La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha tachado hoy de "anomalía" la posibilidad de que el Tribunal Supremo pueda suspender el tercer grado a los condenados por el 1-O, que su departamento confirmará previsiblemente en las próximas semanas. La republicana ha defendido el proceso de concesión del tercer grado a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Dolors Bassa, que ayer propusieron las juntas de tratamiento de las tres cárceles en las que se encuentran recluidos.

Capella ha ido más allá, y ha defendido la posibilidad de que los dirigentes independentistas condenados por el Supremo puedan hacer campaña política en las próximas elecciones autonómicas, que podrían celebrarse este otoño. Los condenados "no tienen limitada su libertad ideológica y pueden ejercerla de la manera que crean conveniente" ha respondido al ser preguntada sobre su eventual participación en la campaña, en el transcurso de una entrevista en Catalunya Ràdio.

Respecto a la posibilidad de que la Fiscalía recurra esta decisión ante el Supremo y esto provoque la suspensión del tercer grado -como avanzaba ayer El Independiente- Capella ha tachado de "anomalía" esta opción, porque a su juicio "el tribunal sentenciador ya está contaminado".

"La ejecución de la condena es una fase diferente del proceso" ha argumentado para reclamar al TS "que se actúe pensando en las razones del derecho y no en las razones de estado" que "no tenga en cuenta que es el tribunal que los ha condenado".

Sin privilegios

Capella ha defendido que el tercer grado "es una forma de cumplimiento de condena que está prevista por la ley", negando las acusaciones de privilegio desde la oposición, especialmente Cs. "Todas las personas privadas de libertad van evolucionando, la prisión es la preparación para la libertad" ha argumentado.

En este contexto, ha dado por supuesto el recurso, ya que la Fiscalía, ha recordado, "ha recurrido todos los permisos y la aplicación del 100.2 en todos los casos" y ha pedido al Supremo que decida en base a la jurisprudencia de las audiencias provinciales, habitualmente favorable a los beneficios penitenciarios.

El Servicio de Clasificación del Departamento de Justicia de la Generalitat tiene dos meses -aunque se espera que lo haga antes- para ratificar la propuesta de semilibertad de las cárceles donde se encuentran Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell y Dolors Bassa. En ese momento, la decisión ejecutiva se comunicará al Ministerio Fiscal, que deberá reunir la información para recurrir la decisión si lo ve oportuno.

Ese primer recurso debería dirigirlo la Fiscalía de Cataluña (la de Gerona en el caso de Dolors Bassa y la de Barcelona para los demás) a los respectivos Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. En este caso, la presentación del recurso no suspende la decisión ejecutiva de la Generalitat de Cataluña, aunque existe un acuerdo al que se llegó en las jornadas anuales de fiscales en el que se reflejó que sí debería hacerlo, trasladan fuentes del Ministerio Público a este diario. La decisión, en todo caso, queda en manos del juez de vigilancia penitenciaria.