aconsejada de dos metros, caso de cacheos y cuando han de emplear medios coercitivos.

También ha adquirido una remesa de soluciones hidroalcohólicas por importe de 251.978,72 euros. En este caso, el proveedor elegido ha sido Iturri SA, firma sevillana que suministra desde hace años material de protección y seguridad a diferentes departamentos de los ministerios de Interior y Defensa. Tampoco ha trascendido el número de botes ni el formato de los geles que integran este encargo.

El aprovisionamiento se completaría con el suministro de guantes de protección, reservando para ello una partida de 150.000 euros. Se desconoce cuántos pares se adquirirán para tener garantizadas sus necesidades a corto plazo.

Instituciones Penitenciarias reconoce que su plantilla -formada por 1.400 sanitarios, 15.000 funcionarios de vigilancia y 10.000 empleados adscritos a otras áreas- debe contar con medios de protección "mayores" respecto a los que de forma genérica recomienda el Ministerio de Sanidad para la población general, debido a la exposición que tienen al coronavirus por desempeñar su trabajo en espacios cerrados.

"Situación de vulnerabilidad"

Las compras buscan también proteger a la población reclusa, por debajo de los 51.000 personas en este momento. "Las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante la infección por la covid-19, al mantener contacto estrecho con otras personas (internos, funcionarios y empleados, trabajadores de ONG, visitas de familiares y abogados), contacto con la población general en las salidas de permiso, diligencias judiciales y consultas sanitarias externas. Además, un porcentaje significativo presenta patología de base por sus antecedentes y otras enfermedades relacionadas", expone.

En su resolución, Ángel Luis Ortiz consideraba que la "premura" con la que era necesario poner a disposición de funcionarios y reclusos el citado material sanitario era "obligado" recurrir a la tramitación de emergencia, lo que permite formalizar la adjudicación directa a un proveedor sin darle publicidad a la licitación. Un mes y medio después, Instituciones Penitenciarias no ha cerrado aún las compras de test y guantes de protección.